La violencia contra las mujeres y las trabas migratorias en los hospitales dominicanos son dos caras de un mismo problema: un sistema de salud que reproduce desigualdades y pone en riesgo vidas. El feminicidio de Nancy Sánchez Gálvez en el parqueo del principal hospital traumatológico de la República Dominicana y las denuncias del Colectivo de Enfermeras sobre la presencia de agentes migratorios en centros públicos son advertencias que no podemos pasar por alto.
La salud debe ser un derecho universal, no un privilegio condicionado por género, nacionalidad o estatus migratorio. Urge revisar protocolos que invisibilizan signos de violencia y eliminar prácticas que expulsan a mujeres embarazadas hacia la clandestinidad, aumentando la mortalidad materna e infantil en el territorio dominicano.
La prevención exige acción: capacitar al personal de salud para detectar violencia, garantizar atención sin discriminación y blindar los hospitales como espacios seguros, convirtiendo incluso sus linderos en verdaderos perímetros hospitalarios. La indiferencia institucional es complicidad; la respuesta ética es construir un sistema que proteja la vida y la dignidad de todas las mujeres, sin excepción, ante esta crisis latente.
Los hospitales no pueden continuar siendo espacios de miedo o persecución; deben cumplir con los protocolos de protección necesarios tanto para quien accede como para quien trabaja. La presencia de agentes migratorios en salas de maternidad, lo cual ha sido reiteradamente denunciado, es una práctica que contradice los principios básicos de humanidad y salud pública. Ninguna mujer debería tener que elegir entre dar a luz en condiciones inseguras o enfrentar la persecución. No es aquí que el control migratorio debe enaltecerse.
La sociedad dominicana debe entender que la violencia de género no es un problema privado, sino una emergencia pública. Los hospitales son la primera línea de defensa, de protección, y su incapacidad para detectar y prevenir estos casos perpetúa el ciclo de impunidad.
La realidad es que también se está ante el agotamiento del personal sanitario, tanto físico y psicológico, presionado por accidentes de tránsito, riñas y otras lamentables expresiones de violencia social, no puede ser excusa para ignorar los signos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. La formación y la sensibilidad deben ser parte integral de los protocolos médicos, porque cada omisión puede costar una vida.
La sociedad dominicana debe entender que la violencia de género no es un problema privado, sino una emergencia pública. Los hospitales son la primera línea de defensa, de protección, y su incapacidad para detectar y prevenir estos casos perpetúa el ciclo de impunidad.
En el ámbito migratorio, la salud no puede ser utilizada como herramienta de control. Las políticas que limitan la atención a mujeres embarazadas en situación migratoria irregular no solo son discriminatorias, sino que también generan consecuencias graves en la mortalidad materna e infantil. La salud pública debe estar por encima de la política migratoria.
El Colectivo de Enfermeras ha levantado una voz que merece ser escuchada. Su rechazo a la presencia de agentes migratorios en hospitales es un llamado a la conciencia nacional: proteger la vida debe ser prioridad, sin importar fronteras ni documentos. Adentrarse en un plan con mirada humanitaria si es urgente y nos engrandece como país soberano.
Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de visibilizar estas denuncias y de contribuir para que se alcancen los cambios estructurales. La ciudadanía, por su parte, debe exigir que los hospitales sean espacios de cuidado, no de persecución ni de indiferencia.
Defender la salud como derecho universal es defender la democracia misma. Si queremos un país más justo, debemos garantizar que cada mujer, sin importar su condición, reciba atención digna y segura. La prevención es vital, y la acción es urgente: transformar los hospitales en lugares de vida, no de miedo.
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