La respuesta global al VIH se encuentra en un momento de vulnerabilidad sin precedentes. A pesar de décadas de avances, la combinación de recortes en la ayuda internacional y políticas restrictivas amenaza con desmantelar los pilares de la prevención y el tratamiento.
Esta situación no solo pone en riesgo la salud pública, sino que exige una transición urgente hacia la sostenibilidad nacional y el fortalecimiento de las redes comunitarias que históricamente han llenado los vacíos del Estado.
En la República Dominicana, el panorama es de alerta ante el retiro definitivo del financiamiento internacional. Se estima que entre 2028 y 2030 el país recibirá el último aporte del Fondo Mundial, por un monto de US$ 9.8 millones. Este cierre de ciclo obliga al Estado dominicano a asumir plenamente la carga financiera de programas que, hasta ahora, han sido modelos de gestión internacional, pero que hoy enfrentan la realidad de un presupuesto nacional que deberá compensar el vacío dejado por los cooperantes.
La fragilidad del sistema ya se ha hecho evidente con la reducción del financiamiento para el período 2025-2027, el cual bajó de US 13 millones tras la salida de la Usaid como donante principal. Según Melvin Brioso, director técnico de Conavihsida, este ajuste fue una respuesta directa a las políticas de la administración de Donald Trump, lo que demuestra cómo las decisiones políticas externas pueden comprometer directamente la vida de miles de personas que dependen de estos recursos para su tratamiento.
Frente a esta crisis, la labor periodística se vuelve fundamental para transparentar los desafíos. El trabajo de Karla Alcántara, a través de su cobertura sobre la gestión de Conavihsida, permite entender la complejidad técnica de la transición hacia fondos nacionales. Su reporte sobre la reducción de costos en medicamentos y la implementación de sistemas de trazabilidad es clave para que la sociedad civil pueda fiscalizar cómo se utilizarán los recursos propios en un escenario de escasez.
Como respuesta institucional a esta desprotección, surge el Fondo Nacional para la Sostenibilidad de la Atención y Tratamiento (FONSAB), que a partir de 2027 aportará entre US$ 4 y 5 millones anuales. Aunque este fondo es un paso positivo para cubrir cerca del 50 % del costo de medicamentos e insumos, el desafío persiste en áreas no farmacológicas como el testeo y la prevención comunitaria, que suelen ser las primeras en sufrir ante los recortes presupuestarios.
La desprotección no es solo económica, sino también ideológica. En 2026, las nuevas directrices del Programa Ryan White en Estados Unidos prohíben el reconocimiento de la identidad transgénero en organizaciones receptoras de fondos, un golpe directo a los derechos humanos y a la atención de salud afirmativa. Esta hostilidad política refuerza la advertencia de ONUSIDA sobre el peligro de perder décadas de progreso debido a los recortes masivos en la ayuda internacional.
En este contexto de exclusión, la labor de la profesora de matemáticas dominicana María Ivelisse Peña Mateo emerge como un pilar de resistencia en Brooklyn. Su labor altruista en la prevención del VIH y su denuncia sobre la persistencia de la desigualdad tras 40 años de epidemia, demuestran que la lucha no solo ocurre en los ministerios, sino en el tejido social. Ella personifica la koinonía: esa comunión y apoyo mutuo que surge cuando el sistema falla a los más vulnerables.
Aunque el trabajo de Alcántara en el periodismo y el de Peña Mateo en la comunidad son labores separadas, ambas convergen en una preocupación profunda por la creciente desprotección ante la enfermedad. Mientras una documenta la ruta crítica de los fondos nacionales en República Dominicana, la maestra trabaja en el "ágora" moderna de los barrios latinos de Nueva York para combatir el estigma que sigue siendo tan letal como el virus mismo.
La historia nos enseña que, desde la Atenas clásica hasta la formación de la Latino Commission on AIDS en 1990, la comunidad organizada es la respuesta legítima cuando el Estado abandona sus responsabilidades. El activismo femenino, a menudo invisible, ha sido el tejido conectivo que sostiene ferias de salud y grupos de apoyo en los barrios, enfrentando una doble moral que carga sobre las mujeres el peso de la vergüenza.
En conclusión, la lucha contra el VIH en 2026 requiere más que planes estratégicos y fondos como el FONSAB; demanda una voluntad política inquebrantable y un reconocimiento del poder comunitario. Si no se garantiza una transición financiera justa y no se protege el trabajo de quienes, como Peña Mateo, sostienen la esperanza en los márgenes, el mundo corre el riesgo de retroceder hacia los años más oscuros de la epidemia.
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