Los legisladores dominicanos han llevado adelante un código penal que excluye las tres causales para la interrupción del embarazo, en tres circunstancias excepcionales, que han sido explicadas y ponderadas por políticos, profesionales, médicos, asociaciones y otras instituciones.
Sin embargo, pese a que el principal partido del país es el Revolucionario Moderno, pese a que en su propuesta de gobierno incluyó las tres causales como una reivindicación social aceptable y digna, para la defensa de los derechos de las mujeres, esa promesa ha ido quedando sepultada por el peso de los grupos conservadores, que le han quitado el brillo de moderno y de revolucionaria a la organización política en el gobierno.
El presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que apoya las tres causales, pero que entendió necesario que cada legislador asumiera la posición personal que entendiera frente a este tema, cosa que no hizo en otros asuntos, por ejemplo con la independencia de los organismos judiciales y electorales, a los que no quiso que accedieran personas con militancia política.
Las tres causales son la versión más moderada y controlada con que se puede legalmente responder a las demandas de las mujeres, para tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Si una mujer queda embarazada como resultado de un incesto o una violación sexual, si queda embarazada y esa gestación pone en riesgo la vida de la madre, y si el embarazo resulta en un producto inviable para la vida, lo correcto es que se permita, en esos tres casos, que se proceda con la interrupción del embarazo.
La decisión la tomaría una junta médica con equilibrio y con participación de profesionales de la ética y de la medicina, con supervisión estatal, y vigilancia profesional independiente. Las tres causales no son una autorización para que haya interrupciones de embarazos en cualquier circunstancia, como ocurre en algunos países, que lo permiten hasta las 12, 16 y 20 semanas.
Prácticamente todos los países del mundo han aprobado legislaciones que le dan la libertad a las mujeres para interrumpir embarazos. Los países que han aprobado las tres causales están entre los más conservadores y pacatos. Eso es lo que se está pidiendo al congreso dominicano.
El congreso dominicano está legislando para permitir que las interrupciones ilegales de embarazos continúen, como las hemos tenido desde siempre. Con una prohibición en el Código Penal (artículo 317), pero con clínicas y centros médicos que clandestinamente practican abortos sin supervisión, en condiciones antihigiénicas, con grandes riesgos para las mujeres, y sin regulación de nadie. Se calcula que cada año hay entre 100 y 150 mil abortos, sin persecución, sin sanción. Pero miramos para otro lado.
Aprobar el Código Penal sin las tres causales será el triunfo de los conservadores, de las iglesias neoconservadoras, de los que cierran los ojos ante el derecho a la vida de las mujeres, de las Esperancitas, que pidiendo vivir las dejaron morir. A esa tragedia nos exponemos.
Y la Otra cosa: Las mujeres de clase media y alta tienen y tendrán siempre soluciones para interrumpir un embarazo cuando lo deseen, recurriendo a clínicas y médicos que las entienden en sus peticiones o yéndose a países cercanos que les practican la interrupción del embarazo. Las que sufrirán, las que tendrán los derechos denegados para cuidar sus vidas y protegerse serán las mujeres pobres. Ahí es donde está la cuestión. Se trata de defender las vidas de las mujeres pobres, y a los legisladores no les importan esas vidas. Es lo que parece.
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