Nuestro sistema de salud, aparte de las debilidades que ya mencionamos en nuestra nota de ayer miércoles, tiene otros aspectos que pudieran ser fortalezas en favor de la prevención y la salud del pueblo dominicano. El gobierno bien pudiera cumplir los roles que le corresponden, y que serían resultados positivos en un esquema en que lo público pueda dar notables rendimientos.
La salud pública se reduce a la prestación de los servicios de hospitales, clínicas y policlínicas estatales, en manos del Servicio Nacional de Salud, un organismo separado del ministerio de Salud, a fin de evitar la doble condición de juez y parte, prestador y supervisor al mismo tiempo.
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Ya Salud Pública como entidad estatal no ofrece servicios ni administra hospitales, ni contrata médicos para entrega de servicios públicos. Esa tarea corresponde al Servicio Nacional de Salud.
Las farmacéuticas y laboratorios legales utilizan prácticas ilegales o desconsideras. Los compromisos los embalan como productos mercadeares incompletos. Por ejemplo, pastillas para un mes, vienen en porciones de 28, para acelerar la compra.
El rol del Ministerio de Salud es el de rector, tanto de los servicios públicos como privados, y de los servicios ofertados y comprometidos por el Sistema Nacional de Seguridad Social, que incluye el aseguramiento de los empleados públicos a través del SENASA.
Sin embargo, nuestro sistema de salud es caótico, y resulta doloroso que así sea, porque el caos es precisamente la condición deseable de quienes asumen la privatización como un objetivo principal, y quienes desean sacar las mayores ganancias, a costa del deterioro de las prestaciones y prevenciones que deben favorecer a los más pobres.
Ningún rico de este país, ni clase media, utiliza los servicios públicos, salvo situaciones especiales, como enfermedades catastróficas, medicamentos de alto costo y ofertas programadas, muy particulares, que solo el Estado puede subvencionar.
Hay muchos médicos, muchas clínicas, muchas farmacias, muchos laboratorios y farmacéuticas, que lamentablemente se comportan como chivos sin ley, y que obtienen los más altos beneficios en deterioro de las prestaciones de los servicios a los más pobres.
Los pobres son los clientes del sistema de salud pública. Clase media y ricos utilizan los servicios privados locales e internacionales, y disfrutan de seguros de gran calidad y capacidad, precisamente por los pagos que reciben.
Ni el Colegio Médico Dominicano, ni las asociaciones o sociedades especializadas se preocupan por los pobres ni les preocupa la calidad de los servicios a los desposeídos. Cada persona que desea servicios de salud de calidad está obligado a pagarlos. Dentro o fuera de República Dominicana. Ya no hay sindicatos que se interesen o preocupen por los pobres que acuden a los hospitales. Las asociaciones, sociedades y colegio médico se hacen de la vista gorda y miran hacia otro lado cuando se habla de orientar recursos para la salud del más necesitado, que es quien más necesita atención y calidad de atención.
Las farmacéuticas y laboratorios legales utilizan prácticas ilegales o desconsideras. Los compromisos los embalan como productos mercadeares incompletos. Por ejemplo, pastillas para un mes, vienen en porciones de 28, para acelerar la compra. Nadie regula eso. Es un mercantilismo feroz y despiadado, sin que las autoridades de Salud Pública pongan atención.
La fábrica de medicamentos ilegales, sin rigor es otro gravísimo problema, que ningún gobierno ha podido impedir. Médicos, acreditados y no acreditados, se vinculan con laboratorios, reciben beneficios, y medican en función de las ganancias que obtienen de los fabricantes y laboratorios expendedores de medicamentos. No es nada desconocido por las autoridades. Pero se requiere coraje para atender, investigar y sancionar estos casos.
Hace falta una coordinación de los actores preocupados por el sistema de salud y la atención a los ciudadanos. La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) reúne a organizaciones populares y profesionales y continuamente realiza esfuerzos para mejorar la atención en la salud pública. Es un magnífico ejemplo, por su persistencia y por lo asertivo de sus consideraciones.
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Pero hace falta que el CMD, las sociedades especializadas, y por qué no, los partidos políticos fijen su atención en la necesidad de la mejora en el ámbito de la salud público. El gasto en medicamentos refleja lo grave del problema: Aproximadamente el 55% del gasto total de las familias en salud se destina a medicamentos. Eso sale de los bolsillos de las familias mensualmente. Es decir, de cada 100 que se gasta en salud en RD, 40 y 50 pesos salen directamente de los bolsillos de los ciudadanos. Ese gasto de bolsillo es insostenible. Volveremos sobre este tema.
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