Libertad de expresión versus difamación e injuria en el gobierno de Luis Abinader

Pocas veces hemos tenido en el país un gobierno tan atento a las críticas y a los ataques de las redes sociales y los medios de comunicación.

Al presentar las memorias de los ministerios y del gobierno al Congreso Nacional, hoy, el presidente de la República probablemente no abordará los dolores de cabeza que ha tenido su administración con la dinámica de las redes sociales, donde se expresa la mayor cantidad de críticas, ataques, desconsideraciones, descalificaciones, sin ningún tipo de verificación, pero que los funcionarios intentan detener haciendo y procediendo con medidas oficiales que se coloquen como respuestas a las críticas más ácidas y desproporcionadas.

La labor de los medios tradicionales pasa siempre por la verificación, la búsqueda de datos, la investigación institucional y de periodistas, lo que les genera credibilidad y el debido respeto de los lectores y las empresas.

En las redes es otra la dinámica y otro el ritmo. Nada se verifica, los emisores generalmente son anónimos, los ataques van directamente contra personas e instituciones, incluso tocando aspectos de la intimidad. No hay verificación, y sí es posible que haya extorsión y chantaje.

Algunos funcionarios acceden positivamente a la extorsión y al chantaje. Hay influencers muy ricos con lo que han ganado por prácticas ilegales. Incluso, hay funcionarios gubernamentales que no dudan patrocinar con publicidad estatal a gente que desconsidera cada día a funcionarios de alto rango, incluyendo al presidente, a su familia, a la vicepresidenta de la República, y a ministros que no acceden al chantaje ni a la extorsión.

Al rendir cuenta de su gestión el presidente de la República no informará sobre el tema de los medios de comunicación. La crisis en los medios es alarmante. La publicidad ha mutado de empresas establecidas hacia individuos, y los presupuestos personales resultan ahora más voluminosos que los pagados a empresas centenarias en los medios de comunicación.

Claro, la República Dominicana ha ganado reconocimiento por la libertad de expresión garantizada por el Estado, y por el sector privado. Aquí todo se dice y se permite. Pocas son las demandas que se hacen por difamación e injuria, por afectación de la imagen y la dignidad de las personas. Tenemos mucha libertad de expresión y una industria del chantaje en los medios de comunicación.

Felipe Vicini, representante de una de las familias más ricas del país, ha respondido esta semana con una demanda contra un comentarista e influencers de redes sociales, tanto en el país como en Estados Unidos, específicamente en La Florida y en . Ya Faride Raful, la ministra de Interior y Policía, había hecho lo mismo contra otra persona que la difamó y reiteró la difamación. Numerosos ciudadanos, en diferentes ciudades del país, se querellaron contra un influencers que operaba desde los Estados Unidos, y en una visita al país fue apresado y puesto a disposición de la justicia.

Al país le esperan decisiones judiciales importantes en esta materia. Los jueces tienen la responsabilidad de analizar con cautela los derechos ciudadanos, entre el respeto a la dignidad de las personas, y el derecho a decir barbaridades por cualquier red social que así lo acepte. Este asunto tiene ya precedentes y habría que actuar con voluntad y transparencia, para que no haya una o varias tragedias.