La implementación de sistemas de trazabilidad fiscal permitió a República Dominicana incrementar en un 41 % la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a bebidas alcohólicas y cigarrillos entre 2020 y 2023, generando ingresos adicionales superiores a los US$ 519 millones para el Estado.
Los resultados fueron presentados en el marco de la reunión anual del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), donde se destacó el impacto de las tecnologías de control fiscal basadas en la identificación única de productos para combatir la evasión tributaria, las declaraciones fraudulentas y el contrabando.
De acuerdo con los datos, el crecimiento de la recaudación se produjo tras la consolidación del Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal (TRÁFICO), implementado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Según las cifras, el sistema permitió además un retorno promedio de US$ 22 para el Estado por cada dólar invertido en la herramienta.
Los resultados también han tenido efectos en el ámbito sanitario. Según se informó, desde 2021 el país no ha registrado muertes por consumo de alcohol adulterado, un fenómeno asociado al fortalecimiento de los mecanismos de verificación y autenticación de productos comercializados en el mercado.
Las autoridades y especialistas del sector consideran que la experiencia acumulada en las industrias de alcohol y tabaco podría servir de referencia para extender los mecanismos de trazabilidad a otros mercados con altos niveles de riesgo de fraude, como el de los combustibles.
La propuesta contempla la utilización de marcadores moleculares para monitorear el recorrido de los carburantes a lo largo de toda la cadena de distribución, con el objetivo de detectar adulteraciones, reducir el contrabando y fortalecer los controles regulatorios.
Expertos señalan que el comercio ilícito de combustibles representa una de las principales fuentes de pérdidas económicas a nivel mundial, por lo que la adopción de sistemas de control y verificación se perfila como una alternativa para mejorar la fiscalización y la transparencia del sector energético.
Compartir esta nota