La Secretaría de Asuntos Económicos de Fuerza del Pueblo cuestionó el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, al considerar que mantiene una elevada carga financiera, aumenta el endeudamiento y reduce el peso relativo de la inversión directa y las transferencias destinadas a los hogares.
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de esa secretaría, presentó el análisis «Seis veces NO: un presupuesto que se endeuda para todo, menos para la gente», en el que examina la composición del gasto, el financiamiento y las proyecciones fiscales contenidas en el proyecto.
El análisis toma como punto central los RD$ 398,228 millones de partidas que, según sus cálculos, serán financiadas con crédito interno y externo. De ese monto, RD$228,579 millones corresponden a intereses y comisiones de la deuda, RD$ 95,000 millones a subsidios y obligaciones del Tesoro y RD$74,649 millones a proyectos y programas de los ministerios.
Con esa distribución, Ng Cortiñas plantea que por cada RD$100 de esas partidas financiadas mediante crédito, alrededor de RD$81 se destinan a intereses, subsidios y obligaciones del Tesoro, mientras RD$19 corresponden a proyectos y programas ministeriales.
Más deuda y mayor peso de los intereses
El análisis de Fuerza del Pueblo señala que la deuda del Sector Público No Financiero pasaría de 46.2 % a 46.8 % del producto interno bruto (PIB).
También sostiene que los intereses de la deuda aumentarían de representar 22.5 % a 23.3 % de los ingresos del Gobierno Central.
Los RD$351,327 millones previstos para el pago de intereses equivaldrían, de acuerdo con el documento, al 96 % del presupuesto asignado al Ministerio de Educación.
Ng Cortiñas también señaló que el servicio de la deuda, bajo una base comparable, pasaría de cerca del 29.5 % al 30.6 % de los ingresos, mientras las proyecciones oficiales lo sitúan en 45.3 % para 2029.
Cuestiona cumplimiento de la regla fiscal
Otro de los puntos señalados por el economista es el crecimiento del gasto primario, es decir, el gasto público antes del pago de intereses.
Según su análisis, la Ley 35-24 establece para 2027 un límite de crecimiento de ese gasto equivalente a la inflación esperada más tres puntos porcentuales, calculado en 7.5 %.
Sin embargo, sostiene que el gasto primario contemplado en el proyecto aumenta 9.9 % frente al presupuesto reformulado de 2026 y 14.5 % respecto al presupuesto inicial de ese año.
Ng Cortiñas señaló además que el Informe Explicativo del proyecto indica el cumplimiento de la regla fiscal para el período 2028-2030, sin incluir 2027 entre esos años.
Crédito y gasto corriente
La Secretaría de Asuntos Económicos de Fuerza del Pueblo también llamó la atención sobre el ahorro corriente negativo previsto para 2027, calculado en RD$70,452 millones.
Esto significa, según el análisis, que los ingresos corrientes proyectados no serían suficientes para cubrir el gasto corriente.
«Cuando un Estado tiene ahorro corriente negativo, una parte del nuevo endeudamiento termina financiando gasto corriente», afirmó Ng Cortiñas.
El análisis también cuestiona dos disposiciones del proyecto presupuestario. El artículo 69 permitiría abrir líneas de crédito por RD$30,000 millones para las empresas distribuidoras de electricidad, cuyos saldos podrían ser asumidos por Hacienda, mientras el artículo 44 autorizaría hasta 0.5 % del PIB mediante decreto para atender calamidades.
Según la organización, la utilización de esas facultades podría aumentar el déficit fiscal respecto al monto contemplado inicialmente en el proyecto.
La inversión directa pierde participación
Aunque el Gobierno proyecta un incremento del gasto de capital, el análisis de Fuerza del Pueblo sostiene que 91.7 % de ese aumento corresponde a transferencias de capital destinadas a las distribuidoras eléctricas, el sector agua y fideicomisos.
Mientras tanto, la inversión directa del Estado crecería 3.4 % y reduciría su participación dentro del gasto total, de 8.4 % a 7.7 %, según los cálculos presentados.
Ng Cortiñas también comparó la ejecución presupuestaria de 2026 y señaló que, a mitad de año, se había ejecutado 48.5 % del gasto corriente frente a 37.9 % del gasto de capital.
Transferencias a hogares y subsidio eléctrico
El análisis sostiene que las funciones sociales pasarían de representar 45.5 % a 45.1 % del gasto total, mientras las transferencias dirigidas directamente a los hogares bajarían de 4.1 % a 3.6 %.
La organización también cuestionó los montos de algunos programas sociales. Según sus datos, Aliméntate entrega alrededor de RD$1,614 mensuales por hogar, mientras Bono Gas y Bono Luz representan unos RD$829, sin ajustes por inflación.
En materia eléctrica, el proyecto contempla RD$109,296 millones para subsidios, una cifra que, según el análisis, supera en 2.3 veces los RD$47,340 millones destinados a transferencias directas a los hogares mediante distintos programas.
Ng Cortiñas propuso avanzar hacia un esquema de subsidio eléctrico focalizado y utilizar los recursos liberados por una eventual reducción de las pérdidas del sistema para fortalecer las transferencias dirigidas a hogares vulnerables.
Cuestiona distribución del presupuesto educativo
El análisis también cuestiona la forma en que se presenta el cumplimiento de la asignación equivalente al 4 % del PIB para educación.
Según la SAE, el Ministerio de Educación recibiría recursos equivalentes al 3.81 % del PIB y el cumplimiento del 4 % se alcanzaría al sumar las asignaciones correspondientes al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
La organización calcula en unos RD$18,214 millones la diferencia entre el monto equivalente al 4 % y los recursos asignados directamente al Ministerio de Educación.
Salud: mayor peso de la nómina
En el Servicio Nacional de Salud (SNS), el análisis sostiene que RD$79.60 de cada RD$100 del presupuesto de la institución corresponden a personal, mientras apenas RD$2.20 se destinan a medicamentos.
También señala que el primer nivel de atención concentra 10.9 % de los recursos del SNS.
Ng Cortiñas cuestionó esa composición presupuestaria y planteó que se reasignen recursos hacia medicamentos y atención primaria.
Fuerza del Pueblo cuestiona asignación a partidos
El análisis también aborda los recursos destinados a los partidos políticos. Según la SAE, el proyecto contempla RD$1,750.9 millones, frente a los RD$3,498.7 millones que, de acuerdo con su interpretación, establece la Ley 20-23.
La organización señala que el monto previsto equivale aproximadamente a la mitad de esa referencia legal y que el proyecto contiene disposiciones que permitirían al Poder Ejecutivo asignar a la Junta Central Electoral un monto inferior al establecido por la legislación.
El análisis relaciona este punto con el calendario político de 2027, cuando están previstas las primarias de las organizaciones que opten por esa modalidad.
Propone cambios al proyecto
Entre las propuestas presentadas por la Secretaría de Asuntos Económicos figuran publicar la clasificación objetal completa del Gobierno Central, incluyendo el gasto en publicidad; priorizar el endeudamiento para inversión productiva; cumplir la regla fiscal en 2027 y establecer escenarios de sensibilidad ante menores ingresos, mayores tasas de interés y depreciación cambiaria.
También plantea establecer metas de reducción de pérdidas y aumento de cobranza para las distribuidoras eléctricas, publicar un cronograma trimestral de ejecución de las principales obras y reasignar recursos hacia medicamentos del primer nivel de atención.
La organización propone además indexar los programas Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz a la inflación y asignar directamente al Ministerio de Educación los recursos necesarios para alcanzar el 4 % del PIB.
Ng Cortiñas reconoció que el proyecto contiene medidas que considera positivas, entre ellas el mantenimiento de un superávit primario, el alivio del impuesto sobre la renta para asalariados de menores ingresos y recursos para justicia y seguridad.
Sin embargo, sostuvo que esos elementos no modifican, a juicio de Fuerza del Pueblo, una estructura presupuestaria en la que aumentan el endeudamiento y su costo mientras pierde participación la inversión directa y disminuyen las transferencias a los hogares.
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