La Federación Dominicana de Comerciantes solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) una ampliación de plazos para la implementación de la facturación electrónica, al considerar que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país aún no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con el calendario establecido.

Así lo planteó Iván García, presidente del gremio, quien recordó que el comercio ya había advertido a las autoridades sobre la necesidad de planificar con mayor antelación la transición al nuevo sistema. “Estaban comenzando el proceso de instalación del sistema de facturación electrónica y nosotros lo propusimos aquí a las autoridades de la DGII de la época. Lamentablemente, no nos hicieron caso”, afirmó.

García señaló que, tras la aprobación de la ley en 2023, el sector comercio respaldó la facturación electrónica, pero consideró insuficientes los tiempos definidos para su entrada en vigencia, especialmente para los negocios más pequeños.

“Los plazos que dieron en el Congreso fueron muy pocos para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Tenían que entrar el 15 de mayo pasado hasta los dueños de colmados”.

Iván García, presidente la Federación Dominicana de Comerciantes.

Ante ese escenario, el gremio pidió una prórroga de dos años, aunque —según relató— la DGII solo pudo conceder una extensión de seis meses por limitaciones legales.

“Le solicitamos un plazo de dos años a la Dirección General de Impuestos Internos, que amablemente don Pedro Urrutia lo concedió, pero de seis meses, porque la ley no le permite más”, explicó.

Como parte de la respuesta, García anunció que la Federación iniciará un plan a nivel nacional para orientar a los comerciantes y evaluar si el sector estará en condiciones de cumplir dentro del nuevo plazo.

“Vamos a iniciar un proceso a nivel nacional de concientizar e ilustrar y dar conferencias con los miembros de la DGII y con todo el comercio organizado”, indicó.

Sin embargo, advirtió que el éxito del cronograma dependerá de realidades operativas que, según el gremio, todavía afectan a miles de negocios: “Pequeños y medianos comerciantes que no tienen software, que muchas veces no tienen energía eléctrica y muchas veces no tienen Internet”.

Pese a las objeciones, García subrayó que el sector mantiene una postura de colaboración con la autoridad tributaria. “Estamos apoyando a la DGII en este proceso”, concluyó.

Katheryn Luna

Editora de Economía

Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL.

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