Resumen
La reciente clase de Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana impartida por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reavivó el debate sobre la formación en valores y la responsabilidad ciudadana. No obstante, este gesto simbólico contrasta con una realidad presupuestaria que merece escrutinio: el incumplimiento del mandato legal del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación preuniversitaria en 2025 y su proyección por debajo de ese umbral para 2026. Este artículo analiza críticamente la tensión entre discurso ético y práctica fiscal, sosteniendo que la educación moral exige coherencia institucional, donde el presupuesto constituye una expresión concreta de los valores que el Estado afirma promover.
Introducción
Ver a un presidente entrar a un aula y hablar de honestidad, respeto a la norma y convivencia ciudadana es, sin duda, un acto cargado de simbolismo. En una sociedad marcada por la desconfianza institucional, ese gesto puede leerse como una señal de compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones. El propio presidente Abinader afirmó que la moral y la cívica son valores que deben acompañar todo conocimiento académico, pues sin ellos la educación queda incompleta (Presidencia de la República, 2026).
Sin embargo, desde una mirada cívica más profunda, surge una pregunta inevitable: ¿puede enseñarse el respeto a la ley cuando el propio Estado relativiza una disposición legal clave para la educación? El mandato del 4 % del PIB para la educación preuniversitaria no es una consigna simbólica; es una norma establecida en la Ley General de Educación 66-97, fruto de una larga lucha social y de un consenso nacional sobre la centralidad de la educación para el desarrollo democrático.
Desarrollo
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El valor simbólico de la clase presidencial
La presencia del presidente en el aula refuerza la idea de que la educación moral no es una asignatura menor. Como se ha señalado en la cobertura oficial, Abinader subrayó que valores como la integridad y el respeto a las normas son esenciales para formar mejores ciudadanos (Presidencia de la República, 2026). Desde una perspectiva pedagógica, este mensaje es pertinente: la escuela no solo transmite contenidos, sino que modela actitudes y comportamientos.
No obstante, el simbolismo, por sí solo, no garantiza coherencia ética. La educación moral cobra sentido cuando los estudiantes observan que las normas se cumplen y que las instituciones actúan conforme a los valores que proclaman.
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El 4 % del PIB: un mandato legal, no una sugerencia
La Ley General de Educación 66-97 establece con claridad que el gasto público anual en educación debe alcanzar al menos el 4 % del PIB o el 16 % del gasto público total, lo que resulte mayor. En palabras del propio texto legal:
“El gasto público anual en educación deberá alcanzar un mínimo de un 16 % del gasto público total o un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año corriente” (Congreso Nacional, 1997, art. 197).
Este mandato no es retórico. Como explica Diario Noticias, su finalidad es asegurar condiciones materiales suficientes para garantizar calidad, equidad y sostenibilidad en el sistema educativo dominicano (Diario Noticias, s. f.).
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2025: el dato que interpela
En el año 2025, diversos análisis periodísticos y documentos presupuestarios señalaban que la asignación al Ministerio de Educación se situaba por debajo del 4 % del PIB. Un artículo de El Día recordaba que, pese a los avances logrados tras la movilización social, persistían brechas entre lo que mandaba la ley y lo que finalmente se asignaba (Tejada, 2025).
Parafraseando estos análisis, puede afirmarse que el presupuesto educativo de 2025 se acercaba al umbral legal, pero no lo alcanzaba plenamente. Esta diferencia, aunque porcentualmente pequeña, tiene un fuerte significado cívico: cumplir “casi” una ley no equivale a cumplirla.
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2026: la repetición del patrón
Las proyecciones para 2026 reforzaban esta preocupación. Según El Nacional, el proyecto de Presupuesto General del Estado para este año volvía a colocar el gasto educativo por debajo del 4 % del PIB, lo que había motivado reclamos de sectores como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) (Moreno, 2025; El Nacional, 2025).
Una cita extensa de este debate resume el problema estructural:
“El incumplimiento reiterado del 4 % del PIB para educación limita la capacidad del sistema educativo para responder a las demandas de calidad, cobertura e infraestructura, afectando directamente a estudiantes y docentes” (El Nacional, 2025).
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Presupuesto y ética pública: una lección implícita
El presupuesto es, en términos cívicos, un acto pedagógico. Enseña qué es prioritario y qué no lo es. Cuando el Estado habla de moral y cívica, pero administra excepciones presupuestarias a un mandato educativo, transmite un mensaje ambiguo: que las normas pueden flexibilizarse según conveniencia. Esta contradicción debilita la credibilidad del discurso ético y erosiona la confianza ciudadana.
Conclusión
Valoro el gesto del presidente al impartir una clase de Educación Moral y Cívica; reconozco su potencial pedagógico y simbólico. Sin embargo, desde una ética pública coherente, sostengo que la moral no se agota en el discurso ni en el gesto, sino que se verifica en las decisiones estructurales del Estado. El incumplimiento del 4 % del PIB en 2025 y su proyección insuficiente para 2026 colocan al gobierno frente a una prueba de coherencia: enseñar el respeto a la ley exige, ante todo, respetarla en el presupuesto.
En definitiva, la educación moral más poderosa no se dicta en un aula por un día; se ejerce de manera sostenida en la gestión pública.
Referencias bibliográficas
Congreso Nacional de la República Dominicana. (1997). Ley General de Educación No. 66-97. Gaceta Oficial.
Diario Noticias. (s. f.). Un 4 % del PIB para educación: El presupuesto asignado cada año no llega a ejecutarse al 100 %.
El Nacional. (2025). Gobierno violaría ley al no asignar 4 % del PIB a educación en 2026.
Moreno, P. (2025). ADP exige cumplimiento del 4 % del PIB para educación. El Nacional.
Presidencia de la República Dominicana. (2026). Presidente Abinader imparte clase de Educación Moral y Cívica.
Tejada, T. (2025). El 4 % del PIB y la falta de aulas en escuelas públicas. El Día.
Glosario del artículo
Educación moral: Formación orientada al desarrollo de valores éticos que guían la conducta individual y social.
Cívica: Conjunto de saberes y prácticas que fomentan la convivencia, el respeto a la ley y la participación ciudadana.
4 % del PIB: Porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto que la ley dominicana establece para el financiamiento de la educación preuniversitaria.
Coherencia pública: Correspondencia entre el discurso político y las decisiones concretas del Estado.
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