La cultura sin plan 

Cada vez que observo el estado actual de nuestra institucionalidad cultural, vuelve una pregunta tan simple como incómoda:  ¿qué hace realmente el Ministerio de Cultura de la República Dominicana? 

No se trata de una provocación gratuita ni de una postura opositora automática. Es una pregunta que nace del contraste, cada vez más evidente, entre los discursos oficiales optimistas, cargados de cifras sueltas, y la realidad cotidiana que viven artistas, gestores culturales y comunidades a lo largo del país. Entre lo que se anuncia y lo que ocurre hay una brecha que ya no puede seguir normalizándose. 

Durante décadas, antes y después de la creación del Ministerio de Cultura, la institución ha funcionado más como un espacio de compensación política que como un órgano estratégico del Estado. El cargo ministerial, los viceministerios y numerosas direcciones técnicas suelen responder a coyunturas electorales, compromisos partidarios o equilibrios internos, más que a una visión cultural de largo plazo. Esa lógica no es accidental: define el modo en que se gestiona la cultura pública. 

Cada gestión comienza como si nada existiera antes. Cada ministro gobierna para su período. No hay continuidad, no hay memoria institucional, no hay un horizonte compartido. El resultado es una cultura administrada por acumulación de actividades, no por planificación; por eventos visibles, no por políticas públicas sostenidas. 

El Ministerio de Cultura maneja un presupuesto que ronda los RD$5,700 millones anuales, lo que representa menos del 0.3 % del Presupuesto Nacional. Esta cifra está por debajo del promedio regional y mundial, donde la inversión pública en cultura suele situarse entre el 0.5 % y el 0.8 %. Es, sin duda, un presupuesto insuficiente para un país que reconoce —al menos en el discurso— el valor simbólico de la cultura. 

Pero el problema no se agota en cuánto se asigna, sino en cómo se administra lo poco que se tiene. Un ministerio con recursos limitados debería operar con rigor extremo: prioridades claras, planificación verificable y estructuras alineadas con objetivos definidos. Sin embargo, ocurre lo contrario. Con un presupuesto reducido, el Ministerio resulta incapaz de sostener tareas básicas como la preservación del patrimonio, la formación artística, la descentralización cultural y el acceso ciudadano a la cultura. 

Instituciones fundamentales como Bellas Artes, museos, escuelas artísticas, compañías nacionales y centros culturales sobreviven, en muchos casos, gracias al compromiso silencioso de su personal más que a una estrategia institucional coherente. A esto se suma un problema estructural que rara vez se aborda con franqueza: una nómina sobredimensionada, cargada de personal que no cumple funciones reales ni aporta resultados medibles al desarrollo cultural del país. 

Las llamadas “botellas” no son una anécdota ni un rumor: son un drenaje constante de recursos. En un ministerio con presupuesto limitado, cada salario improductivo es un taller que no se realiza, una beca que no se otorga, una provincia que queda fuera del mapa cultural. Esta distorsión explica por qué el Ministerio, aun con recursos modestos, resulta incapaz de cumplir eficientemente con su mandato. 

Hay imágenes que condensan ese desgaste. Ver el Palacio de Bellas Artes apagado cada noche, saber que uno de los principales centros culturales del Estado permanece cerrado por fallas eléctricas y falta de mantenimiento, mientras se anuncian reparaciones sucesivas, no es solo una falla administrativa: es el síntoma de una institucionalidad agotada. No es un edificio lo que se apaga; es un símbolo del abandono. 

A esta fragilidad se suma una ausencia aún más grave: la inexistencia de un plan público, evaluable y conocido. ¿Cuál es el Plan del Ministerio de Cultura para 2026? ¿Dónde está formulado? ¿Cuáles son sus metas, prioridades e indicadores? Sin un plan, el presupuesto —escaso o no— se diluye en acciones dispersas, y la rendición de cuentas se convierte en un relato, no en una evaluación. 

Esta carencia resulta aún más llamativa si se la compara con otros ámbitos del Estado. El Ministerio de Educación cuenta con un instrumento rector de largo plazo —el Plan Decenal de Educación, proyectado actualmente hacia el Horizonte 2034— que define metas, prioridades, indicadores y mecanismos de evaluación periódica. No se trata solo de ejecutar actividades, sino de medir impactos, corregir desvíos y rendir cuentas a la sociedad. El Ministerio de Cultura, con una responsabilidad formativa y simbólica igualmente estratégica, debería contar con un plan de naturaleza similar: un marco público que permita evaluar cada año no la cantidad de eventos realizados, sino los resultados reales en la población, la ampliación del acceso, la formación de públicos y la coherencia entre lo ejecutado y lo planificado. 

La mayor deuda del Estado en materia cultural sigue siendo educativa. El país cuenta con artistas formados, disciplinados y plenamente capacitados para enseñar, pero no existe un programa nacional que los incorpore de manera sistemática como formadores dentro del sistema escolar. Esta ausencia no es casual: revela una jerarquía política donde el arte continúa siendo tratado como accesorio. Mientras el deporte cuenta con una política pública sostenida, con presupuesto, estructura y continuidad, la educación artística permanece relegada a iniciativas aisladas, dependientes del entusiasmo individual y no de una visión de Estado. 

La cultura, en estas condiciones, no puede seguir funcionando como compensación política ni como vitrina ocasional de actividades destinadas a llenar agendas o justificar gestiones. Requiere visión, planificación y responsabilidad histórica. No para satisfacer a un sector, sino para cumplir una función esencial: formar ciudadanía, fortalecer identidad y sostener la vida simbólica de la nación. 

¿Qué hacer? Cinco medidas impostergables 

Formular y publicar un Plan Nacional de Cultura 2026–2030, con metas claras, indicadores medibles y evaluación anual obligatoria. 

Depurar la nómina del Ministerio de Cultura, eliminando cargos improductivos y reorientando esos recursos a programas culturales efectivos. 

Priorizar la descentralización cultural, asignando presupuestos específicos y sostenidos a provincias y municipios fuera de Santo Domingo y Santiago. 

Integrar la educación artística al sistema escolar mediante convenios formales con el Ministerio de Educación y la contratación de artistas-formadores. 

Revisar progresivamente la asignación presupuestaria, con el compromiso político de acercarla al promedio regional, condicionada a resultados verificables. 

Porque un país sin política cultural no se empobrece de inmediato. 

Se vacía lentamente. 

Y cuando al fin se intenta reaccionar, lo perdido ya no siempre es recuperable. 

Entonces resuena, con toda su vigencia, la voz del insigne Pedro Henríquez Ureña: 

"Solo la cultura salva a los pueblos".