La instalación del Gobierno Provisional del general Gregorio Luperón en el Distrito Marítimo de Puerto Plata el 7 de octubre de 1879, como capital interina de la República, tras encabezar una revolución exitosa contra el gobierno dictatorial de Cesáreo Guillermo, le permitió realizar todas sus ejecutorias desde un lugar geopolítico estratégico. Su arribo al poder trajo consigo un cambio revolucionario en la política dominicana, con la implementación de medidas económicas y sociales orientadas a beneficiar a toda la población, al priorizar la educación preuniversitaria, vocacional y superior, la salud, la agropecuaria, la explotación racional de las minas, el pago de los sueldos atrasados y la deuda externa, la creación de juntas de crédito, la profesionalización de las fuerzas armadas, la libertad de prensa y la promulgación de una Constitución liberal, en que se instituyó el voto universal, la reducción del período presidencial a dos años y la reelección presidencial por tan sólo un período consecutivo.
Introducción
El presente ensayo resume el discurso que pronuncié el 18 de febrero de 2026 al investirme como Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el cual tiene como propósito central demostrar que el general Gregorio Luperón no sólo fue un soldado de la Patria y la libertad, sino también uno de sus mejores gobernantes en los casi dos siglos de vida republicana, para cuya investigación se han tomado como documentos referenciales básicos las leyes, decretos y resoluciones emanadas desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la República Dominicana durante el período de 1879-1880.
Luperón es un ciudadano dominicano ilustre que asumió con el mayor decoro, patriotismo y actitud intransigente la defensa absoluta de la soberanía nacional. Con ese fin blandió su espada flamígera frente a todos aquellos “vendepatrias” que utilizaron a la República Dominicana como comodín para hacer negocios propios, para tiranizarla o para entregarla en bandeja de plata a potencias coloniales e imperialistas de todas las latitudes.
En una comunicación del 14 de septiembre de 1863 enviada por el general Gregorio Luperón al Gobierno Provisorio Restaurador, al designársele Comandante y Gobernador Militar de la Plaza de Armas de Santiago, manifestó su acendrado patriotismo, su entrega total a la causa de la revolución de forma desinteresada y exclusivamente en su condición de ciudadano, antes que la de general, cuando expresó:
Al lanzarme en la arena de la revolución solo he tenido por móvil el ansia de ver restaurada la República Dominicana, sus leyes y libertades. No me mueve más ambición que la de defenderla y combatir a sus opresores donde quiera que pisen nuestro suelo. Ya no hay españoles en Santiago y por consiguiente este lugar no es mi puesto y esos empleos no me sientan bien. Además, son las circunstancias excepcionales las que me han decorado con el título de General; nunca he sido militar y prefiero ante todo el dictado de Ciudadano.[1]
Luperón nació el 8 de septiembre de 1839 en San Felipe de Puerto Plata, resultado de la unión de su madre de origen martiniqueño Nicolasa Duperón (apellido francés que fue dominicanizado como Luperón) y Pedro Castellanos (un dominicano que no asumió su paternidad). Su madre asumió la crianza de su hijo con la responsabilidad con que siempre lo han hecho las madres solteras dominicanas, en su caso a través de un ventorrillo, en el que vendía todo tipo de víveres y frutos menores.
En su niñez aprendió las primeras letras de la mano del inspector de instrucción de su pueblo, el misionero protestante William Towler, quien desarrolló en el jovencito el hábito de lectura y despertó la capacidad comprensiva y reflexiva para que pudiera alcanzar una amplia cultura universal y nacional.
Con apenas 12 años, Luperón pasó a ser capataz de corte de madera preciosa en la finca de Don Pedro Eduardo Duboq, en los bosques de Jamao, donde templó su carácter y su fuerza física, que, junto a la inteligencia natural y adquirida, influirían de forma decisiva en su exitosa y vertiginosa carrera militar.
1.La carrera militar de Gregorio Luperón
A los 18 años Luperón abandonó los cortes de madera y se incorporó a la revolución cibaeña de 1857 contra el fraude financiero cometido por el presidente Buenaventura Báez contra los tabaqueros de Santiago y sus alrededores, a partir de la cual tomó parte en los combates del Distrito Marítimo de Samaná. En el curso de la revolución fue nombrado Comandante Auxiliar del Puesto Cantonal de Rincón, durante el Gobierno Revolucionario que presidió el General José Desiderio Valverde.
Al producirse la Anexión de la República Dominicana a España, el joven Luperón, con tan sólo 22 años, se incorporó a las protestas que se escenificaron en Puerto Plata para impedir el arriamiento de la bandera tricolor y el izamiento del pabellón de Castilla. Para entonces, el patriota fue encarcelado por su compadre, el comandante de la Plaza de Armas de Puerto Plata, general Juan Suero, desde donde escapó y tras ser perseguido pasó a Haití, luego a México y a los Estados Unidos de América.
En febrero de 1863 Luperón entró de forma clandestina a la República Dominicana y de inmediato se integró a los movimientos conspirativos que se gestaban en el país contra la presencia española. En agosto se incorporó a la Guerra de la Restauración tras producirse el Grito de Capotillo y la derrota sucesiva de los españoles en toda la Línea Noroeste. Al llegar los patriotas a Santiago, Luperón se integró activamente a las fuerzas revolucionarias. En la batalla decisiva del 6 al 13 de septiembre de 1863 en Santiago de los Caballeros, el patriota restaurador tuvo un papel estelar, lo que le permitió alcanzar el grado de general.
Con el triunfo obtenido por los patriotas dominicanos contra el ejército español en la batalla de Santiago, se instaló el Gobierno Provisorio Restaurador el 14 de septiembre de 1863. En la primera selección del Presidente de la República en armas, escogieron al general Gregorio Luperón para esta posición, a la cual renunció. En un segundo balotaje fueron escogidos el general José Antonio Salcedo (Pepillo) como Presidente Provisional; el generalísimo Gaspar Polanco, Comandante General del Ejército Restaurador y Jefe del cantón de Puerto Plata; el general Benito Monción, Comandante de la Plaza de Armas de Monte Cristi; el general Santiago Rodríguez, Comandante de la Región Sur, y el general Gregorio Luperón, Comandante y Gobernador de Santiago, posición que rechazó por entender que su misión era la de seguir combatiendo a los españoles donde quiera que estuvieran.
Fue entonces cuando el general Luperón fue designado Comandante del Frente Sureste. Ahora bien, para aceptar esta posición el oficial de la revolución puso como condición que se emitiera un decreto de captura al general Pedro Santana por traición. En efecto, para complacer al general Luperón, el Gobierno Provisorio Restaurador emitió el siguiente decreto:
El Gobierno Provisional.
Considerando: que el General Pedro Santana se ha hecho culpable del crimen de alta traición, enajenando a favor de la Corona de Castilla, la República Dominicana, sin la libre y legal voluntad de sus pueblos, y contra el texto expreso de la ley fundamental:
Ha venido en decretar y decreta:
ART. 1°. – El dicho General Pedro Santana queda puesto fuera de ley; y, por consiguiente, todo jefe de tropa que le apresare le hará pasar por las armas, reconocida sea la identidad de su persona.
Dado en Santiago de los Caballeros, en la Sala del Gobierno, a los 14 días del mes de septiembre de 1863.- El Vicepresidente Benigno F. de Rojas. Refrendado; la Comisión de Guerra: R. MELLA, P. PUJOL. – La Comisión de Hacienda: J. M. GLAS, Ricardo CURIEL. – La Comisión de Relaciones Exteriores: Ulises F. ESPAILLAT. La Comisión de Interior, Justicia y Policía: Máximo GRULLÓN, G. PERPIÑAN.[2]
2.El general Gregorio Luperón Vs. el general Pedro Santana
El general Pedro Santana salió de Santo Domingo el 15 de septiembre de 1863 con destino al Cibao, con un ejército de 2,100 hombres debidamente equipados, integrados por tropas españolas y criollas. El ejército estaba formado por el Batallón de Cazadores de Bailén, el Batallón de San Marcial, una parte del Batallón de Victoria, una compañía de ingenieros, dos piezas de artillería de montaña, 60 caballos del Escuadrón de Cazadores de Santo Domingo y 400 voluntarios de infantería y caballería de las reservas de San Cristóbal.
Luperón con tan solo 24 años enfrentó las tropas realistas que dirigía el general Santana, las cuales derrotó e inmediatamente se posesionó de la loma del Sillón de la Viuda, del Cantón de Arroyo Bermejo, de la Sabana de San Pedro y de la Sabana de La Luisa hasta acorralarlo en su propio Cantón de Guanuma, Monte Plata. Con estas acciones el patriota restaurador salvó de forma espectacular la revolución de la embestida del hatero seibano, en su trayecto hacia el Cibao, así como de las cuadrillas peninsulares y criollas que le acompañaban.
Con las diferentes acciones desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional, los restauradores lograron conquistar toda la Línea Noroeste, el Cibao Central, el Nordeste, gran parte del Suroeste y todo el Este, con la sola excepción de las comunes de Puerto Plata y Santo Domingo, las cuales serían ocupadas tras la capitulación de las tropas españolas.
El triunfo arrollador de los revolucionarios restauradores sobre las tropas realistas españolas entre los años 1863 y 1865 contribuyó a que la reina Isabel II promulgara la ley de retiro del ejército español de Santo Domingo el 1º. de mayo de 1865, la cual se hizo efectiva con la salida de sus últimos reductos el 11 de julio de 1865. Este hecho puso de manifiesto una vez más que no existe fuerza alguna en el mundo, por más poderosa que sea, que pueda detener a un pueblo decidido a romper las cadenas de la opresión y a luchar de forma decidida por su libertad, independencia y soberanía nacional absoluta.
Concluida la Guerra de la Restauración, se inició la Segunda República, uno de los períodos más convulsos de la República Dominicana, resultado de la emergencia de diferentes líderes locales, regionales y nacionales en la escena política del país. Muchos de estos habían tenido una participación muy destacada en esa contienda bélica, mientras que otros ya habían dejado su impronta positiva o negativa durante el período de la Primera República.
Tras un período sacudido por las sublevaciones caudillistas, donde hubo alrededor de 15 presidentes en tan sólo 14 años, en 1879 el presidente Cesáreo Guillermo tomó un conjunto de acciones contra los integrantes del Partido Azul, como la cancelación de militares, lo que motivó el surgimiento de un movimiento revolucionario en todo el Cibao liderado por el general Gregorio Luperón. Este movimiento, respaldado por seguidores del Partido Azul, tenía como objetivo central derrocar al presidente Cesáreo Guillermo por su postura política dictatorial e instalar a Luperón como Presidente Provisional.
El conflicto se intensificó aún más cuando Cesáreo Guillermo, tras ser vencido en el Cibao, buscó apoyo en el gobernador español de Puerto Rico, Capitán General y Conde de Caspe, Eulogio Despujol y Dussay, alegando que el gobierno que encabezaba el general Luperón favorecería a los exiliados cubanos y puertorriqueños que luchaban por su independencia frente a España, entre ellos Antonio Maceo, Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos. Aunque Cesáreo Guillermo recibió ayuda española, no logró su objetivo de derrotar a los seguidores del Partido Azul y, finalmente, se vio obligado a abandonar el país el 6 de diciembre de 1879 con destino a Francia.
3.Puerto Plata, Capital de la República
La instalación del gobierno del general Gregorio Luperón en el Distrito Marítimo de Puerto Plata el 7 de octubre de 1879, como capital interina de la República, facilitó la realización de todas sus operaciones desde un lugar estratégico durante el período de transición. El general Luperón desempeñó un rol clave como líder que buscaba restaurar la institucionalidad, reconciliar las facciones políticas en disputa y preparar al país para un gobierno democrático, al tiempo de enfrentar numerosos desafíos en el proceso.
La llegada de Luperón al poder trajo consigo un cambio significativo en la política dominicana, con la implementación de medidas como la supresión del pago de la deuda, la creación de juntas de crédito, la fundación de escuelas normales y la promulgación de una Constitución liberal, que instituyó el voto universal, la reducción del período presidencial de cuatro a dos años y la reelección presidencial tan sólo por un período consecutivo.
El primer decreto emitido por el Gobierno provisional de Luperón expresa lo siguiente:
Dios, Patria y Libertad.- República Dominicana.-Gregorio Luperón, General de División del Ejército Nacional y Jefe del Movimiento que desconoce al Dictador Cesáreo Guillermo.
En virtud del Manifiesto dado por el pueblo puertoplateño en fecha de ayer, y siendo indispensable organizar un Gobierno Provisional que imprima carácter al movimiento cuya dirección se me encarga, y dé garantías a todos los intereses legítimos,
DECRETO:
Art. 1º. Desde esta fecha hasta la instalación del nuevo Gobierno definitivo, se constituye bajo mi presidencia un Gobierno Provisional.
Art. 2º. Queda así constituido el Ministerio de este Gobierno Provisional: Para el Despacho de Interior, Policía y Agricultura, Alfredo Deetjen.-Para el de Guerra y Marina, General Ulises Heureaux.- Para el de Hacienda y Comercio, Maximiliano C. Grullón.- Para el de Justicia e Instrucción Pública, Eliseo Grullón.- Para el de Relaciones Exteriores, Federico Lithgow.
Publíquese y circúlese en toda la República.
Dado en Puerto Plata a los 7 días del mes de Octubre de 1879, 36 de la Independencia y 17 de la Restauración.- EI Jefe Superior del movimiento, Gregorio Luperón.[3]
Con la integración de un Gabinete de su entera confianza, el general Luperón inició su Gobierno Provisional con asiento en Puerto Plata de manera firme y esperanzadora para el pueblo dominicano, al tomar un conjunto de medidas encaminadas a lograr la estabilidad institucional, económica, social y política de la República Dominicana.
Entre las medidas adoptadas, estuvo en primer lugar la anulación de todas las transacciones económicas realizadas por el anterior gobierno de Cesáreo Guillermo que lesionaban el desarrollo sostenido del país, entre el cierre de los puertos de Montecristi y Puerto Plata, se le dio prioridad a la educación, al pago de la deuda externa, a la agricultura y la ganadería, a la explotación racional de las minas, al tiempo de adoptar otras medidas de carácter social en beneficio de la mayoría del pueblo dominicano.
4.Reformas y medidas adoptadas para el desarrollo económico
El gobierno de Luperón implementó una serie de reformas y medidas económicas orientadas a aumentar los ingresos fiscales, fomentar la agricultura, la industria y la minería, descentralizar las rentas del Estado hacia los municipios, así como crear diferentes mecanismos que le garantizaran recursos financieros frescos para enfrentar la crisis económica heredada y sentar las bases para el desarrollo económico, social, político y cultural de la República Dominicana. Entre las principales reformas y medidas económicas puestas en marcha, destacan las siguientes:
4.1. La creación de Compañías de Crédito en Puerto Plata y Samaná
Las Compañías de Créditos fueron creadas con el objetivo de garantizar la provisión de recursos financieros al gobierno de Luperón. Estas Compañías anticipaban suministros metálicos sobre las rentas nacionales, a través del pago de los derechos de importación, exportación, puerto, permiso de costa, especies timbradas, correos y subastas, que les permitían al Gobierno atender las necesidades del servicio público. Por ejemplo, en Puerto Plata se estableció una Compañía de Crédito que suministraba mensualmente al gobierno una suma de $16,000 pesos, a razón de $4,000 pesos por semana.
Las Compañías de Crédito llevaban un libro de carga y data, que era balanceado mensualmente. Si la diferencia resultaba a favor del Tesoro, se ponía a disposición del gobierno; si era en contra, se trasladaba al siguiente mes. La existencia de estas instituciones crediticias era limitada, generalmente durante seis meses, y se establecían mediante contratos específicos con el gobierno. Estas sociedades ayudaron al Poder Ejecutivo a atender las erogaciones del servicio público y a cubrir los gastos ordinarios y extraordinarios en momentos de crisis económica. Aunque su funcionamiento estaba basado en intereses sobre los anticipos, se constituyeron en una solución temporal orientada a estabilizar la economía y garantizar el funcionamiento del Estado. Esto significa que las Compañías de Crédito fueron una herramienta clave para el financiamiento del gobierno en tiempos de dificultades económicas, permitiendo la continuidad de los servicios públicos y de la administración del país.
4.2. La regulación de los derechos de importación y exportación
Se modificaron los plazos para el pago de los derechos de importación, al establecer un sistema escalonado de tiempo según el monto de la transacción. De igual manera, se ajustaron los aranceles de exportación, al proceder al aumento de los impuestos indirectos para generar más ingresos para el Estado, cubrir el déficit fiscal y, en algunos casos, fomentar el desarrollo económico mediante la aplicación de exenciones específicas.
Los derechos de importación se pagaban en diferentes plazos, de acuerdo al monto: Hasta 200 pesos: al contado; hasta 1,000 pesos: en un plazo de 15 días; hasta 5,000 pesos: en un plazo de 30 días y más de 5,000 pesos: en un plazo de 60 días. El derecho de muelle sobre los productos de importación fue elevado de 1% a 2% por decreto del Gobierno Provisional. Los buques de vapor que llegaban a los puertos de la República debían pagar derechos específicos, como: 1 peso por cada tonelada de carga y derechos adicionales por faro, práctico, entrada, anclaje, plancha, intérprete, vigía, médico y aguada.
4.3. Suspensión temporal de la amortización y pago de la deuda pública
El gobierno de Luperón procedió a suspender temporalmente la amortización de la deuda pública para atender los gastos del servicio público, los costos de movilización de las tropas militares, así como para la conservación del orden. El decreto del 1 de diciembre de 1879 suspendió la amortización de la deuda comprendida en el artículo 2 del decreto del 7 de octubre de 1879. Esto se debió a la necesidad de atender las erogaciones del servicio de la República y los gastos extraordinarios del movimiento revolucionario.
El decreto del 30 de noviembre de 1879 ordenó que todos los tenedores de la deuda actual, amortizable con el 20% de los derechos de importación, presentaran sus documentos en las oficinas de las administraciones y subdelegaciones de Hacienda para su registro en un plazo de quince días desde la promulgación del decreto. Los documentos debían ser registrados con detalles como número, nombre del tenedor y cantidad. En tal sentido, se establecieron comisiones en las cabeceras de las provincias y los distritos para registrar los títulos y los documentos de acreencias contra el Estado, con el objetivo de organizar y controlar la deuda pública.
Estas medidas reflejaban la intención del gobierno de organizar y controlar la deuda pública, mientras se priorizaban los recursos para atender las necesidades urgentes del país. Posteriormente, se impuso un recargo del 2% a las mercancías procedentes del extranjero para el pago de la deuda externa. Se implementaron otras medidas para aumentar los ingresos fiscales, como la modificación de los aranceles de exportación y la creación de nuevos impuestos indirectos, con el fin de generar recursos para atender las obligaciones financieras del país.
De igual manera, se revisaron y, en algunos casos, se anularon concesiones y contratos que afectaban las finanzas del Estado, como las otorgadas al señor A. H. Crosby en 1878, a causa del incumplimiento de los plazos estipulados para la construcción de faros giratorios en los puertos de Santo Domingo, Puerto Plata, Isla Saona y Cabo Engaño, con miras a garantizar que los recursos nacionales fueran utilizados de manera más eficiente. No obstante, se les reconocieron y reintegraron los gastos en que había incurrido el concesionario hasta el año 1880.
Al referirse a las medidas adoptadas para sanear la economía dominicana, regularizar el pago de los salarios a los empleados públicos e implementar otras acciones para impulsar el desarrollo sostenido del país, el General Gregorio Luperón expresó:
El Gobierno pagó a los empleados las hojas de sueldos que se debían desde los gobiernos de Báez, González y Cesáreo, ascendiendo esto a más de doscientos mil pesos. Canceló gran parte de la deuda flotante desde la Evolución hasta los gobiernos que se sucedieron. Hizo el arreglo definitivo de todas las reclamaciones internacionales pendientes contra la República. Estableció un dos por ciento de recargo para su pago. Obtuvo que el Presidente Grevy se prestara a servir de árbitro en la cuestión con el Gobierno de la Haya, por un bergantín confiscado por el Gobierno de Báez, capturado en Monte Cristi. Arregló todas las dificultades que existían por reclamaciones con Francia, Inglaterra y España. Recuperó en favor de la República los derechos de puerto de la Capital, de Samaná y de Puerto Plata, enajenados por veinte años en favor del señor A. H. Crosby, ciudadano americano, por el Gobierno del General Cesáreo Guillermo, para la construcción de un faro en Puerto Plata, el cambio de la luz del faro de Santo Domingo y los cimientos de otro en la isla Saona, todo lo que montaba a la suma de veinte y un mil y pico de pesos, cuando los derechos percibidos en dos años del solo puerto de Puerto Plata habían dado al señor Crosby más de quince mil pesos, sin contar los de Samaná y los de la Capital.[4]
4.4. Fomento de la agricultura y comercio
Se permitió la exportación de ganado vacuno, lanar y cabrío, estableciendo derechos de exportación que se dividían entre el fisco y los municipios para fomentar la educación pública y el desarrollo local. Se crearon Juntas de Agricultura en cada cabecera municipal para promover el desarrollo agrícola y garantizar el uso eficiente de los terrenos del Estado. Se autorizó a los municipios a establecer balanzas para verificar el peso de los frutos agrícolas y evitar fraudes en el comercio.
Los productos de exportación que tenían los impuestos más altos en la República Dominicana durante el gobierno de Luperón eran los siguientes: Café, cacao y tabaco en hojas: 75 centavos por quintal; azúcar: 25 centavos por quintal; cera blanca y amarilla: 1.50 pesos por quintal y las horquetas de caoba: 10 pesos por millar de pies.
El apoyo dado por el gobierno de Luperón al fomento de la agricultura fue formidable, tal como lo expresa él mismo en las siguientes palabras:
La agricultura, esa noble y generosa nodriza de los pueblos y base fundamental de las leyes económicas de las sociedades; que deja siempre postrado de muerte al espantoso monstruo de la miseria y de la necesidad, con más eficacia que los cañones de los gobiernos contra las revoluciones; que con el esfuerzo, la actividad y la inteligencia en su cultura se realizan prodigios de verdaderas riquezas; que hace indispensable el trabajo, por el valor, el cambio, y que produce la abundancia; la agricultura, repetimos, recibió del Gobierno un poderoso empuje en toda la República, instalando aquel comisiones agrícolas en las provincias y centros principales, compuestas de dominicanos, cubanos y puertorriqueños, que llenaron a satisfacción de todos su encargo, aprovechando Moca, sobre todo, las de esta institución.[5]
Al mismo tiempo se implementaron medidas para la circulación de la moneda de níquel en Santo Domingo, aceptándola en transacciones comerciales y fiscales. Se creó un impuesto sobre el jabón y el sebo manufacturado en el país. Se estableció un impuesto de estampillas para contratos, facturas, recibos, medicinas, entre otros, con el objetivo de generar ingresos para la educación pública, mejora de los caminos y la adquisición de armamentos. Se destinó el producto del derecho de registro e hipotecas a los municipios, con lo cual se fortaleció la capacidad económica de los gobiernos locales para atender necesidades sentidas por las comunidades.
Las patentes comerciales que más impuestos pagaban eran las siguientes: Comercios mayoristas en primera escala: 125 pesos en la primera clase de comunes; consignatarios de buques: 100 pesos en la primera clase de comunes; boticas en primera escala: 100 pesos en la primera clase de comunes; fábricas de jabón, velas y otros productos similares movidos por fuerza motriz: 100 pesos en la primera clase de comunes. Estos productos y actividades comerciales tenían los impuestos más altos debido a su valor económico, su importancia en el comercio y su impacto en las rentas nacionales.
4.5. Concesiones otorgadas durante el gobierno de Gregorio Luperón
Durante el Gobierno Provisional de Luperón (1879-1880), se otorgaron diversas concesiones destinadas a fomentar el desarrollo económico de la República Dominicana. Estas concesiones buscaban impulsar sectores clave de la economía como la agricultura, la minería, el transporte y la infraestructura. Entre las principales concesiones otorgadas destacan:
4.5.1. Concesión para la construcción de una vía carretera
Se otorgó a los señores Washington Lithgow y Compañía el derecho exclusivo para construir una vía carretera que conectara Puerto Plata con Santiago y La Vega. Esta vía podría incluir rieles para facilitar el transporte de mercancías y pasajeros mediante carros arrastrados por fuerza animal o mediante vapor.
4.5.2. Concesión para la explotación de cuarzo aurífero
Se concedió a los señores J. B. Leca y A. Strauss el derecho de explotar una veta o filón de cuarzo aurífero en la sección de Maná, jurisdicción de San Cristóbal, bajo condiciones específicas que garantizaran el cumplimiento de las leyes y los reglamentos mineros. Estos señores también recibieron el derecho de explotar las arenas del río Isabela y los aluviones auríferos del valle de este río, con el compromiso de indemnizar daños a propiedades privadas y contribuir al desarrollo de la minería.
4.5.3. Concesión para la explotación de guano y fosfato
Se exceptuó del pago de derechos de permiso a los buques extranjeros que se despacharan para cargar guano, fosfato de cal y otras materias destinadas al abono de la tierra, incentivando la explotación de estos recursos naturales.
4.5.4. Concesión para el desarrollo agrícola
Se promovió la agricultura mediante la creación de Juntas de Agricultura en las cabeceras de los municipios, con el objetivo de fomentar el cultivo de terrenos baldíos y el desarrollo de la agricultura como fuente de riqueza nacional.
4.5.5. Concesión para la explotación de recursos naturales
Se otorgaron derechos exclusivos a empresas y particulares para la explotación de recursos naturales, como el guano y varios minerales, bajo condiciones que aseguraran el cumplimiento de las leyes y el beneficio para el país.
Estas concesiones reflejan el interés que tenía el gobierno de Luperón de estimular el desarrollo económico del país, aprovechando sus recursos naturales, al tiempo de mejorar la infraestructura del país para el comercio y la agricultura.
5.Medidas de salud pública adoptadas por el gobierno de Luperón
El gobierno de Luperón adoptó un conjunto de medidas relacionadas con la salud pública, entre las que destacan las siguientes:
5.1. Creación de Juntas de Artes y Oficios
Estas juntas, establecidas en cada comuna, tenían entre sus atribuciones fomentar la industria local, incluyendo la producción de medicamentos y otros productos esenciales. Aunque su enfoque principal era la industria, su impacto indirecto en la salud pública fue significativo al garantizar el acceso a productos básicos.
5.2. Regulación de la venta de medicamentos
Se prohibió la venta de medicinas y drogas por parte de personas no autorizadas. Solo los farmacéuticos registrados podían vender medicamentos, y en lugares donde no existieran farmacias, los médicos o personas autorizadas por el Ayuntamiento podían vender medicamentos básicos.
5.3. Control de calidad en medicamentos
Se establecieron sanciones para quienes vendieran medicamentos sin autorización o sin cumplir con las regulaciones, como la confiscación de los productos y el establecimiento de multas.
5.4. Apoyo a hospitales militares
Las medicinas confiscadas a vendedores no autorizados se destinaban a los hospitales militares, asegurando de esa manera el abastecimiento de estos centros de atención.
5.5. Promoción de la educación sanitaria
Las escuelas y academias en los batallones para enseñar a los soldados a leer, escribir y contar, incluía nociones básicas de higiene y salud, con lo cual se contribuía de manera indirecta al fortalecimiento de la salud pública.
Las medidas adoptadas por el Gobierno del General Gregorio Luperón en materia de salud pública se centraron en la regulación de la venta de medicamentos, en garantizar su calidad y disponibilidad, así como en fomentar la educación sanitaria. Estas acciones reflejan un esfuerzo preventivo y curativo por mejorar las condiciones de salud en el país durante su administración.
6.Reformas y medidas adoptadas por el gobierno de Luperón en materia educativa
Durante el gobierno de Luperón, se implementaron reformas y medidas educativas muy significativas, las cuales determinaron el futuro del país en los siglos siguientes, entre las que destacan:
6.1.El establecimiento de Escuelas Normales (1879-1880)
Mediante la Ley 1776 se establecieron las Escuelas Normales en la República Dominicana, la cual fue promulgada por el presidente Cesáreo Guillermo el 28 de mayo de 1879, pero fue durante el Gobierno Provisional del General Gregorio Luperón cuando la Escuela Normal de Varones de Santo Domingo, dirigida por Eugenio María de Hostos, abrió sus puertas al público el 10 de Febrero de 1880.
La Ley de Escuelas Normales establecía un máximo de 40 alumnos, pero fueron aceptados 58 estudiantes tras los exámenes de admisión correspondientes. De ese total, diez se retiraron sin anunciar los motivos y ocho faltaron a clases con frecuencia. Solo se mantuvieron de forma constante los 40 alumnos que estipulaba la legislación. Los primeros seis maestros que se graduaron fueron Félix Evaristo Mejía, Arturo Grullón, Francisco José Peynado, Lucas T. Gibbes, José María Alejandro Pichardo y Agustín Fernández. El acto de graduación se realizó el 28 de septiembre del año 1884 en la ciudad de Santo Domingo.
Con esa legión de 40 alumnos se inició en el país la “revolución educativa dominicana” capitaneada por el maestro Eugenio María de Hostos. Esta vendría a ser completada con la formación del Instituto de Señoritas, dirigida por la poeta Salomé Ureña de Henríquez. Sobre este gran aporte a la cultura dominicana, Pedro Henríquez Ureña, hijo de la poeta, expresa:
En 1880 se establece, a iniciativa del general Luperón, y bajo la dirección de Hostos, la Escuela Normal de la capital. Con esta institución, y con la influencia de Hostos, se transforma íntegramente la vida intelectual del país: por primera vez entran en la enseñanza las ciencias positivas y los métodos pedagógicos modernos.[6]
La revolución desarrollada por Hostos en la educación dominicana no solo supuso una transformación en el campo pedagógico, sino que constituyó una revolución total de la conciencia, una revolución intelectual, una revolución humanística, una revolución en los métodos de enseñanza y aprendizaje, una revolución en el plano ético-moral y una revolución racional, sin renunciar a los sentimientos y a las emociones que se derivan del diario vivir. Esto implicó una transformación integral de las formas tradicionales de enseñanza y de la conciencia dogmática que había prevalecido en el país desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX, con la preponderancia ideológica de la filosofía escolástica.
6.2. La creación de Escuelas Superiores en las ciudades de Azua, Santiago, La Vega, El Seibo, Samaná y Monte Cristi.
6.3. Instituto Profesional
Se crearon las cátedras de derecho civil, derecho constitucional e internacional, así como la de medicina, con el objetivo de formar profesionales en áreas clave para el desarrollo integral del país.
6.4. Se promovió la educación primaria gratuita y la enseñanza de artes y oficios como base para el progreso social y económico.
Al respecto se constituyeron las Juntas de Artes y Oficios, integradas por el gobernador o jefe comunal, el párroco, el director del colegio o de la primera escuela municipal, el presidente y el secretario del Ayuntamiento, las cuales tuvieron un rol fundamental en la promoción y desarrollo de la industria, así como en la formación técnica en las diferentes localidades.
6.5. Apoyo a la educación agrícola
Se crearon Juntas de Agricultura en las cabeceras de los municipios para promover la instrucción en técnicas agrícolas y el desarrollo de la agricultura como fuente de la riqueza nacional.
6.6. Fomento de la literatura nacional
Se otorgó un apoyo económico del 25% de los gastos de la primera edición de cualquier obra nacional publicada en el país, incentivando la producción literaria y cultural.
6.7. Apoyo a la educación en comunidades rurales
Se destinó parte de los ingresos municipales al fomento de la instrucción pública en los campos, como medida para garantizar el acceso de los habitantes de las zonas rurales a la educación.
Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de Luperón con la educación como herramienta clave para el progreso y la consolidación de la República Dominicana, en un contexto de reconstrucción nacional tras varios años de inestabilidad política.
7. Medidas adoptadas para la reorganización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas
El Gobierno Provisional de Luperón (1879-1880) adoptó múltiples medidas orientadas a modernizar, fortalecer y reorganizar las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Entre las principales acciones destacan:
7.1. La creación de escuelas y academias militares
Se establecieron escuelas y academias en cada batallón, bajo la dirección de los coroneles y comandantes, para que los soldados, cabos y sargentos que no sabían leer ni escribir comenzaran con asignaturas elementales, como lectura, escritura y matemáticas. Las clases se realizaban diariamente, con una duración de una a dos horas, para evitar que la enseñanza se volviera tediosa. Las academias se reunían dos veces por semana para dar instrucción más avanzada. La formación militar especializada incluía: Tiro al blanco: considerado esencial para la preparación militar; combate de tiradores: enfoque en tácticas modernas de combate, adaptadas a las armas de fuego de la época, así como marchas y maniobras: orientadas a la enseñanza de movimientos tácticos fundamentales. Con estas acciones educativas se buscaba mejorar la formación intelectual de los soldados y facilitar su ascenso en la carrera militar.
7.2. Regulación del servicio militar
Se promulgó un decreto sobre conscripción, estableciendo el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 50 años. Los hombres fueron divididos en tres categorías: Ejército activo: Jóvenes de 18 a 24 años, con un servicio de tres años bajo las banderas; Ejército de reserva: Ciudadanos de 25 a 35 años, que ya habían cumplido su servicio activo o que no fueron llamados al servicio permanente; Guardia local: Hombres útiles de 36 a 50 años, funcionarios públicos y aquellos que no podían servir en el ejército activo.
7.3. Promoción de la disciplina y el mérito
Los militares que demostraban aplicación, aprovechamiento y buena conducta eran recompensados con beneficios como preferencia en los ascensos, permisos especiales y exenciones de ciertas obligaciones. Los sargentos que aspiraban a ser oficiales podían continuar su formación en clases superiores, donde se les preparaba para obtener el rango de alférez.
7.4. Reorganización de las fuerzas armadas
Se dispuso la movilización de tropas y la reorganización de los ramos administrativos en las provincias, especialmente en Azua, para garantizar la seguridad y el orden público. Las escuelas y academias estaban bajo la vigilancia de los comandantes de armas, quienes designaban oficiales capacitados para dirigir la enseñanza. Se evitaban malos tratos y se promovía un ambiente de respeto y disciplina.
7.5. Suspensión de garantías en casos de subversión
Se autorizó al Poder Ejecutivo a suspender ciertas garantías constitucionales en caso de revoluciones armadas, con el objetivo de restablecer el orden público y proteger la estabilidad del país.
7.5. Fortalecimiento de la defensa nacional
Se adoptaron medidas para garantizar la seguridad del país frente a amenazas internas y externas, incluyendo la disposición de la fuerza permanente de mar y tierra.
7.6. Creación de compañías de bomberos
Aunque no eran directamente parte de las fuerzas armadas, se crearon compañías de bomberos en varias ciudades de la República Dominicana para proteger las propiedades y garantizar la seguridad en caso de incendios.
Al sintetizar las principales ejecutorias de su Gobierno, el General Gregorio Luperón destacaba las siguientes:
La organización de la fuerza activa recibió un impulso vigoroso. Una ley de conscripción fijó el término de tres años para el servicio activo, desde la edad de diez y ocho años, pasando después a la reserva; recibiendo también la reorganización de los guardias nacionales, de la caballería, de las compañías de marina, de la artillería, con sus escuelas, cuarteles y hoteles, y la administración militar correspondiente. Atendióse al mejoramiento de la administración de correos, al aumento de las escuelas, a la creación de nuevas cátedras en la Capital y en las provincias y distritos principales, a la fundación de la Escuela Normal de la Capital, decretada por el Gobierno de Cesáreo Guillermo; a la formación de compañías de bomberos en las principales ciudades. Arregláronse todos los cuarteles y las fortificaciones; construyéronse locales para la Gobernación en Monte Cristi; Comandancia de Armas de Guayubín y para aduana y Gobernación de Samaná, Comandancia de Armas y Gobernación de Azua; edificáronse cuarteles en La Vega y en San Francisco de Macorís; compróse una casa en La Vega para la Gobernación; compróse otra en el Seibo para el servicio de la Comandancia de Armas; adquirióse instrumental de la casa Lefebvre, de París, para las bandas de música de Puerto Plata, Santiago, la Capital, Azua, La Vega, Monte Cristi y Samaná. Compráronse armas modernas y pertrechos para abastecer los arsenales de la República, que estaban vacíos. Dotóse de libros y demás enseres a todas las oficinas públicas y a las escuelas. Hiciéronse venir uniformes a la europea para todos los cuerpos militares de infantería, artillería, marina y policía.[7]
Como se pudo ver, el gobierno de Luperón implementó una serie de medidas orientadas a la profesionalización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, mejorar la formación de los soldados, regular el servicio militar, así como garantizar la seguridad y el orden público en el país. Estas acciones fueron fundamentales para consolidar la estabilidad política y militar durante su mandato.
Muestras claras de que el gobierno de Luperón hizo grandes aportes en todo lo relacionado con la estabilidad del país y la normalización de áreas fundamentales de la administración pública, son el pago puntual a los empleados públicos, el mejoramiento de las vías de comunicación, el apoyo al poder judicial, el freno a las constantes rebeliones, el respeto a los derechos humanos y la satisfacción de los derechos sociales, en un ambiente de democracia, libertad, justicia social y el progreso, lo revelan las palabras del propio Luperón:
El Gobierno pagaba puntualmente los sueldos de todos los empleados en todos los puntos de la República; se empeñó en el mejoramiento de las vías de comunicación e hizo positivo el apoyo y protección a los jueces, el respeto a las leyes y el acatamiento a los tribunales, persiguiendo a los delincuentes. Logró inspirar confianza al trabajo y dar valor y seguridad a la propiedad. La pena de muerte por causas políticas fue mantenida como un freno a las frecuentes agitaciones, sin tener que emplearse jamás contra ningún individuo tan fatal institución, porque, respetando el Gobierno los verdaderos derechos de los ciudadanos, éstos practicaron con más escrupulosidad sus derechos sociales, lo que permitió al Gobierno regularizar todas sus operaciones. Entonces, como por encanto, las revueltas desaparecieron, los crímenes comunes disminuyeron, y fueron menos atroces. La ferocidad desapareció y la nación se alzaba por la libertad y el trabajo, por el orden y la justicia y por la moralidad y el progreso, probándose una vez más que lo que el país necesita no son gobiernos pródigos, arbitrarios ni bárbaros, sino gobiernos inspirados en el deseo de regenerar la República.[8]
8.Medidas adoptadas por el gobierno de Luperón para fomentar la comunicación.
El gobierno de Luperón adoptó diferentes medidas en el área de la comunicación, que pusieron de manifiesto su preocupación por el desarrollo espiritual, moral y material de la República Dominicana, entre las cuales destacan:
8.1. Subvención a periódicos nacionales
Se asignó una subvención mensual de $40 a todo periódico que se publique en el país, con el objetivo de fomentar el periodismo como herramienta esencial de la democracia, la libertad y el progreso moral, intelectual y material de la sociedad dominicana (Acuerdo del 4 de mayo de 1880). Esto incentivó la creación y sostenimiento de publicaciones que reflejaran las necesidades locales, fiscalizaran los actos gubernamentales y fomentaran el debate público. Con esta disposición, el General Luperón reconoció el poder del periodismo como una palanca para el avance democrático de la sociedad, al tiempo de incentivar la circulación de ideas y el debate público, fortaleciendo así la opinión pública como fuente de legitimidad de su propio gobierno.
Los periódicos y revistas más destacados que circularon durante el Gobierno Provisional de Luperón fueron los siguientes: El Eco de la Opinión, El Pueblo, La Crónica, El Telegrama, El Porvenir, La Crónica, La Verdad, El Látigo, La Concordia, La Voz de Santiago, La Emulación, La Esperanza, El Lector, El Esfuerzo, El Progreso y El Eco del Noroeste.
8.2. Exoneración de derechos postales
Se exoneraron los derechos postales al periódico "Revista Agrícola e Industrial" publicado en Nueva York, tomando en cuenta su utilidad para los hacendados y los fabricantes dominicanos (Resolución del 9 de marzo de 1880).
Al utilizar la comunicación para informar sobre sus decretos, resoluciones y políticas, Luperón logró mantener el apoyo de diversos sectores de la sociedad y reforzar la legitimidad de su gobierno provisional. Esto significa que la comunicación fue un pilar fundamental en la política de Luperón que contribuyó a fortalecer su gobierno, promover sus ideales democráticos, fomentar el debate público, al tiempo de consolidar su liderazgo en un momento de transición política crucial para la República Dominicana. Las medidas adoptadas en el área de la comunicación por el Gobierno del General Gregorio Luperón estuvieron orientadas a garantizar la libertad de expresión, fomentar el acceso a la información y fortalecer la conexión entre el gobierno y la sociedad. Estas acciones contribuyeron a consolidar su liderazgo y a promover la participación ciudadana en los asuntos públicos.
9. Construcción de un Monumento en Honor al Almirante Cristóbal Colón para conservar sus cenizas en República Dominicana
A propósito de que el pasado 12 de octubre se cumplió el 533 aniversario del mal llamado Descubrimiento de América, es importante indicar que el gobierno de Luperón, mediante acuerdo emitido el 1 de abril de 1880, solicitó a los Gobiernos de América, España, Italia y otras naciones europeas con posesiones en América, su concurso pecuniario para erigir un monumento en la ciudad de Santo Domingo, el cual estaría destinado a conservar las cenizas del descubridor del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón.
El acuerdo establecía que el Tesoro Nacional contribuiría con la suma de $10,000 y que se formaría una junta compuesta por el cuerpo diplomático y consular residente en Santo Domingo, presidida por el prelado de la Arquidiócesis. Esta junta se encargaría de recibir las contribuciones, determinar la forma, dimensión, materiales y demás características del monumento, presupuestar los gastos, dirigir la obra y supervisar todo lo relacionado con su construcción. Además, se estipuló que las sumas aportadas por cada nación serían entregadas directamente a la junta consular y diplomática, que también tendría la responsabilidad de notificar a las naciones contribuyentes sobre el inicio y conclusión del monumento, así como de presentar un informe detallado de los gastos realizados.
Al referirse a este aspecto histórico de trascendental importancia, que ha sido objeto de encendidas polémicas entre los historiadores, arqueólogos, antropólogos y demás estudiosos de las Ciencias Sociales y la Genética, Luperón expresó lo siguiente:
Desde el descubrimiento de los restos del inmortal Colón en la Catedral de Santo Domingo, ningún gobierno había notificado oficialmente a los gobiernos extranjeros el fausto y feliz hallazgo, conformándose el de Báez, en la época del descubrimiento, con invitar al cuerpo consular para verificar y aseverar el hecho. Tocó al Gobierno Provisorio, presidido por Luperón, participar el suceso a todos los gobiernos de Europa y de América, enviándoles un tomo de la bien escrita obra del ilustre Monseñor Roque Cocchía, Prelado Enviado de la Santa Sede, y otro tomo de la del respetable y distinguido ciudadano don Emiliano Tejera, declarando, en la nota circular, que todos los gobiernos quedaban autorizados a enviar sus comisionados a verificar la evidencia de la denunciación contenida en ambos libros. Al Gobierno español, con especialidad, la circular del Gobierno le declaraba que si las denuncias contenidas en aquellos libros no le dejaban satisfecho y convencido, su honra y su hidalguía le colocaban en el deber de descubrir los restos mortales que retiene en la Catedral de La Habana para disipar sus dudas y las tinieblas de cuatro siglos con la luz de la verdad que servía de criterio a la historia y de conocimiento verdadero al mundo, tan interesado en esclarecer la cuestión, para desvanecer todos los errores. Al mismo tiempo dirigió a los mencionados gobiernos otra circular, invitándolos a cooperar en la erección de un monumento digno del perínclito Descubridor de la América, en la memorable ciudad de Santo Domingo.[9]
Como puede observarse, este proyecto que pudo concretizarse más de un siglo después de haber sido propuesto, el 12 de octubre del año 1992 durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, fue concebido el 1 de abril de 1879 durante la gestión de gobierno del General Gregorio Luperón. Los restos de Cristóbal Colón fueron exhumados en la Catedral de Santo Domingo el 10 de septiembre de 1877 durante una reparación de la Primada de América, cuando el padre Francisco Xavier Billini descubrió una caja con la inscripción "Varón ilustre y distinguido, don Cristóbal Colón". Previamente, se habían trasladado los restos a la Catedral en 1544, por orden de la nuera de Colón, Doña María de Toledo, para cumplir con su testamento de ser enterrado en el Nuevo Mundo.
Los restos de Colón fueron trasladados al Faro a Colón el 6 de octubre de 1992, fecha en que se inauguró el monumento. La ceremonia de inauguración incluyó el traslado de la urna que contenía los restos desde la Catedral de Santo Domingo hasta el mausoleo en el Faro a Colón. El 12 de octubre de 1992 estuvo presente Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, en el marco de la Conmemoración del V Centenario del mal llamado Descubrimiento de América, donde expresó un mensaje de crítica a la violencia en nombre del evangelio, evocó la civilización del amor y le pidió a la Iglesia de Cristo en América: “Sé voz de los que no tienen voz, la abogada de los pobres, el refugio de los necesitados”.[10]
10.Constitución Política de 1880
Por último, pero no menos importante, es necesario destacar que el Gobierno Provisional de Luperón promulgó el 28 de mayo de 1880[11] una de las constituciones políticas más democráticas que tuvo la República Dominicana durante el siglo XIX, en la cual quedaron explícitos aspectos fundamentales que reflejaban los ideales republicanos, democráticos y progresistas de su administración. A continuación, se resumen los puntos más destacados:
10.1. Forma de Gobierno
República democrática, representativa, alternativa y responsable. División y separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes entre sí.
10.2. De la soberanía
La soberanía reside únicamente en el pueblo.
10.3. Derechos y Garantías
Abolición de la pena de muerte por causas políticas. Libertad de pensamiento, prensa, industria, reunión y asociación. Protección de la propiedad privada y la inviolabilidad del hogar y la correspondencia. Se prohíbe la esclavitud. Se establece la igualdad ante la ley y se prohíben los títulos de nobleza y privilegios hereditarios. Tolerancia religiosa, con la religión católica como la oficial del Estado.
10.4. Ciudadanía
Dominicanos: Nacidos en el territorio, hijos de dominicanos en el extranjero, naturalizados y extranjeros residentes que renuncien a su nacionalidad. Derechos de ciudadanía: Votar, ser elegido y ocupar cargos públicos.
10.5. Organización Territorial
División en provincias y distritos, con posibilidad de crear nuevas. Santo Domingo como capital de la República Dominicana.
10.6. Poder Legislativo
Congreso Nacional compuesto por 16 diputados, renovados cada dos años. Atribuciones: Aprobar leyes, decretar impuestos, declarar guerra, conceder amnistías, y supervisar el Ejecutivo.
10.7. Poder Ejecutivo
Ejercido por el Presidente de la República, elegido por voto directo y secreto. Duración del mandato: 2 años, con posibilidad de reelección inmediata. Atribuciones: Ejecutar leyes, dirigir relaciones exteriores, administrar rentas nacionales y garantizar la seguridad del país.
10.8. Poder Judicial
Suprema Corte de Justicia como máxima autoridad judicial. Tribunales inferiores organizados en distritos y comunes.
10.9. Fuerza Armada
Creación de una fuerza armada obediente, destinada a defender la independencia y el orden público. Milicia nacional organizada en cada provincia y distrito.
10.10. Reformas Constitucionales
Posibilidad de reforma con aprobación de las tres cuartas partes del Congreso. Prohibición de modificar la forma republicana de gobierno y el período presidencial.
10.11. Disposiciones Generales
Celebración anual de las fiestas nacionales: 27 de febrero (Independencia) y 16 de agosto (Restauración).
Como se ha podido ver, la Constitución Política de 1880 refleja los ideales de orden, progreso, democracia, libertad y soberanía nacional, que se adaptaban a las necesidades del país en un contexto de transición política hacia la consolidación política, económica, social y cultural de la República Dominicana.
Como colofón de este ensayo podemos afirmar que el Gobierno Provisional de Luperón fue clave en echar las bases para estabilización política y económica del país, fomentar el desarrollo agrícola e industrial, apoyar la salud pública, la educación y la cultura, así como en la creación de un clima democrático donde la libertad de opinión, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos fundamentales y la soberanía nacional y popular, sentaron las bases fundamentales para el establecimiento de un Gobierno Constitucional.
El general Luperón demostró que no son incompatibles la defensa plena de la Patria con su espada flamígera ante naciones colonialistas e imperialistas o ante tiranos y lacayos, con hacer una gestión de gobierno que beneficie a todo el pueblo dominicano. Por esa razón, podemos afirmar, sin lugar a equívoco que el Gobierno Provisional de Gregorio Luperón, que se ejerció desde el Distrito Marítimo de Puerto Plata, fue una gestión ejemplar y que debe ser recordada por las diferentes generaciones como un período de transición política clave para el florecimiento de la democracia, la libertad, la justicia social y la consolidación de la soberanía nacional.
[1] Manuel Rodríguez Objío. Gregorio Luperón e historia de la Restauración, Tomo 1. (Santo Domingo: Editora de la UASD, 2004), 92-93.
[2] General Gregorio Luperón. Notas autobiográficas y apuntes históricos, Tomo I. (Santo Domingo: Central de Libros C. por A., 1992), 156.
[3] Gobierno Dominicano. Colección de Leyes, Decretos & Resoluciones emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, Volumen 7. (Santo Domingo: Imprenta de García Hermanos, 1884), 357.
[4] General Gregorio Luperón. Notas Autobiográficas y Apuntes Históricos. (Santiago de los Caballeros: Editoria El Diario, 1939), 39-40.
[5] Ibidem, 44.
[6] Pedro Henríquez Ureña. Obra Dominicana. (Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1988), 473.
[7] General Gregorio Luperón. Notas Autobiográficas y Apuntes Históricos, Tomo III. (Santiago de los Caballeros: Editoria El Diario, 1939), 38-39.
[8] Ibidem, 43.
[9] Ibidem, 44-45.
[10] https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1992/october/documents/hf_jp-ii_spe_19921012_faro-colon.html
[11] Gobierno Dominicano. Colección de Leyes, Decretos & Resoluciones emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, Volumen 7. (Santo Domingo: Imprenta de García Hermanos, 1884), 414-430.
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