El deber de preservar el horizonte
Quizás una de las responsabilidades más importantes de una generación adulta —y, paradójicamente, una de las menos examinadas en el debate público— sea preservar en las nuevas generaciones la capacidad de imaginar. No se trata únicamente de legarles un patrimonio material, una economía estable o un conjunto de leyes e infraestructuras que permitan el funcionamiento de la sociedad. Se trata de proteger algo mucho más profundo y difícil de medir: la posibilidad de creer que el país puede ser mejor y que vale la pena trabajar para conseguirlo.
Una nación no se construye solamente con lo que produce, con las obras que levanta o con los recursos que acumula. También se construye con las expectativas que despierta, las oportunidades que ofrece y la confianza que inspira en quienes tendrán la responsabilidad de conducirla mañana.
Cuando una sociedad deja de ofrecer horizontes a sus jóvenes, comienza a empobrecerse mucho antes de que sus indicadores económicos reflejen esa pérdida.
Porque el futuro de un país no comienza el día en que una nueva generación asume el poder. Comienza mucho antes, en las condiciones que encuentra para formarse, desarrollar sus capacidades, participar en la vida colectiva y descubrir que sus esfuerzos pueden tener sentido.
El germen del desencanto
Existe una forma silenciosa y profundamente destructiva de deteriorar una sociedad: convencer a sus ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, de que nada puede cambiar. Es una especie de desánimo colectivo que no aparece en las estadísticas económicas, no figura en los informes presupuestarios y difícilmente puede medirse desde las instituciones. Sin embargo, sus consecuencias son profundas.
Se instala en las conversaciones familiares, en las aulas, en los barrios y en los espacios donde se discute el destino nacional. Se manifiesta cuando el esfuerzo parece inútil, cuando la honestidad se considera una ingenuidad y cuando la corrupción termina aceptándose como una característica inevitable de nuestra vida pública.
Esa resignación se fortalece cada vez que normalizamos el deterioro, justificamos la ineficiencia o asumimos que las instituciones están condenadas a servir intereses particulares antes que al bienestar general.
La quinta edición del Registro Sociodemográfico del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) contabiliza 3,030,647 personas de origen dominicano residentes en 129 países y territorios. Esta cifra comprende tanto a quienes nacieron en la República Dominicana como a sus descendientes directos en el extranjero.
También ocurre cuando las desigualdades se presentan como una realidad imposible de modificar, cuando el acceso a las oportunidades depende más de los vínculos y los privilegios que del talento, la preparación y el trabajo, y cuando la ciudadanía termina creyendo que exigir transparencia es una batalla perdida.
El problema no consiste únicamente en la existencia de estas prácticas. Su mayor peligro aparece cuando dejamos de indignarnos ante ellas y comenzamos a considerarlas parte natural del funcionamiento del país.
Una sociedad que pierde su capacidad de cuestionar termina acostumbrándose a aquello que debería transformar.
La herencia de un país endeudado y fragmentado
Bajo ese panorama, el mañana deja de ser un territorio abierto a la creatividad, la innovación y la transformación colectiva. Se convierte en la prolongación de las frustraciones del presente.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué país estamos entregando a las próximas generaciones?
Les dejamos una nación que debe enfrentar importantes compromisos fiscales y una deuda pública que merece una discusión mucho más profunda que la simple presentación de cifras.
Al cierre de julio de 2026, el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero ascendía a US$67,827.8 millones, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público. Esta cifra obliga a examinar no solamente cuánto debemos, sino también cómo se han utilizado los recursos obtenidos mediante el endeudamiento, qué resultados han producido y qué capacidad tendrá el país para responder a esas obligaciones.
No se trata de desconocer que el financiamiento público puede ser una herramienta legítima para impulsar inversiones, construir infraestructuras y atender necesidades nacionales. Tampoco de afirmar que toda deuda representa necesariamente una mala decisión. La cuestión fundamental es otra: ¿estamos convirtiendo ese endeudamiento en capacidades productivas, mejores servicios, educación de calidad, oportunidades y bienestar duradero?
Cada decisión de endeudamiento compromete recursos futuros. Por eso, la responsabilidad fiscal no puede medirse exclusivamente por la capacidad de conseguir financiamiento, sino por la calidad de las decisiones que justifican su utilización.
El país necesita mayor transparencia sobre el destino de los recursos, evaluaciones rigurosas de los resultados de las inversiones públicas y una política presupuestaria capaz de establecer prioridades sin sacrificar el desarrollo humano.
Una deuda puede ser una herramienta de progreso cuando financia capacidades que permanecen en el tiempo. Pero puede convertirse en una carga para las próximas generaciones cuando no produce resultados proporcionales a los compromisos que deja.
A esta realidad se suma otra dimensión de nuestra condición nacional: la emigración de una parte considerable de la población dominicana.
La quinta edición del Registro Sociodemográfico del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) contabiliza 3,030,647 personas de origen dominicano residentes en 129 países y territorios. Esta cifra comprende tanto a quienes nacieron en la República Dominicana como a sus descendientes directos en el extranjero.
Por otra parte, las nuevas proyecciones de población de la Oficina Nacional de Estadística sitúan la población residente dentro del territorio nacional en 10,954,360 habitantes para 2026.
Ambas cifras nos permiten dimensionar una realidad humana de extraordinaria importancia. Nuestra comunidad nacional trasciende las fronteras geográficas y se extiende por numerosos países, donde millones de personas mantienen vínculos familiares, culturales, económicos y afectivos con su tierra de origen.
No podemos mirar ese fenómeno únicamente a través de las remesas que llegan al país. Detrás de cada dominicano que emigra hay una historia personal, una familia que se transforma y, en muchos casos, una búsqueda de oportunidades de empleo, seguridad, desarrollo profesional y mejores condiciones de vida.
La diáspora constituye una riqueza humana, profesional, empresarial y cultural que debemos reconocer. Pero también nos plantea una pregunta incómoda: ¿qué condiciones estamos creando para que nuestros ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades sin sentir que deben abandonar su país para alcanzar sus aspiraciones?
No toda emigración es consecuencia de una frustración nacional. Muchas personas emigran por decisión propia, por proyectos familiares o por legítimas aspiraciones profesionales. Sin embargo, cuando la búsqueda de oportunidades fuera del territorio se convierte en una alternativa recurrente para tantas familias, el fenómeno merece ser examinado como parte de nuestra realidad económica y social.
El ascensor social descompuesto
La emigración no debe interpretarse exclusivamente como una consecuencia del fracaso nacional. También puede ser una expresión de iniciativa, talento y voluntad de superación. Sin embargo, cuando tantas personas sienten que sus posibilidades de progreso dependen de marcharse, debemos preguntarnos qué está ocurriendo con las oportunidades que ofrece nuestro propio país.
El desafío es construir una sociedad en la que emprender, estudiar, trabajar y prosperar no dependa de los privilegios de nacimiento, de las relaciones políticas o de las redes de padrinazgo. Una sociedad donde el talento encuentre oportunidades, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde las instituciones no sean obstáculos para quienes desean avanzar.
Cuando los jóvenes perciben que la cancha está inclinada, que el ascensor social no funciona y que el éxito depende de circunstancias ajenas a sus capacidades, el mensaje que reciben es devastador: su futuro parece estar decidido antes de que puedan comenzar a construirlo.
No hay desarrollo verdaderamente sostenible cuando las oportunidades se distribuyen de manera tan desigual que una parte de la sociedad termina convencida de que no tiene posibilidades reales de progresar.
La movilidad social no puede depender de la suerte individual ni de la capacidad de establecer contactos. Debe ser una posibilidad respaldada por instituciones, educación, empleo digno, acceso a la tecnología y políticas públicas que reconozcan el mérito y reduzcan las desigualdades de origen.
La verdadera quiebra
Una nación cuya juventud pierde la capacidad de indignarse ante la injusticia y de imaginar un orden social distinto comienza a renunciar a su futuro.
La verdadera quiebra de una sociedad no se produce solamente cuando sus finanzas se deterioran, cuando aumenta su deuda o cuando sus instituciones dejan de responder a las necesidades colectivas. Hay una quiebra más profunda, menos visible y mucho más peligrosa: aquella que ocurre cuando sus ciudadanos dejan de creer que pueden cambiar las cosas.
Pero esa quiebra también comienza a manifestarse en la vida cotidiana. Cuando la preocupación económica se convierte en angustia permanente, cuando la desconfianza sustituye a la solidaridad y cuando la agresividad comienza a ocupar el espacio que debería corresponder al respeto y al entendimiento.
No estamos hablando solamente de una crisis de servicios, de instituciones o de oportunidades. Estamos hablando también de una crisis de convivencia y de valores que compromete la manera en que nos reconocemos como integrantes de una misma sociedad.
Una nación puede recuperarse de una crisis económica, reconstruir sus instituciones y corregir el rumbo de sus políticas públicas. Pero cuando pierde la confianza de sus nuevas generaciones, cuando estas dejan de reconocerse como protagonistas de su destino, la tarea de reconstrucción se vuelve mucho más difícil.
No podemos entregarles a nuestros hijos y nietos la resignación como herencia, ni convertir el desencanto en una forma de educación cívica.
Tenemos la obligación de dejarles algo más que las consecuencias de nuestras decisiones: debemos preservar su derecho a imaginar, cuestionar y construir una nación diferente.
CONTINUARÁ…
En la segunda entrega nos acercaremos a la realidad cotidiana del dominicano común. Examinaremos cómo las dificultades económicas, la incertidumbre, las deficiencias de los servicios públicos y la pérdida de referentes colectivos están afectando no solamente la calidad de vida, sino también nuestra manera de relacionarnos. Porque el deterioro de una sociedad no se mide únicamente en sus instituciones: también se revela en la forma en que viven y conviven sus ciudadanos.
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