Menos haitianas dan a luz en hospitales públicos durante 2026

Los partos de mujeres haitianas en hospitales públicos de República Dominicana registran una reducción durante los primeros meses del 2026, en medio de un año de aplicación del protocolo migratorio implementado por el Gobierno en los centros de salud del país y de las crecientes denuncias sobre el impacto de estas medidas en embarazadas extranjeras en condición irregular.

La disminución coincide con casos como el de Lourdia Jean Pierre, una mujer haitiana de 32 años que murió desangrada el 9 de mayo del 2025 en El Seibo, luego de dar a luz sola en su vivienda por temor a ser detenida y deportada debido a su estatus migratorio irregular y que Luis Abinader anunciara un mes anterior las medidas del plan migratorio.

Su esposo, Ronald Jean, explicó que la pareja evitó acudir a un centro médico por miedo a las medidas migratorias y las redadas contra haitianos indocumentados en República Dominicana. Tras el parto, Lourdia sufrió una fuerte hemorragia y, aunque el Sistema 9-1-1 acudió al lugar, falleció horas después, mientras su recién nacido sobrevivió y fue trasladado al Hospital Teófilo Hernández.

Mientras organizaciones denuncian que el temor a la deportación está alejando a mujeres embarazadas de los hospitales, las estadísticas muestran una reducción acelerada en la cantidad de parturientas haitianas atendidas en la red pública.

Durante enero-abril del 2026, el país registró 21,832 partos en el Servicio Nacional de Salud (SNS), de los cuales el 16.6 % correspondió a mujeres haitianas y el 83.1 % a dominicanas. Esto se traduce en 3,626 partos haitianos y 18,134 nacimientos de dominicanas.

La cifra representa una caída en comparación con el mismo período del 2025. Durante enero-abril del año pasado se contabilizaron 26,361 partos, de los cuales 9,314 fueron de haitianas, equivalente al 35.3 %, mientras que las dominicanas representaron el 64.5 %, con 16,993 partos.

Al comparar ambos períodos, los partos de mujeres haitianas pasaron de 9,314 en enero-abril del 2025 a 3,626 en igual período del 2026, reflejando una reducción del 61 %.

El descenso rompe con la tendencia registrada en los últimos años en los hospitales públicos dominicanos, donde las parturientas haitianas llegaron a representar entre un 30 % y 36 % de los nacimientos.

Durante 2025 se registraron 74,784 partos en la red pública hospitalaria. De estos, el 24.6 % fueron de mujeres haitianas, equivalente a 18,434 partos, mientras que las dominicanas representaron el 75.1 %, con 56,148 alumbramientos.

En 2024, los hospitales públicos contabilizaron 91,661 partos, de los cuales el 36 % correspondió a haitianas, con 32,967 partos. Las dominicanas representaron el 63.8 %, con 58,511 alumbramientos.

La tendencia también fue elevada en 2023, cuando el SNS registró 107,762 partos. De ese total, el 35.8 % fueron de haitianas, con 38,555 partos, mientras que el 64 % fueron de dominicanas, con 68,985.

En 2022, el total de partos fue de 114,580. Las dominicanas representaron el 66.6 %, con 76,325 partos, mientras que las haitianas alcanzaron el 33.1 %, con 37,941 alumbramientos. En 2021 el SNS registró 117,079 partos, de los cuales el 30.5 % fueron haitianas, con 35,662 mujeres, y el 69.2 % dominicanas, con 81,071 partos.

La reducción de partos haitianos en hospitales públicos ocurre tras la implementación del protocolo migratorio anunciado hace un año por el presidente Luis Abinader para controlar la atención a personas en condición migratoria irregular.

Desde el 21 de abril del 2025, las autoridades dominicanas “exigen a los extranjeros que acuden a los hospitales que muestren sus documentos de identidad y expulsan a los que no los tienen después de recibir tratamiento”.

Entre las medidas aplicadas por el Gobierno dominicano para enfrentar la migración irregular, se destaca la regulación de la atención a extranjeros en hospitales públicos.

En ese orden, se le ordenó al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) exigir a los migrantes irregulares identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria, así como una tarifa para todos los servicios brindados.

Las disposiciones incluyen:

• Verificar que los pacientes cuenten con identificación válida.
• Confirmar que presenten una carta de trabajo.
• Comprobar que tengan una prueba de domicilio en el país.
• Asegurar que cubran el costo de los servicios recibidos.

En caso de no presentar estos documentos, los extranjeros son atendidos por el personal médico y luego son trasladados por miembros de la Dirección General de Migración (DGM) con fines de ser repatriados.

Diversas organizaciones solicitaron al presidente Luis Abinader dejar sin efecto el Protocolo Migratorio aplicado en hospitales públicos y retirar a los agentes de la Dirección General de Migración de maternidades y centros de salud del país.

Los firmantes expresaron preocupación por el impacto que la presencia de agentes migratorios podría tener sobre mujeres embarazadas y sus familias. Según el documento, el temor a ser detenidos o deportados podría provocar que algunas personas eviten acudir a los centros de salud, incluso durante emergencias médicas o procesos de parto.

A un año de su aplicación, Miguel Franjul, presidente del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), aseguró que la disposición ha significado un importante ahorro para el Estado dominicano.

Según afirmó, el país “ha hecho una enorme economía” al reducir los gastos que anteriormente asumía de manera gratuita en la atención de parturientas haitianas en los hospitales públicos.

Franjul sostuvo, además, que la presencia de estas pacientes “se ha reducido drásticamente” y que los recursos recuperados por el Servicio Nacional de Salud han permitido fortalecer las propias unidades hospitalarias.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cifras oficiales sobre el monto ahorrado tras la aplicación del protocolo.

Tampoco se ha establecido públicamente una tarifa fija para las mujeres haitianas o pacientes extranjeros atendidos en hospitales públicos.

Funcionarios del SNS han explicado que, bajo el protocolo migratorio, a los pacientes en condición irregular únicamente se les cobran los insumos y medicamentos utilizados durante la atención médica, excluyendo honorarios y costos operativos hospitalarios.

La ONU también reclamó “políticas migratorias que respeten la dignidad humana” y una “mayor solidaridad regional para hacer frente a una crisis que trasciende las fronteras y pone en peligro los derechos y la vida de miles de personas”.

Este escenario obliga a muchas mujeres haitianas a buscar alternativas en territorio dominicano, incluso recorriendo largas distancias para recibir asistencia durante el alumbramiento.

Francisca Peguero, miembro de la Fundación Expresiones, Artes, Salud y Género (Fearsage), indicó que la “mala calidad” del servicio de salud en República Dominicana es debido al bajo presupuesto y la desarticulación del sistema sanitario que repercute en la baja calidad de atención.

“Las mujeres dominicanas pasan las mil y una para acceder al servicio sanitario, por la falta de inversión en salud y la armonización de los servicios”, expresó.

Asimismo, Juana Ferrer, miembro de Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca), calificó como “deplorable” la situación que están viviendo las mujeres dominicanas, haitianas y dominico-haitianas para acceder a servicios de salud como derecho humano fundamental.

Ferrer manifestó que el protocolo que está llevando a cabo el Gobierno es “inhumano, atenta contra la vida, la salud y difiere de lo acordado en la ley”.

La Ley General de Migración 285-04 establece que las embarazadas, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y solicitantes de refugio no pueden ser deportados.