Organizaciones de la sociedad civil realizaron una protesta pacífica en las afueras del Ministerio de Salud Pública en rechazo al “maltrato de embarazadas haitianas”.
También denunciaron los obstáculos que enfrentan para acceder a servicios de salud tanto las inmigrantes como las dominicanas.
Reclamaron el cese de las deportaciones de mujeres embarazadas y recién paridas que son apresadas en hospitales y otros centros de salud.
Asimismo, exigieron el retiro del personal de la Dirección General de Migración (DGM) de los establecimientos de salud, garantizando que la atención médica no se vea interferida por las medidas del Gobierno.
Además, exigieron políticas integrales de salud sexual y reproductiva, que incluyan el acceso a anticonceptivos, información oportuna y servicios de aborto terapéutico, así como planes de prevención de la mortalidad materna.
De igual forma, solicitaron al Colegio Médico Dominicano (CMD), gremios del sector salud y del Ministerio de Salud Pública defender la autonomía y los derechos de las mujeres en todos los espacios de atención médica.
De su lado, Francisca Peguero, miembro de la Fundación Expresiones, Artes, Salud y Género (Fearsage), indicó que la “mala calidad” del servicio de salud en República Dominicana es debido al bajo presupuesto y la desarticulación del sistema sanitario que repercute en la baja calidad de atención.
“Las mujeres dominicanas pasan las mil y una para acceder al servicio sanitario, por la falta de inversión en salud y la armonización de los servicios”, expresó.
Asimismo, Juana Ferrer, mejor conocida como Negrita, miembro de Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca) calificó como “deplorable” la situación que están viviendo las mujeres dominicanas, haitianas y dominico-haitianas para acceder a servicios de salud como derecho humano fundamental.
Explicó que en 2024 Salud Pública registró 180 casos de mortalidad materna, de las cuales 94 de esos casos fue de dominicanas y 86 mujeres de nacionalidad haitiana.
Ferrer manifestó que el protocolo que esta llevando a cabo el Gobierno es “inhumano, atenta contra la vida, la salud y difiere de lo acordado en la ley”.
La Ley General de Migración 285-04 establece que las embarazadas, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y solicitantes de refugio no pueden ser deportados.
Medidas del Gobierno
El pasado 21 de abril el Gobierno dominicano implementó una serie de medidas para enfrentar la migración irregular. Entre ellas se destaca la regulación de la atención a extranjeros en hospitales públicos.
En ese orden, se le ordenó al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) exigir los migrantes irregulares: identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria, así como una tarifa para todos los servicios brindados.
En caso de no presentar estos documentos, los extranjeros son atendidos por el personal médico y luego son trasladados por miembros de la Dirección General de Migración (DGM) con fines de ser repatriados.
Las organizaciones firmantes son:
- Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca)
- Foro Feminista Magaly Pineda
- Coalición por los Derechos, la Vida y la Salud de las Mujeres
- Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM)
- Unión Democrática de Mujeres (Udemu)
- Equipo de Mujeres en Desarrollo (Emude)
- Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
- Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (Mudha)
- Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH)
- Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer)
- Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (Cudem)
- UNISIMAS/CNUS
- Fundación Expresiones Arte, Salud y Género (Fearsage)
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