Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador
La historia de Glenda y Karen es la de dos mujeres salvadoreñas convertidas en sabuesos tras el rastro de sus respectivos hermanos deportados desde Estados Unidos. También es una historia de desaparición forzada y secuestro estatal.
"Mi hermano está desaparecido. Tiene más de un año detenido sin un proceso legal. Quisiéramos tener una constancia de que está bien porque no podemos seguir con la incertidumbre de no saber nada de él”, afirma Glenda.
“Ha sido deportado hace más de un año y hasta la fecha no nos han querido aclarar su paradero. No hay registro suyo en la Fiscalía. Para nosotros es una desaparición forzada. Es como si no existieran acá en El Salvador”, replica Karen.
No existen, pero sí aterrizaron en San Salvador entre marzo y abril de 2025, a bordo de los vuelos militares que la administración Trump envió con 252 venezolanos y un número indeterminado de salvadoreños acusados por ambos gobiernos de ser criminales peligrosos. A partir de ese momento, se pierde el rastro de Elmer Concepción Romero Yanes, hermano de Glenda, y de Kevin Rolando Barrera Torres, hermano de Karen.
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Los traslados se realizaron en tres fechas: el 15 y 30 de marzo, y el 12 de abril. "Lamentablemente, a diferencia del caso de los venezolanos, con los salvadoreños nunca se dio una cifra exacta ni información oficial. Supimos de ellos primero por una nota de la Casa Blanca, después por un tuit y luego a través de los medios de comunicación”, explica Nathaly Cotrino, investigadora sénior de Human Rights Watch.
Glenda y su familia supieron que Elmer estaba en el país a través de un video en el que la presidencia de El Salvador promocionaba la llegada de los vuelos militares con supuestos pandilleros deportados desde Estados Unidos.
“Gracias a Dios que pudimos reconocerlo en el video. Él es el último que aparece cuando lo bajan del avión y lo suben a un bus. Mi hermano venía en el segundo vuelo que aterrizó el 31 de marzo de 2025. Además, él había hablado con una tía que vive en los Estados Unidos y le había dicho que lo iban a retornar al país, que le mandara ropa. La tía pudo reconocer que la ropa que ella le envió es la que trae puesta. Eso es lo único que nos ha mantenido con la esperanza de que lo vimos y de que sí vino al país”, dice Glenda.
Tras presentar la denuncia por desaparición y acudir a las instituciones competentes, Karen tuvo la certeza del arribo de su hermano Kevin a El Salvador.
“Fue en mayo de 2025. La procuradora general me confirmó que sí había sido deportado el 15 de marzo junto con el grupo de venezolanos; el vuelo había aterrizado a las 10:30 de la noche. Sin embargo, me dijo que no podía darme más información porque no estaba autorizada. Incluso se negó a enseñarme el documento porque era confidencial. Después de eso hemos preguntado en muchas partes y nadie nos da respuesta”.
Pacto secreto bajo régimen de excepción
Estas deportaciones ocurrieron bajo el régimen de excepción que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instauró en 2022 en el marco de su guerra contra las maras o pandillas; un modelo que permite detener a una persona sin informarle los motivos, negarle asistencia legal y mantenerla en prisión incomunicada, por tiempo indefinido y sin comparecer ante un juez.
También se dieron en el marco de la guerra contra la migración que libra su par estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato bajo la consigna de “lograr la mayor deportación de la historia de Estados Unidos” .Antes de llevar a cabo las expulsiones de estos inmigrantes en marzo y abril de 2025, las dos administraciones habían alcanzado un pacto migratorio secreto, anunciado dos semanas después del retorno de Trump a la Casa Blanca sin entrar en los detalles.
El 4 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial a El Salvador, calificó como un “acto de generosidad que ningún país ha tenido” el ofrecimiento del presidente Nayib Bukele de “recibir a criminales peligrosos deportados por Estados Unidos, miembros del Tren de Aragua o de la pandilla Mara S13 y encerrarlos en sus cárceles”. Incluso a ciudadanos estadounidenses o residentes legales condenados en Estados Unidos. “Es una señal más del amigo increíble que es el presidente Bukele”, aseguró Rubio.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele confirmó en su cuenta de X que aceptaría a los presos a cambio de una tarifa económica para Estados Unidos, pero con ganancias significativas para El Salvador. Los prisioneros serían llevados al CECOT, la cárcel de máxima seguridad emblema de la política represiva de su gobierno.
Los detalles del pacto migratorio firmado entre las administraciones de los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, eran desconocidos hasta el mes de septiembre de 2025, cuando salieron a la luz como parte de la evidencia de un litigio judicial. “Es un contrato y no han querido revelarlo. Supimos de su existencia por un documento de la administración Trump que se filtró adjunto con evidencia en la demanda GGV vs. Trump”, explica Nathaly Cotrino.
La investigadora sénior de HRW se refiere a la demanda colectiva interpuesta el 15 de marzo de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Esta acción judicial, presentada en representación de ciudadanos venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), buscaba frenar la inminente amenaza de expulsión de migrantes por parte de la administración de Trump.
La evidencia es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4,76 millones de dólares destinados al apoyo penitenciario y logístico para la detención de los migrantes venezolanos y salvadoreños expulsados y su encarcelamiento en el CECOT.
La transferencia de dichos fondos quedaba sujeta a la prohibición impuesta a El Salvador de proveer recursos o asistencia legal a los solicitantes de asilo.
A partir de este contrato, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, símbolo de guerra contra las pandillas del mandatario salvadoreño, se transforma en una herramienta de la política migratoria de su homólogo Donald Trump.
“Bienvenidos al infierno”
Esposados de manos y pies, los deportados fueron bajados de los aviones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y conducidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad.
“Más allá de la narrativa oficial, los datos que logramos recabar contaban una historia muy diferente”, afirma René Valiente, director de Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, obligada recientemente al exilio. *
“Se trataba de migrantes pobres que estaban buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Solo un pequeño porcentaje de ellos tenía antecedentes penales y, en esos casos, los delitos no daban indicios de participación en actividades de criminalidad organizada”.
Cristosal y HRW constataron que en el CECOT fueron sometidos a graves y sistemáticas torturas físicas, psicológicas y sexuales y al delito de lesa humanidad de desaparición forzada.
“El director del centro les dijo: “Bienvenidos al infierno”, y que la única forma de salir de ahí era ‘muertos’, agrega Valiente.
El patrón de Estados Unidos se repite en El Salvador: durante los cuatro meses de detención en el CECOT, estas personas no tuvieron acceso a un juez o tribunal que les brindara garantías. No estuvieron sometidas a ningún proceso legal. El Estado salvadoreño negó sistemáticamente la información sobre ellas, incluso a sus familias. “Esto tiene un nombre en el derecho internacional: desaparición forzada”, denuncia el responsable de la ONG Cristosal.
36 salvadoreños sin rastro, 11 nombres identificados
En julio de 2025, los venezolanos recobraron la libertad y regresaron a su país a cambio de presos políticos, tras una negociación entre los tres gobiernos. Sin embargo, no se supo nada de los salvadoreños que fueron deportados con ellos y señalados como miembros de las maras, las pandillas que Bukele declaró organizaciones terroristas.
“De ese grupo, solo el 10% tenía antecedentes por delitos violentos o potencialmente violentos en Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), ONG que ha puesto su lupa en la investigación de estas deportaciones.
“Al igual que con los venezolanos, pudimos documentar que los salvadoreños fueron desaparecidos; es decir, inmediatamente borrados de cualquier información que pueda dar el gobierno estadounidense, sin ningún tipo de información provista por el gobierno salvadoreño sobre su lugar y condiciones de reclusión."
Fruto de una minuciosa pesquisa, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los migrantes de Estados Unidos lograron establecer que en los tres vuelos de marzo y abril de 2025 venían 36 salvadoreños deportados. De ellos, únicamente once han sido identificados.
Y fue gracias a la gestión de los familiares de estos once salvadoreños y de sus abogados ante el sistema interamericano que se pudo establecer el paradero de seis de ellos.
Uno se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y los demás en el Centro de Cumplimiento de Penas de Santa Ana. Esta es la información que el Gobierno de El Salvador ha presentado ante las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en beneficio de estos deportados.
“Del resto de las personas no tenemos conocimiento de dónde están”, insiste Nathaly Cotrino de HRW.
A la pregunta de por qué es tan difícil rastrearlos en El Salvador, la investigadora sénior responde: “Por el contexto general de miedo frente a las actuaciones del gobierno y a las medidas que se han tomado bajo el régimen de excepción. Estas familias hablaron con nosotros casi un año después de que ocurrieran las deportaciones. Tenían mucho miedo de que algo malo le pudiera pasar a sus familiares dentro de esos sistemas de detención. Y los mismos abogados les han dicho que no asumen la defensa de estos casos porque no quieren tener problemas con el régimen”.
En el marco de la negociación entre las actuales administraciones de Estados Unidos y El Salvador, se cambió el grado de riesgo del país centroamericano, al que históricamente le iba mal en esa evaluación. El gobierno de Trump clasificó a El Salvador entre los países más seguros del mundo, a pesar de que el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado —bajo la administración Biden— señalaba claramente el riesgo de tortura en ese país, según indicó Juanita Goebertus, de Human Rights Watch (HRW).
¿Dónde están? El viacrucis de la búsqueda
Elmer Concepción Romero apareció en el video oficial de los deportados a El Salvador el 31 de marzo de 2025.
“El 21 de marzo de 2025 le informaron que iba a pasar a manos de Migración para ser retornado a su país. En ningún momento le dijeron que venía a una cárcel acá en El Salvador”. Glenda recuerda que su hermano Elmer habló con ella por teléfono desde el Centro Correccional Federal de Lompoc, en California, una prisión federal de baja seguridad para reclusos varones.
Ella ignora por qué fue enviado a esta cárcel de reos comunes a purgar los últimos 26 meses de su condena por estar indocumentado. La primera parte de la pena la había cumplido en el Centro de Tramitación del Condado de Otero, Nuevo México, con capacidad para 900 inmigrantes en situación irregular, en virtud de un contrato entre la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) y la empresa privada de gestión penitenciaria MT.
“Voy a ir llegando a El Salvador a principios de abril”, me dijo. Glenda y su familia esperaron a Elmer hasta que lo vieron aparecer en el video oficial de las deportaciones del 31 de marzo, presentado como un peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) y conducido a la megaprisión del CECOT. Después perdieron su rastro.
Kevin Rolando Barrera Torres llegó a El Salvador en el vuelo militar del 15 de marzo de 2025, según la procuradora general.
“Ahí viene el deportador. Voy a hablar con él”, me dijo. “Te vuelvo a llamar”. Y ya nunca me llamó, cuenta con tristeza Gerber; el amigo y jefe de Kevin en Estados Unidos al recordar la última llamada que este le hizo el 13 de marzo de 2025 desde el Centro de Detención del Condado de Hidalgo, en Texas, una cárcel operada por la empresa privada GEO Group y utilizada para recluir a inmigrantes en situación irregular bajo la custodia del ICE.
"Ese mismo viernes, el nombre de mi hermano Kevin desapareció de los registros de la detención de Hidalgo, y la custodia nos informó que había sido deportado —relata su hermana Karen—. Tendría que haber llegado el mismo fin de semana a El Salvador, pero no apareció."
Sin conocerse aún en ese momento, Glenda y Karen empezaron un ritual contra la desesperanza: buscar infatigablemente, cada una por su cuenta, a sus respectivos hermanos en las instituciones de El Salvador.
Indagaron por ellos en el Centro de Recepción del Migrante, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la embajada de Estados Unidos en San Salvador, en las procuradurías locales, en centros penales y en la prisión del CECOT. No han llegado al país. No existe registro de su entrada, les respondieron en todas partes.
Cada una acudió a la Fiscalía, donde le entregaron documentos que indicaban que Elmer y Kevin no tenían expedientes de investigación activos en su contra. Ambas interpusieron una denuncia por desaparición; de nada sirvió.
La práctica establecida por la administración Trump consiste en eliminar a los deportados de la base de datos del ICE. Al respecto, Juanita Goebertus, de HRW, explica que “si Estados Unidos cumpliera con el deber fundamental de la Convención sobre la Desaparición Forzada de informar el paradero de la persona, tendría que decir que fue trasladada a El Salvador o a determinado país. Pero en el ICE Locator indica: ‘Esta persona no está bajo custodia de Estados Unidos’, y nadie puede saber dónde está”.
Por su parte, El Salvador, bajo el régimen de excepción, restringe por completo el acceso a la información relativa a las personas privadas de libertad. “La incomunicación es una particularidad del régimen de excepción que consiste en aislar por completo a las personas privadas de la libertad del mundo exterior, impidiéndoles el contacto con sus abogados o seres queridos. Al mismo tiempo, se oculta la información de dónde se les detiene. Eso genera que las personas queden fuera de la protección de la ley, que es la definición técnica de desaparición forzada”, explica la experta.
No son criminales
Kevin Rolando Barrera Torres
“Él estaba subiendo sus herramientas de trabajo al vehículo cuando llegaron. Lo raro es que no vestían el uniforme del ICE, sino que iban de civil; por eso no se percató. Le pidieron documentación y, como no tenía nada, lo detuvieron y se lo llevaron. Fue el 3 de marzo de 2025 en Irvington, Nueva Jersey”, relata Karen. Tras el arresto, su hermano Kevin fue recluido en el Centro de Detención Hidalgo, Texas, para migrantes en situación irregular.
En 2015, la policía salvadoreña acusó erróneamente a Kevin de pertenecer a las pandillas. Tras demostrarse su inocencia, quedó en libertad. Dos años después, los mareros cometieron un crimen en la zona donde él vivía con su familia y la policía volvió en su búsqueda. “Lo maltrataron aquí enfrente de mi mamá. Se lo llevaron al cementerio del municipio y lo torturaron para que se declarara culpable. Solo estuvo ocho días detenido porque se comprobó, otra vez, su inocencia. Entonces, pensó que lo mejor era alejarse de aquí y se fue a trabajar a Estados Unidos. Pidió asilo, pero no se lo otorgaron y tuvo que regresar”, relata Karen.
En marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele impuso un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas. Esta medida extraordinaria permite hacer arrestos sin orden judicial. En cuatro años, más de 92.000 personas han sido detenidas. Organismos humanitarios denuncian que muchos inocentes están tras las rejas.
Karen cuenta que cuando empezó el régimen de excepción, los policías volvieron a buscar a su hermano. “Ahí sí nos preocupamos porque golpearon a mi tío y lo amenazaron, tiraron puertas y todo eso”.
Huyendo de esta caza de brujas, Kevin decidió emigrar, por segunda vez, a Estados Unidos. En El Paso, las autoridades migratorias lo detuvieron y lo expulsaron a México. Después logró cruzar la frontera. No solicitó asilo porque ya tenía dos deportaciones. Empezó a trabajar en la construcción.
El 13 de marzo de 2025, Kevin fue expulsado a El Salvador. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
“No debieron enviarlo a El Salvador, considerando que ya tenía este precedente”, afirma Kelvi Zambrano, abogado en Estados Unidos que representa a la familia de Kevin, refiriéndose a los intentos de la policía salvadoreña por incriminar en el pasado a Kevin como pandillero.
El abogado recuerda que el principio de non-refoulement es una norma fundamental del derecho internacional, inscrita en la Convención de Ginebra, que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, su libertad o sus derechos fundamentales puedan verse amenazados.
“El Comité contra la Tortura, en interpretación del artículo tres de la Convención contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es parte, establece que no se puede enviar a una persona a un país donde corre riesgo su integridad y su vida”, precisa Zambrano.
La familia de Kevin está segura de que fue detenido al llegar en los vuelos militares de deportados en 2025, debido al empeño de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos por demostrar que se trataba de peligrosos pandilleros. “Las personas con antecedentes penales en El Salvador han sido recapturadas, a pesar de haber sido absueltas de todos los cargos. Ni siquiera tiene un tatuaje de marero en el cuerpo”, insiste Karen.
Para Juanita Goebertus, de HRW, “La narrativa del gobierno de El Salvador busca justificar la detención de estos deportados al señalar que están involucrados en la delincuencia organizada; sin embargo, la información que tenemos de parte del ICE indica que la gran mayoría no tenía antecedentes judiciales ni vinculación con estos grupos criminales”.
Goebertus subraya que, aunque los índices de seguridad en El Salvador han mejorado bajo el régimen de excepción, también se ha registrado un aumento de las detenciones arbitrarias. HRW ha documentado cientos de detenciones de personas que no estaban vinculadas a pandillas. Asimismo, cuenta con un informe a partir de testimonios policiales que revelan cómo recibían órdenes de cumplir ciertas cuotas de arrestos, independientemente de si los sospechosos pertenecían a estos grupos o no.
Elmer Concepción Romero
“Él no se fue huyendo del país, sino para ayudar a su hijo debido a la difícil situación económica acá en El Salvador. Las constancias de la fiscalía muestran que no tiene delitos. En todas las instituciones nos preguntan si tiene tatuajes. Él no tiene”, sostiene Glenda.
La primera vez que su hermano Elmer emigró a Estados Unidos fue en 2003. Entró por la frontera y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio con el que EE. UU. acoge a personas que huyen de situaciones de extrema violencia, conflictos bélicos o desastres naturales. Los salvadoreños fueron los primeros en beneficiarse de este programa humanitario en 2001, a raíz de dos terremotos devastadores y una guerra civil que sumió al país en la pobreza y forzó al exilio a miles de personas. (En septiembre, la administración Trump puso fin al TPS para los salvadoreños, dejando sin protección a unas 232 000 personas y a sus familias**).
Un año después de recibir el TPS, Elmer fue condenado a ocho años de cárcel por agresión en grupo y homicidio involuntario.
“En ese tiempo, él tenía 17 años. Cumplió su condena en 2011, salió libre y fue deportado. Vino al país. No tuvo ningún problema. Lo recogimos en el aeropuerto y todo bien”.
En 2023, emigró nuevamente a Estados Unidos y las autoridades migratorias lo detuvieron por encontrarse sin sus papeles en regla. Tras 26 meses de prisión junto a otros indocumentados, fue deportado desde EE. UU. en el vuelo militar del 31 de marzo de 2025.
Un año y una semana después, aconsejada por la familia de uno de los once identificados que logró averiguar que su pariente se encontraba allí, Glenda fue al Centro de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. “Primero me aseguraron que no estaba, pero yo insistí. Me hicieron esperar y luego me dijeron: 'Sí, aquí está, ya le puede dejar el paquete’. Con la desesperación, corrí y compré lo que pude. Pero no hemos tenido ni una llamada ni una foto para saber si él está bien o si recibe los paquetes con los víveres que pide la cárcel”.
En un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con fecha del 9 de junio, y en respuesta a la solicitud de medidas cautelares, el Estado de El Salvador reconoció que Elmer Concepción Romero Yanes se encuentra recluido e incomunicado en la cárcel de Santa Ana.
“Queremos una respuesta clara del Estado porque los abogados nos han dicho que en El Salvador una persona no puede ser detenida ni condenada por un delito que cometió en Estados Unidos y cuya pena ya cumplió”, insiste Glenda.
“El Estado de El Salvador ha indicado dónde se encuentra detenido, pero no presenta ningún sustento jurídico que justifique la privación de su libertad. En consecuencia, estamos ante una detención arbitraria”, afirma Kelvi Zambrano, abogado que representa a nueve familias —entre ellas la de Elmer— de los once identificados de un total de 36 deportados.
Ha pasado año y medio de las deportaciones de estos salvadoreños y las familias aún no tienen contacto con ellos. Sus abogados no han podido acceder a los expedientes, ni han sido informados de qué se les acusa para estar en prisión. Hay familias a las que ni siquiera se les ha confirmado en qué cárcel está su pariente.
El jurista señala que, según los estándares internacionales, la incomunicación de un detenido está prohibida y solo se justifica para preservar sus derechos fundamentales —como su integridad física— o para proteger el proceso. En este sentido, el juez debe razonar si procede o no dicha medida; sin embargo, en este caso ni siquiera existe un proceso judicial contra los deportados detenidos.
Según los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, cuando se encuentra a la persona o se conoce su paradero, el delito de desaparición forzada no desaparece ni se extingue, sino que cesa su consumación. Es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca.
“Nosotros hemos presentado la demanda contra el Estado de El Salvador a favor de estas personas, para que el Estado salvadoreño sea condenado por el concepto de desaparición forzada”, dice Zambrano. Y subraya que se trata de un patrón de continuidad de desaparición forzada: “El delito comienza en Estados Unidos y se mantiene en El Salvador”
*El 18 de mayo de 2025, Ruth López, directora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, desde donde se ha investigado al presidente Bukele, fue apresada acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía afín al mandatario salvadoreño. López ha permanecido la mayor parte del tiempo incomunicada y sin acceso a su expediente, ya que el caso fue declarado secreto bajo el estado de excepción.
** Para el caso salvadoreño, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierte que la supresión del TPS y las deportaciones desde EE. UU. reducirían drásticamente las remesas (24%-26% del PIB), golpeando gravemente a los hogares y a una economía salvadoreña ya estancada. También existe un riesgo en materia de seguridad y derechos humanos. Diversas organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, violaciones del derecho a un juicio justo y otros abusos graves cometidos bajo el estado de emergencia.
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