Cuando pisa por primera vez la pista del aeropuerto de Bangui, en la República Centroafricana, Nika*, una iraní de 32 años, está en estado de shock.
Es de noche. Es el 12 de junio de 2026. Acaba de pasar doce horas en un avión fletado especialmente para su expulsión por parte de los servicios de inmigración estadounidenses (Immigration and Customs Enforcement, ICE), junto a unas diez personas más: sirios, georgianos, afganos e iraquíes.
Durante casi 20 horas de vuelo, le mantuvieron las piernas atadas y las manos esposadas a una cadena sujeta a su cintura, incluso cuando intentó comer. En el aeropuerto de Bangui, los agentes que la reciben se comunican con ella mediante gestos. Ninguno habla su idioma. “No entendía nada de lo que me estaba pasando. Me pregunté si me iban a enviar otra vez a una cárcel”.
Nika no se enteró de su destino hasta unas horas antes, en pleno vuelo, al mirar la pantalla de navegación.
La República Centroafricana. Un país del que no sabe nada. Y al que Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar, sobre todo por el riesgo de “secuestro o terrorismo”.
“Se burlaron de mí”
La joven cuenta que pasó parte de su juventud manifestándose contra el régimen iraní. Su activismo, dice, la había convertido en blanco de los Guardianes de la Revolución. Nika huyó de Irán en marzo de 2024, mientras continúa la represión contra el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” y la ONU acusa a las autoridades iraníes de crímenes de lesa humanidad. Refugiada en Estados Unidos, primero fue encarcelada.
El pasado mes de mayo, tras 14 meses de detención, acababa de ser liberada del centro correccional de Richwood, una de esas prisiones transformadas por el ICE en centros de detención para migrantes.
Su expediente de asilo aún se encontraba en trámite. Pero ya contaba con una protección que impedía que Estados Unidos la deportara a Irán: el “withholding of removal”, o “suspensión de la expulsión”. Un juez estadounidense había reconocido que corría el riesgo de ser perseguida si regresaba a Irán. Acababa de instalarse en casa de su tío en Los Ángeles. Pensaba que iba a comenzar una nueva vida.
Eso no impidió que el ICE la citara y la detuviera nuevamente apenas 12 días después. “Me tomaron las huellas digitales, recopilaron mis datos biométricos y me hicieron una prueba de ADN. […] Luego me dijeron: ‘Levanta las manos por encima de la cabeza’”, cuenta. Un agente le informó entonces que iba a ser deportada.
No importó que, a principios de año, Donald Trump se hubiera declarado “dispuesto a ayudar” al pueblo iraní en su “aspiración a la libertad”.
“Se burlaron de mí”, dice Nika.
“Cuando nos enteramos de un riesgo de deportación, el cliente ya está en el aire”
Lo que le pasó a Nika no es un accidente. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha desarrollado una nueva forma de alejar a las personas a las que no puede devolver a sus países de origen: deportarlas a un “tercer país”.
A veces, porque su país de origen se niega a aceptarlas de vuelta. A menudo, como en el caso de Nika, porque cuentan con protección contra su expulsión.
Históricamente, las personas que, como Nika, contaban con una suspensión de expulsión (“withholding of removal”) tenían permiso para permanecer en Estados Unidos.
La ley estadounidense no prohíbe, en sí misma, la expulsión a un tercer país. Pero esta práctica siempre ha sido marginal. Ahora, “se ha convertido en el instrumento principal para eludir la prohibición de devolución”, lamenta Sahar Jalili Pawelski, la abogada de Nika.
Así, el gobierno ha firmado decenas de acuerdos con terceros países, especialmente africanos. Según la información recopilada por nuestro consorcio, al menos 12 países del continente han aceptado recibir a personas expulsadas de Estados Unidos. Entre ellos, se encuentran países que son criticados regularmente por su historial en materia de derechos humanos, como Guinea Ecuatorial, por ejemplo.
En teoría, la administración debe notificar con suficiente antelación a las personas afectadas para que puedan impugnar su destino. Pero, en la práctica, como testifica la abogada Meredith Yoon: “Cuando nos enteramos de que un cliente corre el riesgo de ser deportado a un tercer país, ya está en el aire. Es una carrera contra el tiempo que el derecho no puede ganar”.
El 18 de septiembre, una corte de apelaciones federal le recordó a la administración esta obligación al declarar ilegal una expulsión llevada a cabo sin previo aviso suficiente ni la posibilidad de impugnar el destino.
El Departamento de Estado de EE. UU. afirma que solo utiliza “medios legales”. Por su parte, la Casa Blanca sostiene que solo expulsa a “los peores de los peores”.
Sin embargo, de las personas detenidas por el ICE en julio, solo el 4% había cometido un delito violento. Algunas llevaban décadas viviendo en Estados Unidos.
“Trabajé en Estados Unidos como enfermera durante 20 años”
Rabbiatu Kuyateh, una mujer de Sierra Leona de 58 años, fue deportada a Accra, en Ghana, en noviembre de 2025. Llevaba casi treinta años viviendo en Estados Unidos. Trabajaba como enfermera, criaba a su hijo Mohamed y cuidaba a sus padres cuando fue detenida por el ICE, durante un control anual, una cita “de rutina”.
Al llegar a Ghana, llevaron a Rabbiatu a un hotel. Cuatro días después, agentes de inmigración vinieron a buscarla para llevarla a Sierra Leona, su país de origen.
Rabbiatu se niega. La escena es filmada discretamente por otras personas deportadas. En las imágenes se ve a agentes de inmigración ghaneses agarrándola por los brazos y las piernas, arrastrándola por el piso del hotel y luego afuera, hasta un vehículo. Rabbiatu se aferra a uno de los abogados presentes en el lugar: “¡Ayúdenme! ¡No quiero irme! ¡No puedo ir a Sierra Leona! ¡Allí estoy en peligro!”. Finalmente, la madre de familia es subida a la fuerza al vehículo.
En su expediente migratorio, Rabbiatu Kuyateh relataba haber sido detenida y violada por las fuerzas gubernamentales durante la guerra civil en Sierra Leona. También indicaba que su hermano había sido detenido y torturado en 2014 debido a las actividades políticas de su padre.
Precisamente por esta razón, un juez estadounidense le había otorgado protección contra su deportación a Sierra Leona.
Hoy, ha vuelto a huir. Vive sola, lejos de su familia y de su hijo de 34 años, quien se quedó en Estados Unidos, en un país cuyo nombre prefiere no revelar. Cuando nuestros colegas de France 24 se reunieron con ella, aún estaba conmocionada por la brutalidad de lo que acababa de vivir.
“Trabajé como enfermera durante más de veinte años… Me convertí en jefa de enfermería durante la pandemia de COVID-19. Hubo personas que murieron en mis brazos mientras sus seres queridos no estaban presentes. […] Nunca he sido una criminal. Pagué mis impuestos. Respeté la ley. Lo único que le pedía a Estados Unidos era poder quedarme…”
El principio de la “devolución en cadena”
Para el abogado ghanés Oliver Barker-Vormawor, la sucesión de estos dos traslados —de Estados Unidos a Ghana y luego de Ghana a Sierra Leona— tiene un nombre: la devolución en cadena.
Es el mecanismo mediante el cual una persona es trasladada a un tercer país que, a su vez, la devuelve a un territorio donde corre el riesgo de sufrir persecución, tortura u otro daño grave.
En los días posteriores a la detención de Rabbiatu, el abogado Oliver Barker-Vormawor denunció públicamente el trato que recibió y presentó una demanda judicial. El proceso aún está en curso, pero Estados Unidos ha seguido enviando a personas deportadas a Ghana. Para él, se trata de una forma de “subcontratación”. “Estoy convencido de que Estados Unidos utiliza a Ghana para hacer su trabajo sucio. Diría incluso que están haciendo ‘lavado de personas’”, continúa el abogado, a falta de un término más adecuado.
Ghana no respondió a nuestras solicitudes de entrevista. Sin embargo, las autoridades han declarado públicamente que, en nombre del panafricanismo y la solidaridad regional, el país solo aceptaría a ciudadanos de países miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).
Por su parte, el Departamento de Estado explica que el gobierno estadounidense utilizará “todos los medios legales para alejar a las personas que no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos”. Sin embargo, se niega a comentar sus acuerdos e intercambios diplomáticos con terceros países y remite a ICE para las operaciones de expulsión.
“Una forma indirecta de devolución al peligro”
Mike Bochenek, asesor jurídico de Human Rights Watch, ve en el recurso a terceros países una estrategia de los estadounidenses para tratar de eximirse de responsabilidad: “El gobierno utiliza las deportaciones a terceros países para eludir sus obligaciones internacionales, en particular la prohibición de devolver a una persona a un país donde corra peligro”. Una vez que estas personas están fuera de Estados Unidos, la apuesta tácita parece ser que el tercer país terminará, de todos modos, por devolverlas a su país de origen. Por lo tanto, es una forma indirecta de enviarlas de vuelta al peligro”.
Para Mohammed*, un guineano de 23 años, el peligro era volver a ser encarcelado. Y eso fue precisamente lo que le sucedió.
Estudiante de derecho, vivía en Conakry cuando fue detenido en septiembre de 2023. Como activista del RPG, el partido del expresidente Alpha Condé, fue enviado a la cárcel de Kindia, donde cuenta que fue torturado en varias ocasiones. Un certificado médico que hemos consultado da fe de su ingreso en el hospital de Kindia en octubre de 2023. El documento menciona “traumatismos y múltiples hematomas en el rostro y el cuerpo”, como consecuencia de “golpes infligidos durante varios días”.
Un día, según el relato de Mohammed, unos militares se llevaron a varios presos al exterior y le dispararon a uno de ellos. Mohammed aprovechó la confusión para huir hacia la selva. Su familia organizó entonces su partida hacia Estados Unidos, donde vive con uno de sus tíos.
Una vez en Estados Unidos, un juez le otorga protección contra su deportación a Guinea.
Sin embargo, unos meses después, Mohammed es deportado a Ghana. Allí solo permanece 48 horas. Sin pasaporte, sin acceso a un teléfono y en un hotel vigilado constantemente por militares. Cuando pide que le devuelvan su pasaporte y su teléfono, le responden que solo los recuperará una vez que regrese “a su país”.
“Nos dijeron: ‘Todo ya estaba arreglado antes de que llegaran aquí. […] Su destino final será su país. Ese es nuestro acuerdo con los estadounidenses’”.
Dos días después, llevaron a Mohammed a las afueras del aeropuerto y lo presentaron a representantes de la embajada de Guinea en Accra. No opuso resistencia, por miedo, según dice, a que lo maltrataran. Embarcó con destino a Conakry.
Allí, se escondió en casa de una pariente lejana. Luego, lo detuvieron nuevamente. Esta vez lo llevaron a la prisión central de Conakry. Su familia, gracias a sus contactos, logró sacarlo de allí. Ahora vive en un país vecino.
Para Amanda Sullivan, su abogada en Estados Unidos, la rapidez con la que se desarrollaron los hechos sugiere que el regreso de Mohammed a Guinea pudo haberse preparado incluso antes de su salida de Estados Unidos: “Este tipo de traslado lleva tiempo organizarlo. Parece poco probable que se haya podido organizar un traslado a Guinea en tan pocos días. ¿Cómo podrían las autoridades ghanesas haber sabido que debían deportarlo si no se hubiera preparado todo de antemano?”
En cualquier caso, sostiene la abogada, Ghana no puede “considerarse un país seguro” y Estados Unidos, como mínimo, “hizo la vista gorda ante el riesgo de que Mohammed fuera posteriormente deportado a Guinea”.
Por su parte, el gobierno de Ghana justifica esta política en nombre de la “compasión”, el “panafricanismo” y la “solidaridad con los africanos”, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa. “No queremos dejarlos a merced del ICE y de políticas migratorias draconianas. […] Queremos darles la bienvenida, aquí, a su hogar”.
Ghana ha aceptado acoger exclusivamente a personas deportadas originarias de países de la CEDEAO. Según nuestra información, la mayoría ya ha sido devuelta a su país.
“Su estancia en Sierra Leona es ÚNICAMENTE de tránsito”
En algunos países, se asume abiertamente el carácter transitorio de la acogida. Este es el caso, por ejemplo, de Sierra Leona.
Pudimos consultar un documento entregado a las personas a su llegada a Freetown. Un folleto a color titulado “Información para ciudadanos de terceros países en tránsito” no deja lugar a dudas.
En él se lee: “Su estancia en Sierra Leona es ÚNICAMENTE un tránsito, mientras se toman las medidas necesarias para repatriarlo a su país de origen”. O también: “NO ha sido deportado a Sierra Leona como destino final”.
Sin embargo, el documento establece qué debe suceder si la repatriación no se organiza en un plazo de catorce días: el expediente debe remitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores de Sierra Leona, acompañado de un “plan de resolución”.
Este procedimiento se ha encomendado en parte a una empresa privada, Kenvah Solutions (SL) Limited, vinculada mediante un contrato de 12 meses con el gobierno de Sierra Leona, por un monto de 1,5 millones de dólares, y que se presenta como un proveedor de servicios “operativos y humanitarios”.
Su director, Patrick Robin, cuenta con una amplia experiencia en el sector humanitario, especialmente en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cruz Roja de los Estados Unidos y World Vision. Hoy pone esa experiencia al servicio de Kenvah Solutions.
La empresa se encarga de la recepción, el alojamiento temporal, el seguimiento de los expedientes y la organización de las repatriaciones, al tiempo que aclara que las decisiones en materia de asilo, estatus de refugiado y no devolución son competencia de las autoridades de Freetown.
Según nuestra información, las autoridades de Sierra Leona no permitieron que los abogados locales se reunieran con los expulsados. Todos ellos han sido repatriados desde entonces a su país de origen.
Al 8 de septiembre, de las 38 personas expulsadas recibidas por Sierra Leona, las 38 habían sido repatriadas a su país.
Varios periodistas del consorcio, entre ellos RFI, también intentaron viajar a Sierra Leona para entrevistarse con las personas deportadas. La acreditación, que en un principio se había otorgado, fue revocada la víspera de la fecha prevista para nuestra llegada.
Sin embargo, RFI logró contactar por teléfono a uno de ellos. Afirma haber intentado, sin éxito, oponerse a su deportación a Ghana, el país del que había huido tras ser descubierto como homosexual y perseguido por su comunidad. Había recibido protección en Estados Unidos contra su deportación a Ghana. Hoy vive escondido en un país vecino, donde dice temer por su seguridad.
En un comunicado, el gobierno de Sierra Leona afirmó que se tomaba “en serio sus obligaciones internacionales” y que las protecciones otorgadas a los deportados en Estados Unidos no son de su competencia, sino de las autoridades estadounidenses.
Washington toma precauciones. E intenta cubrirse las espaldas. Al menos en el papel.
En la mayoría de los acuerdos que hemos consultado, los países africanos que han aceptado acoger a estos deportados se comprometen a respetar los derechos fundamentales de las personas deportadas, a cumplir con el derecho internacional de los refugiados o con la Convención contra la Tortura. De un documento a otro, se repiten las mismas garantías, a veces palabra por palabra.
En el caso de Sudán del Sur, las comunicaciones revelan incluso que Washington llega a exigir que estos compromisos figuren en la respuesta oficial de las autoridades. En una nota diplomática con fecha del 10 de mayo de 2025, se puede leer lo siguiente: “LANGUAGE TO BE INCLUDED IN THE RESPONSE” / “Frase que debe incluirse en la respuesta”. Y también: “Sudán del Sur tratará a estas personas de manera conforme a sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, en particular las derivadas de la Convención contra la Tortura”.
“Estados Unidos delega sin preocuparse por las consecuencias”
Para la abogada estadounidense Meredith Yoon, especializada en la protección de los derechos de los migrantes, este mecanismo es sintomático de la estrategia de Washington. “Con estos acuerdos, Estados Unidos delega la acogida de estas personas deportadas a otros países, sin preocuparse por las consecuencias”, opina.
En Sudán del Sur, los primeros ocho migrantes transferidos fueron trasladados de inmediato a un complejo de alta seguridad en Juba. Más de cinco meses después de su llegada, algunos de ellos siguen detenidos allí de manera arbitraria, sin contacto con el exterior, sin acceso a sus abogados ni a sus familias.
Un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, publicado en febrero de 2026, tras diez meses de investigación sobre las deportaciones a terceros países, revela que, al menos “en un país, funcionarios estadounidenses dijeron a los investigadores de la Comisión que habían recibido instrucciones de funcionarios de la administración de Trump de no verificar cómo se trataba a las personas deportadas”.
En otras palabras: Estados Unidos establece garantías, las incluye en los acuerdos, pero luego puede que no verifique cómo se cumplen.
La abogada de Nika, Sahar Jalili Pawelski, sigue intentando que se reabra el expediente de su clienta para lograr su regreso a Estados Unidos. Pero su clienta se encuentra ahora en la República Centroafricana, fuera de la jurisdicción estadounidense. Lo cual complica el proceso.
Para Linda Gordon, abogada del Laboratorio de Investigaciones del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, el hecho de entregar a una persona a un tercer país “no hace desaparecer las obligaciones estadounidenses”.
En la práctica, sin embargo, el mecanismo confunde las responsabilidades.
“Estos acuerdos sitúan, en cierto modo, todo esto en una zona que escapa por completo al derecho. Y eso genera muchas ambigüedades en cuanto a las obligaciones de los Estados de acogida en África y en otras regiones del mundo”, opina Laura Bingha, abogada e investigadora especializada en derecho internacional de los refugiados y derechos humanos.
Es precisamente esta zona gris la que permite que el sistema funcione: Estados Unidos transfiere a la persona, el tercer país asume oficialmente su acogida y, entonces, las consecuencias de una posible devolución al país de origen se vuelven más difíciles de atribuir. Para Alma David, abogada y una de las figuras más destacadas en la defensa de los derechos de los migrantes en América del Norte dentro de Novo Legal Group, estas personas se encuentran así en una verdadera “tierra de nadie” jurídica: “El sistema internacional no fue diseñado para esta situación”, en la que las personas son, en esencia, “vendidas a otro país”.
Nota: los nombres seguidos de un * han sido modificados a pedido de los testigos.
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