El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo reservado el recurso contencioso en nulidad interpuesto contra la Resolución núm. 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), una decisión que podría redefinir el alcance de las facultades reglamentarias del órgano electoral respecto a la publicación de encuestas durante los procesos políticos.
En la práctica, la JCE prohibió la publicación de encuestas electorales hasta julio de 2027.
El TSE conoció este martes el expediente relacionado con la impugnación del reglamento aprobado por la JCE el pasado 22 de mayo, mediante el cual se establecen las condiciones para el registro de firmas encuestadoras y las reglas para la difusión de estudios de opinión en materia electoral.
Durante la audiencia, el tribunal dispuso fusionar los expedientes TSE-01-0013-2026 y TSE-01-0014-2026, al considerar que ambos comparten las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa jurídica.
A partir de ahora, el proceso continuará bajo un único expediente y quedará pendiente de la decisión definitiva del órgano jurisdiccional.
Los demandantes piden suspender la aplicación del reglamento
La acción fue presentada por la organización Justicia Sin Fronteras, representada por el abogado Harrison Féliz Espinosa, que solicita la nulidad de la resolución y la suspensión inmediata de las disposiciones impugnadas.
Entre sus pretensiones figura que la JCE se abstenga de aplicar el artículo decimotercero del reglamento, especialmente las disposiciones que podrían impedir o sancionar la publicación de encuestas electorales fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña.
Los accionantes sostienen que la Junta habría incurrido en un exceso de potestad reglamentaria al imponer restricciones que, a su juicio, no están previstas expresamente en la legislación dominicana y que corresponden al ámbito reservado al Poder Legislativo. Además, fundamentan su recurso en criterios establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la necesidad de garantizar procesos electorales transparentes y el libre flujo de ideas en una sociedad democrática.
Un reglamento que ha generado debate político y jurídico
La Resolución 14-2026 ha provocado cuestionamientos desde distintos sectores debido a que regula la publicación de encuestas electorales antes del inicio formal de la precampaña y contempla sanciones para las firmas encuestadoras que incumplan sus disposiciones.
La Junta Central Electoral ha defendido la normativa argumentando que busca preservar la equidad entre los actores políticos, evitar ventajas anticipadas y fortalecer la transparencia del proceso electoral mediante la supervisión de las empresas encuestadoras.
El fallo podría sentar un precedente
La decisión que adopte el Tribunal Superior Electoral tendrá repercusiones sobre la regulación de las encuestas electorales y sobre los límites de la potestad normativa de la JCE de cara a los próximos procesos electorales.
Además de definir la validez del reglamento, el fallo podría establecer criterios sobre el equilibrio entre las facultades administrativas del órgano electoral y las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de información y de expresión en el ámbito político.
La Resolución núm. 14-2026 fue aprobada por la Junta Central Electoral el 22 de mayo de 2026 con el propósito de reglamentar el registro de las empresas encuestadoras y la publicación de estudios de opinión electoral.
Su contenido ha generado un amplio debate entre juristas, actores políticos y especialistas en materia electoral sobre los límites de la regulación administrativa y la libertad de difusión de información durante los períodos preelectorales.
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