El Decreto 309-26 dio seis meses a una comisión ejecutiva para entregar el anteproyecto de una nueva ley de educación. El plazo establecido venció el 6 de noviembre, y el ministro Rafael Santos Badía espera someterlo al Congreso este mes. Mientras tanto, en Bonao, una seccional de la ADP anunció que despacharía a los estudiantes a las 12:30 los viernes, una medida que, según la jornada escolar, podría reducir significativamente el tiempo de docencia. Ambas noticias conviven sin tocarse, y esa distancia resume el problema.

Tras décadas de diagnósticos, planes y reformas, la educación dominicana sigue enfrentando una dificultad decisiva: convertir los compromisos asumidos en prácticas sostenidas y mejores aprendizajes. La discusión sobre la nueva Ley de Educación debería comenzar por ahí.

No es la primera vez que el país asume compromisos ambiciosos. Desde 2013 destina el 4 % del PIB a la educación preuniversitaria, en 2014 firmó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa y luego proclamó una "revolución educativa". Aun así, la Consulta Nacional que precedió al anteproyecto identificó el bajo nivel de aprendizaje como el principal desafío, según el 59 % de los participantes, y PISA 2025 lo confirma: solo el 9 % de los estudiantes alcanza el nivel básico en matemáticas.

Samuel Conde, expresidente de EDUCA, propone definir primero qué país queremos construir y qué capacidades necesitamos desarrollar, antes de reorganizar instituciones. Julio Leonardo Valeirón, exdirector del IDEICE, reclama una cultura del aprendizaje sustentada en disciplina, rigor y responsabilidad. Radhamés Mejía, director del CIEDHUMANO de la PUCMM, insiste en un sistema capaz de evaluar, aprender y corregirse. Son aportes complementarios: visión de futuro, capacidad de cumplimiento y mejora continua.

El calendario escolar no es una formalidad. Según PISA 2025, alrededor de la mitad de los estudiantes dominicanos declaró haber faltado al menos un día de clases en las dos semanas anteriores a la prueba, frente al 22 % en la OCDE. Según la presentación de Valeirón, un 40 % reportó ruido y desorden en la mayoría o todas sus clases de Ciencias. Son respuestas estudiantiles, no registros administrativos, pero obligan a mirar la asistencia y las condiciones reales de aprendizaje.

Proteger el tiempo escolar es una responsabilidad compartida de las autoridades, los centros, los docentes, las familias y las organizaciones gremiales; tampoco el Ministerio puede tratar las horas de enseñanza como disponibles para reuniones, actos o trámites. Y cumplir horas no basta: cada docente debe dominar el currículo y su planificación, los directores deben acompañar y supervisar pedagógicamente, y el Ministerio debe proporcionar condiciones y apoyo. Importa distinguir entre tiempo programado, tiempo efectivamente enseñado, calidad de la enseñanza y aprendizajes alcanzados.

La Constitución garantiza el derecho a una educación de calidad (artículo 63), y el artículo 138 de la Ley 66-97 ya exige a los docentes cumplir el calendario y el horario. No es una preocupación aislada: entre sus prioridades, EDUCA incluye cumplir rigurosamente el calendario y el horario escolar. Hacer respetar los horarios, supervisar la planificación y corregir interrupciones injustificadas corresponde, ante todo, a la gestión institucional. Una nueva ley no debería limitarse a reiterar deberes, sino identificar qué obstáculos requieren realmente una respuesta legislativa.

La reforma debería fortalecer garantías permanentes de rendición de cuentas: responsabilidades claramente asignadas, publicación periódica de indicadores sobre asistencia, tiempo efectivo de enseñanza y resultados educativos, y mecanismos verificables para corregir incumplimientos. También debe examinarse cómo asegurar direcciones escolares profesionalizadas, con autonomía, acompañamiento y evaluación. Todo ello, sin multiplicar trámites que resten tiempo a la enseñanza.

Esas decisiones requieren información confiable y desagregada. El debate sobre educación inicial, examinado por David Lapaix, muestra por qué: no es lo mismo población no atendida que matrícula o demanda efectiva, y la diferencia cambia según el territorio. Herramientas existen, como el SIGERD, pero funcionan por separado, y el BID calificó de incipiente nuestro sistema de información educativa. En plena era de la inteligencia artificial, no se justifica que el ministerio de mayor presupuesto del Estado no sepa, escuela por escuela, si se imparten las clases previstas y se cumple el programa de estudio. La ley debería obligar a integrarlas en un sistema que recoja datos desde cada centro, compare escuelas de contextos similares y alimente la mejora continua.

Valeirón invita a investigar las excepciones positivas y Mejía destaca las escuelas que desafían el promedio: hay que estudiar sus prácticas, documentarlas, adaptarlas y evaluarlas antes de extenderlas. La evaluación docente debería servir al mismo propósito, orientando formación pertinente, acompañamiento en el aula y mejoras comprobables.

Nada de esto agota los fines de la educación. Como plantea Conde, la formación debe articularse con el desarrollo científico, tecnológico y productivo; pero educar es también formar ciudadanos capaces de razonar, cuestionar con respeto, convivir y contribuir al bien común.

Cada disposición de la nueva ley debería responder cuatro preguntas: ¿qué resultado educativo persigue?, ¿qué obstáculo concreto pretende superar?, ¿quién será responsable de ejecutarla?, ¿cómo se comprobará su cumplimiento?

Una ley vale cuando se cumple. La de educación no pasará su prueba en el Congreso, sino en cada aula y cada día de clase: allí el derecho a aprender debe dejar de ser una promesa.

Giovanni D'Alessandro

Ingeniero Industrial

Ingeniero Industrial, Maestría Administración de Empresas Esposo y padre de tres profesionales Activista social y asiduo tuitero

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