El 7 de agosto de 2026, una decisión judicial en Nuevo México, Estados Unidos, volvió a colocar a las redes sociales en el centro de una discusión que hasta hace poco parecía limitarse a padres preocupados, psicólogos y profesores. Un juez ordenó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, destinar 567 millones de dólares a un fondo para la prevención y tratamiento de problemas de salud mental entre adolescentes. La decisión se sumó a una sanción anterior de 375 millones de dólares, elevando el costo total para Meta en ese estado a 942 millones.
Pero probablemente lo más importante de la sentencia no sea el dinero.
El juez Bryan Biedscheid concluyó que Facebook e Instagram habían contribuido a crear un “public nuisance”, una amenaza o perjuicio colectivo, al utilizar diseños capaces de generar comportamientos adictivos entre jóvenes y al no protegerlos adecuadamente frente a determinados riesgos, incluida la explotación sexual. Meta ha rechazado esas acusaciones y anunció que apelará.
Mientras tanto, la sentencia obliga a introducir cambios concretos en Nuevo México. Los menores de 18 años no podrán utilizar Facebook e Instagram más de 90 horas mensuales, alrededor de tres horas diarias. Las notificaciones deberán desactivarse durante la noche y en horario escolar, habrá mayores controles de edad y los padres deberán autorizar determinadas funcionalidades. También se restringen las interacciones sexualizadas de chatbots con menores.
No es un caso aislado.
En marzo, un jurado de California declaró responsables a Meta y Google, propietaria de YouTube, en el primer gran juicio estadounidense relacionado con el diseño adictivo de las redes sociales y sus efectos sobre menores. La indemnización fue mucho menor, seis millones de dólares, pero el precedente jurídico fue importante. Y el próximo 12 de agosto comienza en California otro proceso, esta vez promovido por 29 estados norteamericanos, sobre la recopilación de datos de menores, diseños presuntamente adictivos y las declaraciones de Meta sobre la seguridad de sus productos.
Lo que estamos viendo, por tanto, no es simplemente una discusión sobre cuánto tiempo deberían pasar nuestros hijos frente al teléfono. Está comenzando a cambiar la manera en que gobiernos y tribunales entienden la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas.
El mundo empieza a cambiar de opinión
Australia dio el paso más radical. Desde diciembre de 2025, las plataformas afectadas por la legislación tienen que impedir que los menores de 16 años mantengan cuentas en redes sociales. La obligación recae sobre las empresas, no sobre los niños o sus padres.
El Reino Unido ha decidido avanzar en una dirección similar. Después de una consulta nacional, anunció que a partir de la primavera de 2027 los menores de 16 años dejarán de poder utilizar determinadas redes sociales. La Unión Europea también está endureciendo su postura, aunque por una vía diferente. En lugar de imponer por ahora una prohibición general, la Comisión Europea está construyendo un sistema común de verificación de edad para todos los Estados miembros y prepara la futura Digital Fairness Act, que limitará prácticas de diseño adictivo y reforzará la protección de los menores frente a las grandes plataformas digitales. Paralelamente, varios países europeos, entre ellos Francia, España y Dinamarca, ya están impulsando restricciones nacionales más estrictas para el acceso de menores a las redes sociales. Francia acaba de aprobar una prohibición para menores de 15 años, que comenzará a aplicarse en septiembre de 2026.
Y existe otro fenómeno que recibe menos atención: la desaparición progresiva del teléfono móvil de las aulas. Según UNESCO, 114 sistemas educativos, equivalentes al 58% de los países del mundo, ya cuentan con prohibiciones nacionales del uso de teléfonos móviles en las escuelas. En junio de 2023 eran apenas el 24%.
¿Por qué este cambio tan rápido?
Hasta ahora, buena parte de la discusión se concentraba en los posibles efectos de las redes sobre la salud mental: ansiedad, depresión, autoestima, bullying, imágenes corporales irreales, contenido sexual o violento y adicción.
Una nueva investigación italiana añade otro elemento mucho más fácil de medir: el aprendizaje.
Seis meses menos de aprendizaje
Investigadores de la Universidad de Milano-Bicocca publicaron a principios de agosto en Nature Human Behaviour un estudio longitudinal con 5,227 estudiantes del norte de Italia.
Su gran ventaja respecto de muchos estudios anteriores es que no se limita a preguntar cuánto utilizan los jóvenes TikTok, Instagram o Snapchat y comparar después sus notas.
Los investigadores reconstruyeron cuándo habían abierto los alumnos su primera cuenta personal de redes sociales y vincularon esta información con los resultados que esos mismos estudiantes habían obtenido durante años en las pruebas nacionales estandarizadas INVALSI de italiano, matemáticas e inglés.
Los números muestran, en primer lugar, lo temprano que empieza todo.
Un 11.2% ya había creado una cuenta durante la escuela primaria; otro 29.5% lo hizo durante el sexto grado, 25% durante el séptimo y 18% durante el octavo. Apenas 16.3% esperó hasta noveno grado, la edad a partir de la cual la legislación italiana permite el acceso autónomo. Los investigadores compararon posteriormente a los jóvenes que empezaron en sexto, séptimo u octavo grado con aquellos que esperaron hasta noveno o más tarde.
El resultado es difícil de ignorar.
Los estudiantes que comenzaron a utilizar redes sociales en sexto grado terminaron octavo aproximadamente 0.22 desviaciones estándar por debajo en italiano y 0.18 en matemáticas respecto de quienes esperaron. En décimo grado la diferencia seguía siendo 0.22 en italiano y había aumentado a 0.27 en matemáticas. Los propios investigadores ponen esas cifras en perspectiva: en educación, un impacto de 0.2 desviaciones estándar ya se considera considerable. Utilizando como referencia que 0.4 desviaciones equivale aproximadamente a un año escolar, la diferencia observada representa alrededor de seis meses de aprendizaje.
Hay otra comparación todavía más llamativa. El impacto negativo asociado a comenzar temprano con las redes sociales equivale aproximadamente al 30% de la brecha educativa que en la muestra separaba a niños cuyos dos padres tenían educación universitaria de aquellos cuyos padres no habían completado secundaria. Y la pérdida de competencias equivale aproximadamente a la mitad del efecto positivo que normalmente se consigue mediante programas intensivos —y costosos— de tutoría académica.
Es decir: primero invertimos recursos en mejorar la educación y después podemos estar entregando parte de ese avance al teléfono que el niño lleva en el bolsillo.
El problema quizá no sea solamente lo que miramos
La pregunta inmediata es por qué ocurre.
Aquí conviene evitar una conclusión demasiado fácil. El estudio no demuestra que ver determinados videos reduzca automáticamente nuestra inteligencia. De hecho, los investigadores encontraron algo curioso: el efecto negativo no apareció de manera estadísticamente significativa en inglés. Incluso plantean como hipótesis que la enorme cantidad de contenido en inglés disponible en internet podría generar cierto aprendizaje informal.
El problema parece encontrarse en otra parte: la atención.
Los investigadores analizaron lo que denominan smartphone pervasiveness: hasta qué punto el teléfono invade momentos esenciales de nuestra vida. Revisarlo al despertar. Antes de dormir. Mientras hacemos las tareas. Durante una clase. Interrumpir una actividad porque llega una notificación.
Cuanto mayor era esa presencia invasiva del teléfono, peores eran los resultados posteriores en italiano y matemáticas. Estadísticamente, este factor podría explicar entre 33% y 47% del efecto observado en matemáticas y entre 15% y 34% en italiano.
Esto cambia ligeramente la discusión.
Tal vez no deberíamos preguntarnos únicamente qué contenido consumen nuestros hijos. También deberíamos preguntarnos qué actividades está desplazando ese consumo.
Leer veinte páginas sin interrupciones. Resolver un problema matemático durante quince minutos. Escuchar al profesor. Dormir. Aburrirse. Conversar. Practicar deporte. Simplemente pensar sin que cada treinta segundos aparezca un nuevo estímulo.
La economía de las redes sociales está construida precisamente alrededor de una mercancía escasa: nuestra atención.
Y la atención de un niño también tiene valor económico.
¿Y en República Dominicana?
Aquí necesitamos ser rigurosos.
No encontré un estudio dominicano reciente comparable al italiano que permita afirmar cuántos adolescentes utilizan redes sociales, a qué edad comenzaron y qué efecto tiene ese uso sobre sus resultados académicos. Es precisamente una investigación que valdría la pena realizar.
Tampoco podemos deducir el número de menores conectados simplemente contando líneas celulares. Un adolescente puede utilizar Wi-Fi, una tableta, el teléfono de sus padres o un dispositivo sin tener un contrato móvil a su nombre.
Pero los datos disponibles dejan pocas dudas sobre la dimensión del ecosistema digital dominicano.
A finales de 2025, República Dominicana tenía según Dataportal 10.5 millones de usuarios de internet, equivalentes al 91% de la población, y aproximadamente 7.89 millones de identidades activas en redes sociales, equivalentes al 68.3% de todos los habitantes.
El dato dominicano sigue siendo extraordinariamente relevante por otra razón: tenemos una penetración de internet del 91% y una población relativamente joven —la edad mediana es apenas 28.3 años. El ecosistema necesario para que niños y adolescentes estén constantemente conectados ya existe.
Y ya hemos visto señales locales de los riesgos. ENHOGAR 2022, por ejemplo, registró que entre los dominicanos de 15 a 24 años un 6.7% había sido víctima de ciberacoso y un 5.9% de hackeo de redes sociales.
No sabemos todavía si un niño dominicano que abre Instagram o TikTok a los once años pierde seis meses de aprendizaje. Pero después del estudio italiano tampoco deberíamos asumir tranquilamente que no ocurre.
Las redes sociales no son el enemigo
Sería igualmente equivocado demonizar la tecnología.
Las redes sociales permiten mantener relaciones a distancia, descubrir comunidades con intereses similares, aprender idiomas, acceder a información y conocimiento, desarrollar creatividad, conocer otras culturas y dar voz a personas que anteriormente difícilmente podían participar en el debate público.
Para un adolescente aislado, una comunidad digital puede incluso convertirse en una importante fuente de apoyo. Y para alguien curioso, YouTube, Instagram o TikTok pueden ser extraordinarios instrumentos de aprendizaje.
El problema no es que existan.
El problema aparece cuando un producto diseñado deliberadamente para maximizar nuestra permanencia en una pantalla compite por la atención de un cerebro que todavía está desarrollando sus mecanismos de autocontrol.
Por eso quizá debemos dejar atrás la falsa elección entre prohibir completamente las redes sociales o permitirlas sin restricciones.
Retrasar no significa prohibir
La conclusión que más me llama la atención del estudio italiano es sencilla: la edad importa.
Los efectos eran mayores cuanto antes comenzaban los niños a utilizar redes sociales y persistían años después. Esperar hasta los 14 o 15 años no produjo posteriormente una desventaja académica cuando esos jóvenes finalmente comenzaron a utilizarlas. Al contrario: los resultados cuestionan precisamente el argumento frecuente de que retrasar el acceso dejará al niño socialmente o digitalmente rezagado.
Eso debería hacernos pensar también en República Dominicana.
No necesariamente necesitamos mañana una ley idéntica a la australiana. Pero sí deberíamos empezar una conversación mucho más seria entre padres, colegios, autoridades y empresas tecnológicas.
Retrasar la primera cuenta personal hasta los 14, 15 o incluso 16 años merece ser considerado. Los teléfonos deberían desaparecer durante las clases salvo cuando exista una razón pedagógica concreta para utilizarlos. Las tareas escolares deberían realizarse sin notificaciones de TikTok, Instagram o WhatsApp apareciendo cada pocos minutos. Y el teléfono probablemente no tiene nada que hacer al lado de la cama de un niño durante la noche.
Los padres, además, tenemos que aceptar una responsabilidad incómoda. Resulta difícil exigir a un adolescente que deje el teléfono mientras nosotros revisamos Instagram durante la cena. La educación digital empieza también con nuestro propio comportamiento.
Los colegios deberían enseñar no solamente cómo utilizar herramientas digitales, sino cómo funcionan los algoritmos que compiten por nuestra atención, cómo reconocer manipulación, desinformación y contenido generado artificialmente, y cómo desarrollar hábitos digitales saludables.
Y las plataformas deberían asumir una responsabilidad mucho mayor en verificar edades, limitar diseños adictivos y proteger automáticamente a los menores, en lugar de trasladar toda esa responsabilidad a las familias.
Finalmente, República Dominicana debería medir el fenómeno. Una futura ENHOGAR u otra encuesta nacional podría preguntar a niños y adolescentes cuándo obtuvieron su primer smartphone, cuándo abrieron su primera cuenta de redes sociales, cuánto y cuándo las utilizan y relacionar posteriormente esos datos con indicadores educativos y de bienestar.
Porque gestionar lo que no medimos siempre resulta difícil.
Durante años pensamos que permitir temprano el acceso a las redes sociales simplemente preparaba mejor a nuestros hijos para un mundo digital.
La nueva evidencia nos obliga a considerar otra posibilidad.
Quizá una de las mejores maneras de preparar a nuestros hijos para el mundo digital sea enseñarles primero a vivir, aprender y pensar sin que un algoritmo reclame permanentemente su atención.
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