Cuando una nación deja de formar ciudadanos

Las naciones no se sostienen únicamente por su crecimiento económico, sus carreteras o sus cifras de inversión extranjera. Tampoco sobreviven gracias a la simple celebración periódica de elecciones. Lo que realmente mantiene en pie a una república es algo mucho más difícil de construir: una ciudadanía consciente de que existe un destino común.

Esta idea me ha acompañado durante años mientras observo sociedades europeas y latinoamericanas. Mi hipótesis es sencilla: la diferencia fundamental entre unas y otras no radica tanto en su riqueza como en la capacidad de producir ciudadanos. Allí donde las instituciones logran formar ciudadanos, la democracia encuentra un suelo firme. Allí donde solo existen individuos obligados a sobrevivir por cuenta propia, el Estado termina convirtiéndose en un escenario donde distintos grupos compiten por obtener ventajas particulares.

La ciudadanía no nace con el certificado de nacimiento. Es una construcción cultural. Requiere educación, respeto por la ley, instituciones previsibles y, sobre todo, la convicción de que cumplir las reglas produce beneficios reales para todos.

Cuando esa convicción desaparece, comienza a instalarse una lógica distinta: el "sálvese quien pueda".

La República Dominicana parece avanzar peligrosamente hacia ese paradigma. No porque carezca de crecimiento económico ni porque su población sea menos capaz, sino porque el incentivo cotidiano para actuar como ciudadano es extremadamente débil. Si el que cumple la ley siente que pierde frente al que la viola; si el esfuerzo honesto parece menos rentable que el clientelismo, la influencia política o la corrupción; si las instituciones funcionan de manera desigual, entonces el comportamiento racional deja de ser cooperar y pasa a ser sobrevivir.

La sociología denomina este fenómeno anomia. Émile Durkheim utilizó este concepto para describir sociedades donde las normas dejan de ser referentes morales porque la población percibe que nadie las respeta realmente. En esas condiciones la desconfianza se convierte en la regla.

Ya no se desconfía únicamente del Estado. También se desconfía del vecino, del comerciante, del funcionario, del empresario e incluso del propio sistema democrático.

El resultado no suele ser un colapso espectacular. Es mucho más silencioso.

El primer síntoma es la privatización progresiva de la vida pública. Quien puede pagar, abandona los servicios colectivos. Vive en residenciales cerrados, contrata seguridad privada, envía a sus hijos a colegios privados, paga clínicas privadas y produce su propia electricidad. El espacio público deja entonces de ser una preocupación compartida.

Surgen así dos países que apenas se encuentran.

Uno compra soluciones.

El otro espera que algún día el Estado funcione.

Mientras tanto, la idea de nación comienza lentamente a diluirse.

Cuando el proyecto común desaparece, aparecen las llamadas "islas de poder". Grupos económicos, redes clientelares, corporaciones políticas y distintos intereses particulares ocupan los espacios que las instituciones dejan vacíos. Las leyes ya no buscan organizar el desarrollo nacional, sino repartir cuotas de influencia entre quienes controlan parcelas del poder.

En ese contexto resulta ingenuo esperar grandes reformas desde las propias élites.

Desde la teoría de juegos, el incentivo simplemente no existe.

¿Por qué invertir en una educación que forme ciudadanos críticos si un electorado dependiente resulta mucho más fácil de administrar? ¿Por qué fortalecer un Estado de Derecho que terminaría limitando los privilegios de quienes hoy dominan el sistema? ¿Por qué mejorar los servicios públicos cuando la precariedad alimenta mercados privados extraordinariamente rentables?

El desorden, lejos de ser un accidente, puede convertirse en un equilibrio funcional para quienes obtienen beneficios de él.

Naturalmente, este tipo de sociedades no permanecen inmóviles.

Generalmente evolucionan hacia tres escenarios.

El primero consiste en la emigración como proyecto nacional no declarado. Los jóvenes mejor preparados dejan de pensar cómo transformar su país y comienzan a pensar cómo abandonarlo. Las remesas terminan compensando parcialmente las debilidades estructurales, mientras el país pierde precisamente el capital humano que podría impulsar las reformas.

El segundo escenario es el estancamiento permanente. Nada colapsa completamente, pero nada mejora de manera decisiva. El crecimiento económico convive con instituciones débiles, baja confianza social y enormes desigualdades. La sociedad aprende a adaptarse al deterioro y convierte la resignación en una forma de estabilidad.

Existe, finalmente, un tercer escenario.

Las sociedades agotadas por el desorden suelen comenzar a buscar salvadores. Cuando la democracia parece incapaz de garantizar seguridad, justicia y reglas claras, la promesa de la "mano dura" adquiere una enorme fuerza política. La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de ciudadanos dispuestos a sacrificar libertades a cambio de una sensación inmediata de orden.

Paradójicamente, casi nunca resuelve el problema de fondo.

Porque el verdadero problema nunca fue únicamente el crimen, la corrupción o la ineficiencia administrativa.

El problema era la ausencia de ciudadanos.

Una ciudadanía sólida no surge de campañas publicitarias ni de discursos patrióticos. Nace cuando el individuo descubre, a través de su experiencia cotidiana, que respetar la ley produce beneficios concretos: una escuela pública que funciona, un hospital digno, una justicia previsible, calles seguras y autoridades que responden por igual ante todos.

Solo entonces el interés individual comienza a coincidir con el interés colectivo.

Mientras eso no ocurra, el "sálvese quien pueda" seguirá siendo la estrategia racional de millones de personas.

La gran pregunta, por tanto, no es si la República Dominicana seguirá creciendo económicamente. Probablemente lo hará. Tampoco si continuará atrayendo turismo o recibiendo remesas.

La verdadera pregunta es mucho más profunda.

¿Puede una nación sostener indefinidamente su desarrollo cuando deja de producir ciudadanos y comienza a producir únicamente sobrevivientes?

Quizá ahí resida el desafío más importante del siglo XXI para la República Dominicana. No construir más carreteras, más hoteles o más edificios, sino reconstruir el vínculo invisible que convierte a una población en una comunidad política.

Porque las naciones no mueren cuando se empobrecen.

Empiezan a desaparecer cuando sus habitantes dejan de creer que existe algo llamado bien común.