Hay algo que me preocupa mucho más que los números de las encuestas,  los vitoreados porcentajes de aprobación presidencial o las disputas entre el sistema de partidos del país: el silencio de una sociedad que parece estar acostumbrándose a vivir inconforme.

Me preocupa la aparente indiferencia de una población que enfrenta cada vez más aumentos en el costo de la vida, alta facturación eléctrica, combustibles caros, apagones, problemas de agua, presión tributaria (impuestos), inseguridad y denuncias de corrupción, pero que parece haber perdido buena parte de aquella capacidad de indignación que históricamente caracterizó al pueblo dominicano.

¿Dónde están las protestas?, ¿Dónde están las huelgas?, ¿Dónde están las movilizaciones populares propuestas por los grupos sociales?

¿Dónde quedó aquella sociedad que salía a las calles cuando consideraba que un gobierno se excedía, incumplía sus promesas o tomaba decisiones que iban en contra del interés colectivo?

No es que debamos vivir permanentemente en las calles. Tampoco que toda decisión de palacio deba convertirse en motivo de protesta. Pero resulta preocupante que problemas que afectan directamente el bolsillo, la tranquilidad y la calidad de vida de millones de dominicanos parecen encontrar cada vez menos resistencia.

Entonces, ¿El país se está acostumbrando a vivir mal o sencillamente ha dejado de reaccionar?

Del pueblo que protestaba al pueblo que aguanta

Las luchas sociales forman parte de la historia de la República Dominicana. Las protestas por el alto costo de la vida, las reivindicaciones laborales, los apagones, los combustibles y las políticas económicas han formado parte de nuestra historia democrática.

Sin embargo, hoy parece existir una especie de anestesia colectiva.

Suben los combustibles y nos quejamos en las redes sociales. Aumenta la factura eléctrica y publicamos una fotografía del recibo. Se producen apagones y compartimos nuestra indignación por unas horas. Los alimentos siguen encareciendo y nos limitamos a comentar que el dinero no alcanza.

Y después, nada.

El curso de la vida continúa como si se tratara de una situación inevitable, como si el ciudadano tuviera que aceptar que vivir con dificultades es parte de su destino.

Nos hemos convertido en expertos en quejarnos, pero al mismo tiempo enviamos el mensaje de que estamos perdiendo la capacidad de reclamar.

Una sociedad que se limita a comentar sus problemas,renunciando a exigir soluciones por las vías que permite su democracia, termina convirtiéndose en espectadora de su propio deterioro.

¿Qué pasó con las promesas y los discursos de la oposición?

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegó al poder bajo una discurso de cambio, transparencia, institucionalidad, lucha contra la corrupción y defensa de los intereses ciudadanos.

Desde la acera de la oposición, el discurso del PRM era particularmente crítico acérrimo frente a determinadas o a todas las iniciativas de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezados por Danilo Medina y el hoy presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández.

Se cuestionaban los aumentos, las cargas económicas, las deficiencias de los servicios públicos y las prácticas que consideraban contrarias al interés nacional.

Pero en estos seis años de gobierno, encontramos decisiones, contradicciones y situaciones que merecen ser examinadas con la misma severidad y energía con la que ellos cuestionaban a sus antecesores.

No podemos jugar a la práctica de una coherencia política selectiva.

Lo que estaba mal antes debe seguir estando mal ahora. Y lo que se exigía desde la oposición debe ser exigible desde el poder.

La política no puede ser un ejercicio de conveniencia donde los principios cambian dependiendo de quién ocupa la sede de gobierno.

El bolsillo dominicano está bajo presión

El dominicano sale a trabajar, paga transporte, compra alimentos, paga electricidad, agua, alquiler, educación etc. Al final del mes, una parte importante de los ingresos desaparece antes de que llegue el próximo día de pago.

La canasta familiar representa una carga cada vez más difícil para numerosos hogares del país.

Los combustibles inciden directamente en el transporte y en los precios de los productos, pues impacta toda la cadena de producción de una sociedad.

La alta factura eléctrica se ha convertido en una preocupación recurrente, especialmente cuando el ciudadano está obligado a pagar un servicio que no siempre recibe con la calidad y la estabilidad que demanda un país en desarrollo.

Y cuando llegan los apagones, la mayoría de las familias deben buscar de manera también obligatoria, soluciones alternativas: inversores, baterías, plantas y combustible.

Una realidad en la que el ciudadano termina pagando para compensar las deficiencias de un servicio que ya está pagando.

¿Hasta cuándo?

¿En qué momento dejamos de exigir que los servicios públicos funcionen como corresponde?

¿En qué momento aceptamos que pagar más y recibir menos se convierta en algo normal?

Es un ciclo donde la presión económica continúa acumulándose sobre los mismos sectores que tienen menos capacidad para defenderse.

¿Será que estamos padeciendo el síndrome del «no importismo»?

Estamos ante una especie de resignación social en la que el ciudadano observa cómo se deterioran determinadas condiciones de su entorno, reconoce que las cosas no están bien, se queja, protesta verbalmente, pero termina aceptando que nada puede hacer para cambiar la situación.

El famoso “mientras yo pueda resolver lo mío, no me importa lo demás”, es muy peligroso.

Cuando una sociedad comienza a preocuparse por resolver sus problemas individuales abandonando las causas colectivas, pierde una de sus principales herramientas de defensa frente al poder.

El individualismo termina sustituyendo la solidaridad  y la resignación sustituye la exigencia.

No se trata de afirmar que los dominicanos no protestan porque todos estén satisfechos. Hay muchas razones que pueden explicar la ausencia de movilizaciones: agotamiento económico, desconfianza en los dirigentes sociales, temor a perder el empleo y la división de las organizaciones populares.

¿Y dónde están los que antes encabezaban las luchas?

También hay que mirar hacia los movimientos sociales, las organizaciones populares, los sindicatos, los gremios profesionales y los sectores que históricamente han asumido la defensa de las reivindicaciones ciudadanas.

¿Se han convertido algunas de estas organizaciones en estructuras demasiado cercanas o captadas por el poder político?

La sociedad necesita voces independientes, organizaciones capaces de reclamar sin pedir permiso y ciudadanos dispuestos a defender sus derechos sin importar quién gobierne.

Recuperar la capacidad de indignarnos

No es un llamamiento a la violencia, al desorden ni a provocar  inestabilidad. Se trata del derecho y un recordatorio de que una sociedad no puede acostumbrarse a lo que está mal.

Protestar pacíficamente es un derecho. Exigir transparencia es un derecho. Reclamar servicios públicos dignos es un derecho.

Cuestionar los aumentos que afectan la economía familiar es un derecho. Pedir explicaciones al Gobierno es un deber ciudadano.

Nuestro país no necesita una sociedad que aplauda todo lo que hace el Gobierno, pero tampoco una que se oponga a todo por razones partidarias.

Necesita ciudadanos críticos, informados, exigentes y conscientes de que los gobiernos son administradores temporales del poder, no propietarios de la voluntad popular.

No podemos permitir que la resignación se convierta en cultura, que la indiferencia se convierta en identidad y mucho menos que la conveniencia partidaria sustituya la conciencia ciudadana.

Henry A. Pujols F.

Abogado

Cofundador del portal de noticias Ocoaenred.com

Ver más