El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, plantea la necesidad de una reforma fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su preocupación tiene fundamento, el Estado necesita recursos para cumplir sus compromisos. Sin embargo, debemos entender que una reforma fiscal no es necesariamente una reforma tributaria. No todo se resuelve creando impuestos o aumentando los existentes.
En momentos en que los combustibles presionan los costos del transporte, los alimentos y los servicios, aumentar la carga tributaria podría afectar aún más el poder adquisitivo de la clase media y de los sectores más vulnerables. Una reforma que mejora las cuentas del Gobierno, pero deteriora la economía familiar, merece una profunda revisión.
Antes de pedir nuevos sacrificios a los contribuyentes, el Estado debe revisar la calidad del gasto público, eliminar duplicidades institucionales, controlar los gastos innecesarios y mejorar la eficiencia de las compras y contrataciones. No se trata de reducir servicios esenciales, sino de garantizar que cada peso recaudado produzca beneficios reales para la población.
Otro aspecto fundamental es enfrentar las pérdidas del sector eléctrico, combatir la evasión fiscal y revisar las exenciones que no generan beneficios económicos y sociales comprobables. También debemos mejorar la administración de la deuda pública, cuyos intereses consumen una parte importante de los ingresos del Estado. Ahí existen oportunidades que deben cuantificarse antes de imponer nuevas cargas.
Asimismo, necesitamos ampliar la formalización empresarial, facilitar el cumplimiento tributario y promover inversiones que generen empleos y crecimiento económico. Una economía que produce más, genera mejores salarios y amplía su base de contribuyentes puede fortalecer las recaudaciones sin depender exclusivamente de aumentos impositivos.
La República Dominicana necesita una reforma fiscal integral, no simplemente una reforma para recaudar más impuestos. El Gobierno debe demostrar cuánto puede ahorrar, cuánto puede recuperar de la evasión y cuánto necesita realmente. Porque antes de exigirle más dinero al ciudadano, el Estado debe demostrar que administra eficientemente el que ya recibe. La responsabilidad fiscal comienza también por la calidad del gasto público.
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