La felicidad suele asociarse al amor, la familia y la realización personal. También está presente en aspiraciones sencillas: vivir sin miedo, encontrar un empleo digno, recibir atención médica o ver a nuestros hijos estudiar. Su búsqueda tiene una dimensión colectiva. Cuando la pobreza, la discriminación o los privilegios condicionan las oportunidades, hablar de felicidad exige hablar de justicia social.
En un mundo convulsionado por guerras, violencia, desigualdades e incertidumbre, esta reflexión resulta necesaria. Desde París y Milán hasta Madrid, Barcelona y Asunción, con sus distintas realidades, una pregunta nos interpela: ¿cómo construir sociedades donde vivir con dignidad sea una posibilidad compartida? Ninguna ciudad, por próspera que parezca, puede dar por resueltas las exigencias de justicia, convivencia y bienestar.
Estas inquietudes acompañaron nuestra participación en el IX Congreso de la Red de Másteres y Doctorados de la Universidad del País Vasco, celebrado en la Universidad Rafael Landívar, en Antigua Guatemala. Nuestra ponencia, “De la igualdad proclamada a la igualdad vivida”, propuse un desafío compartido: convertir las promesas constitucionales en experiencias cotidianas de dignidad, libertad y participación.
La obra de Anne Carson, galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026, invita a explorar el amor, el deseo y la pérdida. Su sensibilidad ante la fragilidad humana permite recordar que detrás de cada estadística existe una vida. Encontrar sentido en la adversidad merece respeto; superar dificultades personales, sin embargo, no debe convertirse en una exigencia que excuse la permanencia de condiciones injustas.
La fortaleza individual no releva al Estado de sus responsabilidades. A quien carece de alimentación, vivienda o salud debemos ofrecerle respuestas, respeto y oportunidades. Una democracia comprometida con las personas crea condiciones para que cada cual construya su proyecto de vida. Reconocer la diversidad y comprender que el bienestar también requiere tiempo para cuidar, descansar y compartir.
Milton Ray Guevara ha defendido la Constitución como instrumento para buscar la felicidad. Esta perspectiva acerca el derecho a las preocupaciones de la gente. Nuestra Carta Magna ofrece fundamentos claros: el artículo 7 establece el Estado social y democrático de derecho, mientras el artículo 8 vincula la protección de los derechos y la dignidad con la libertad individual y la justicia social.
Los artículos 38 y 39 completan este compromiso al reconocer la dignidad humana y la igualdad. Sus disposiciones demandan actuaciones que permitan ejercer los derechos efectivamente. Para una madre que reclama alimentos, una persona con discapacidad o un joven que busca estudiar, la Constitución adquiere sentido cuando las instituciones responden y las barreras comienzan a desaparecer.
La reflexión de Vilfredo Pareto sobre la circulación de las élites permite examinar la renovación de quienes ocupan posiciones de poder. Desde una perspectiva democrática, ese relevo debe acompañarse de transparencia, responsabilidad y apertura. El cambio de nombres y apellidos resulta insuficiente cuando permanecen prácticas que reservan las oportunidades a determinados círculos familiares, económicos o partidarios.
En este contexto, es válido reconocer el aporte del presidente Luis Abinader al fortalecimiento institucional de la justicia, al proponer a Yeni Berenice Reynoso, integrante de la carrera del Ministerio Público, como procuradora general de la República. La propuesta fue acogida por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, bajo su presidencia, este órgano escogió por unanimidad al juez de carrera Justiniano Montero Montero para presidir la Suprema Corte de Justicia.
Estas decisiones reconocen trayectorias construidas dentro del sistema. También entrañan una responsabilidad: honrar los propios orígenes, mantener fidelidad a los principios defendidos y responder a las expectativas ciudadanas. Ellos conocen las dificultades institucionales las cuales deben traducirse en capacidad para corregirlas, escuchar a quienes las padecen y promover cambios que acerquen la justicia a la población.
Quien acude a un tribunal merece ser escuchado y recibir una respuesta oportuna, imparcial y efectiva. Detrás de un expediente puede haber una familia esperando protección, una trabajadora reclamando sus prestaciones o una víctima buscando reparación. El mérito adquiere su mayor sentido público cuando la experiencia se pone al servicio de esas necesidades.
La justicia social comprende a quienes nunca ocuparán una posición directiva. Una mujer o un hombre trabajador o un envejeciente o un joven merecen vivir con seguridad y confianza en las instituciones. La dignidad pertenece a todas las personas. Una sociedad justa valora sus aportes y procura que ninguna persona renuncie a sus derechos.
La educación pública tiene una responsabilidad decisiva. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está llamada a ampliar oportunidades, producir conocimiento y formar profesionales comprometidos con sus comunidades. Cada estudiante que logra permanecer en las aulas y concluir su formación representa una posibilidad de transformación personal, familiar y social.
Cumplir ese compromiso requiere recursos para la accesibilidad, acompañamiento estudiantil y vínculos entre formación y trabajo digno. También exige atender las desigualdades territoriales y digitales. Frente a la inteligencia artificial, debemos impulsar una innovación que amplíe capacidades y oportunidades, cuyos beneficios alcancen a quienes encuentran mayores obstáculos para participar del conocimiento y del desarrollo.
La calidad democrática se expresa en elecciones libres, instituciones responsables y posibilidades reales de vivir dignamente. Se fortalece cuando una persona recibe un servicio sin humillaciones, puede reclamar sus derechos y encuentra una respuesta adecuada. Esas experiencias construyen confianza y hacen visible el valor de lo público.
La felicidad no puede decretarse, pero su búsqueda merece condiciones justas. Nuestra responsabilidad consiste en acercar las instituciones a las personas y evitar que el origen social determine su porvenir. El poder cumple su propósito cuando sirve, protege y abre oportunidades. Allí donde una persona puede aprender, cuidar, crear y vivir con dignidad, la democracia hace tangible su promesa de bienestar compartido
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