De 1978 a la fecha, hemos visto reiterativamente cómo el PRD, el PLD y ahora el PRM han renegado de sus padres políticos: Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Este tema ha sido tratado esporádicamente, enfocado en la corrupción, porque sorprende que líderes éticos dieran origen a tantos políticos corruptos o cómplices de ella.
Para su época, Bosch y Peña Gómez también fueron faros de ideas progresistas. Por eso las élites siempre bloquearon su acceso a la presidencia. Bosch apenas duró siete meses, derrocado en 1963 por una alianza de militares, empresarios, jerarquía católica y Estados Unidos. Peña nunca llegó.
Con esa historia de trasfondo, sus pupilos políticos concluyeron que para gobernar debían seguir los pasos de Joaquín Balaguer: ser conservadores y dejar abierta la compuerta de la corrupción. En el poder, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader se hicieron devotos de esa filosofía, cada uno con sus especificidades en función del momento en que les tocó gobernar.
Quizás nada ilustre mejor este asunto que la batahola del Código Penal.
En los últimos 20 años se ha discutido decenas de veces en el Congreso, ha llegado tres veces al Poder Ejecutivo y en todas fue observado. Siempre cojeando de un lado u otro, porque los partidos gobernantes no han querido asumir los postulados del progresismo democrático que impulsaron Bosch y Peña Gómez.
Dos temas ilustran el chasco:
Primero, la protección a la corrupción gubernamental que ha impedido incluir medidas apropiadas de control. Ahí siempre fallan. Por ejemplo, en el proyecto que cursa actualmente en el Congreso, las instituciones públicas, sus titulares, las iglesias y los partidos quedarán exentos de responsabilidad penal. Eso es impunidad.
Segundo, los derechos humanos están minimizados o eliminados. Uno de los grupos más perjudicados son las mujeres por la forma en que se define el feminicidio y por las restricciones a los derechos reproductivos.
A las mujeres las podrán matar a garrotazos y eso no constituirá feminicidio. Solo lo será si se demuestra intenso abuso sexual o si el cuerpo acribillado se expone públicamente; lo demás será un homicidio común.
Así se busca evaporar del Código Penal la idea de que los hombres matan mujeres por ser mujeres, aunque la cantidad de hombres que matan mujeres es mucho mayor que las mujeres que matan hombres.
La penalización total del aborto es inhumana, inconstitucional y violatoria de derechos a la vida y la integridad.
Si un embarazo se complica y debe interrumpirse para salvar la madre en gestación, la mujer no podrá decir ni ji. Si el médico quiere, tal vez la salve.
Si una joven es violada por un familiar o un desconocido, tendrá que continuar obligatoriamente con el embarazo producto del crimen. Su estado físico y sicológico no cuenta.
Por su historial progresista, creo que, si Bosch y Peña Gómez estuvieran vivos, guiarían sus partidos a aprobar un Código Penal que combata la corrupción y proteja los derechos humanos de las mujeres.
Es lo que debió hacer el PLD y debería hacer ahora el PRM. ¡Dan vergüenza!
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