Durante años, la sociedad dominicana ha esperado una transformación profunda del sistema de seguridad social. Desde la aprobación de la Ley 87-01 en el año 2001, millones de trabajadores fueron convencidos de que el país avanzaba hacia un modelo moderno, eficiente y protector, capaz de garantizar pensiones dignas, servicios de salud adecuados y una verdadera protección social para todos.
Sin embargo, más de dos décadas después, la realidad dista mucho de aquellas promesas.
Hoy, el sistema dominicano de seguridad social atraviesa una profunda crisis de legitimidad social. Amplios sectores de la población sienten que el modelo no ha cumplido con las expectativas que generó y que, en muchos aspectos, ha terminado beneficiando más a determinados sectores económicos que a los trabajadores y afiliados que sostienen el sistema con sus aportes.
La propia Ley 87-01 establecía que, transcurridos diez años desde su promulgación, debía realizarse una revisión integral para introducir las reformas y ajustes necesarios. Esa revisión nunca se produjo de manera profunda y estructural. Lo que el país ha visto hasta ahora han sido reformas parciales, fragmentadas y coyunturales, muchas veces concebidas como simples parches orientados a preservar el modelo existente y responder a intereses específicos dentro del negocio de la seguridad social, sin priorizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas afiliadas.
Ahora, cuando el tema de la reforma vuelve a ocupar la agenda nacional, el país tiene una oportunidad histórica que no debe desperdiciarse.
El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de impulsar una reforma integral, verdadera, amplia y participativa. Pero esa responsabilidad también recae sobre el Poder Ejecutivo, que actualmente trabaja en una propuesta de modificación a través de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
El problema es que la población afiliada percibe que esa propuesta se está elaborando fundamentalmente desde una visión técnica e institucional, sin incorporar de manera suficiente las demandas reales de quienes viven diariamente las limitaciones del sistema.
Ante esta situación, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) hace un llamado respetuoso pero firme al presidente de la República para que, antes de someter cualquier proyecto de reforma al Congreso Nacional, se abra un verdadero proceso de consulta nacional que permita escuchar a la población afiliada, a los trabajadores, pensionados, organizaciones sociales y sectores que durante años han denunciado las fallas estructurales del sistema.
La reforma de la seguridad social no puede seguir siendo una discusión exclusiva entre tecnócratas, funcionarios y actores económicos vinculados al negocio previsional. La seguridad social pertenece a la ciudadanía y debe responder a las necesidades de la ciudadanía.
El MOPESEP reitera su solicitud al presidente Abinader de que disponga el análisis y la consideración objetiva de la propuesta que ha presentado la Coalición por la Seguridad Social Digna, la cual se sustenta en estudios actuariales que demuestran su factibilidad, contemplando la garantía de mejores prestaciones y a un menor costo de operaciones.
El actual sistema basado en capitalización individual evidenció su fracaso, porque no cumplió las expectativas que creó con promesas incumplidas.
Cuando se creó el actual modelo previsional, se prometieron pensiones dignas, sostenibilidad financiera y mayores beneficios para los trabajadores. Se dijo que las cuentas individuales administradas por las AFP garantizarían mejores jubilaciones y mayor seguridad para el futuro.
La experiencia de estos años ha demostrado otra cosa: miles de trabajadores observan con preocupación que, después de décadas de cotización, las proyecciones de sus futuras pensiones son insuficientes para garantizar una vida digna. Otros sienten impotencia al ver que el sistema obliga a cotizar de manera compulsiva en administradoras privadas, aun cuando muchos no están conformes con el funcionamiento del modelo.
Mientras tanto, las AFP continúan obteniendo importantes beneficios económicos, en un contexto donde gran parte de la población percibe que los principales riesgos recaen sobre los trabajadores y no sobre las entidades administradoras.
Este sentimiento de inconformidad social no puede ser ignorado.
La reforma que necesita el país debe partir de una evaluación honesta y transparente del desempeño real del sistema durante estos 25 años. No se trata de preservar estructuras simplemente porque existen o porque determinados sectores se benefician de ellas. Se trata de construir un sistema que garantice protección social efectiva, sostenibilidad y justicia.
Hace falta una verdadera reforma integral, una reforma estructural.
El MOPESEP ha planteado reiteradamente que el país debe aprovechar este momento histórico para impulsar una reforma estructural y no una simple actualización cosmética del modelo vigente.
Uno de los planteamientos centrales consiste en transformar el carácter obligatorio del sistema basado en AFP. La afiliación obligatoria a administradoras privadas no debe continuar siendo la única opción para los trabajadores dominicanos.
Las AFP, en caso de mantenerse dentro del sistema, deberían operar como una alternativa opcional y no como una imposición obligatoria para toda la población trabajadora.
En cambio, el sistema obligatorio debería sustentarse sobre un modelo de reparto solidario, que garantice protección colectiva, sostenibilidad social y pensiones más humanas para la mayoría de la población.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas exclusivamente basados en capitalización individual presentan importantes limitaciones sociales, especialmente en países con altos niveles de informalidad laboral, bajos salarios y trayectorias de cotización intermitentes, como ocurre en la República Dominicana.
Por ello, el debate nacional no debe limitarse a discutir ajustes administrativos o financieros. El verdadero debate debe centrarse en cuál modelo de seguridad social necesita el país para garantizar derechos y proteger a las futuras generaciones.
Las autoridades y, en especial, los legisladores deben escuchar al pueblo antes de legislar.
La seguridad social no puede reformarse de espaldas a la sociedad.
El presidente de la República tiene hoy la oportunidad de demostrar liderazgo democrático y sensibilidad social promoviendo un proceso amplio de escucha nacional antes de presentar cualquier propuesta de reforma.
Escuchar a la población afiliada no debilita el proceso; por el contrario, lo fortalece y le otorga legitimidad social.
El país necesita mesas de diálogo abiertas, consultas públicas reales y espacios donde trabajadores, pensionados, jóvenes, organizaciones sociales y expertos independientes puedan expresar sus preocupaciones y presentar propuestas.
La reforma de la seguridad social será una de las decisiones más trascendentales para el futuro de la República Dominicana. Sus efectos impactarán durante décadas la vida de millones de personas.
Por eso, el momento exige valentía política y visión de Estado.
No basta con preservar el sistema actual introduciendo ajustes menores. El país necesita una reforma centrada en las personas, no en los intereses económicos que gravitan alrededor del sistema.
El llamado del MOPESEP es claro: antes de someter cualquier propuesta al Congreso Nacional, escuchen a la población afiliada.
Porque la seguridad social debe existir para proteger a la gente, no para convertirse en un negocio sostenido con los recursos de quienes trabajan toda su vida esperando una pensión digna.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}