Lo que realmente dice la evidencia sobre las tres causales

*Las tres causales son excepciones que permitirían la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en riesgo, el feto es inviable o el embarazo es resultado de una violación o incesto. Actualmente, el Código Penal dominicano penaliza el aborto en todos los casos.

Hay afirmaciones que, de tanto repetirse, terminan adquiriendo el estatus de verdad. Una de ellas sostiene que la población dominicana rechaza las tres causales para la interrupción del embarazo. Se repite en los debates legislativos, en entrevistas, en declaraciones públicas y en las redes sociales con una seguridad que parecería innecesario contrastarla.

Pero el periodismo tiene una obligación sencilla: desconfiar de aquello que todo el mundo da por cierto.

La acción directa de inconstitucionalidad presentada recientemente ante el Tribunal Constitucional contra la penalización absoluta del aborto en el nuevo Código Penal ha devuelto el tema al centro del debate nacional. Y, una vez más, ha resurgido el argumento de que las tres causales carecen de respaldo ciudadano.

¿Es cierto?

Responder esa pregunta no exige opiniones, sino evidencia.

Los derechos fundamentales no se deciden por encuestas. Tampoco la constitucionalidad de una ley. Esa será la tarea del Tribunal Constitucional. Sin embargo, cuando se invoca la voluntad de la ciudadanía para justificar una política pública o cerrar una discusión democrática, corresponde preguntarse si esa afirmación resiste el contraste con los datos.

Hasta ahora, la evidencia disponible dice que no.

Uno de los estudios más rigurosos realizados en el país es el Barómetro de las Américas 2018-2019, elaborado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), de la Universidad de Vanderbilt. Su principal fortaleza fue evitar las preguntas generales sobre el aborto y plantear escenarios concretos.

Por ejemplo, preguntó:

"¿Cree usted que se justificaría la interrupción del embarazo cuando peligra la salud de la madre?"

El 60.7 % de las personas encuestadas respondió afirmativamente.

También consultó:

"¿Cree usted que se justificaría la interrupción del embarazo cuando, debido a una malformación congénita, el feto fuera inviable?"

En este caso, el apoyo alcanzó el 61.1 %.

Respecto a los embarazos producto de una violación o un incesto, el estudio incorporó un elemento metodológico particularmente interesante. No hizo una sola pregunta, sino dos.

Primero preguntó:

"¿Está usted de acuerdo con la interrupción del embarazo en caso de incesto o violación sexual?"

Y posteriormente:

"¿Cree usted que se justificaría la interrupción del embarazo en caso de incesto o violación sexual?"

Ante esta última interrogante, el 49.6 % respondió que sí.

Las y los investigadores explican que la diferencia entre ambas preguntas era deliberada. No es lo mismo preguntar si una persona está de acuerdo con una decisión que preguntarle si considera que esa decisión puede estar justificada. Esa distinción permite comprender algo que con frecuencia desaparece del debate público: muchas personas no apoyan el aborto como principio general, pero consideran desproporcionado que el Estado imponga una sanción penal cuando están en juego la vida o la salud de una mujer, la inviabilidad del feto o un embarazo producto de violencia sexual.

Ese patrón también aparece en otras investigaciones.

La encuesta nacional realizada por Untold Research en 2018 encontró que el 79 % de las personas consultadas respaldaba que la ley permitiera la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer estuvieran en peligro; el 76 % cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero y el 67 % cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o un incesto.

Más recientemente, la encuesta Gallup-Hoy volvió a registrar un respaldo mayoritario a que la legislación dominicana regule la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias. Aunque las metodologías y la formulación de las preguntas son distintas, la conclusión es consistente: cuando la discusión abandona las consignas y el lobby  y se traslada a situaciones concretas, el apoyo ciudadano a las excepciones aumenta de manera significativa.

La evidencia no se limita a las encuestas

Las vistas públicas celebradas por el Congreso Nacional en julio del 2024 reunieron a representantes de organizaciones religiosas, sociedades médicas, organizaciones feministas, especialistas en derecho, colectivos sociales y ciudadanía interesada. Lejos de reflejar un rechazo unánime a las tres causales, estas jornadas evidenciaron una sociedad plural, atravesada por convicciones diversas y desacuerdos legítimos. De las intervenciones realizadas, 45 expresaron argumentos a favor de su despenalización, 26 se pronunciaron en contra.

Y esa, precisamente, es la esencia de una democracia.

Quienes se oponen a las tres causales tienen pleno derecho a defender sus convicciones. Quienes las apoyan también. Lo que no contribuye a una deliberación democrática de calidad es atribuirle a toda la población una posición que la evidencia disponible no confirma.

El Tribunal Constitucional deberá decidir si la penalización absoluta del aborto es compatible con la Constitución y con los derechos fundamentales que esta protege. No resolverá el caso contando opiniones, sino interpretando principios constitucionales.

Pero el debate público sí tiene una responsabilidad: distinguir entre las convicciones y los hechos. Porque las convicciones pueden ser distintas. Los hechos, en cambio, deben poder demostrarse.

Hasta ahora, los datos disponibles no sostienen una de las afirmaciones más repetidas de este debate: que la población dominicana rechaza las tres causales.

Las democracias necesitan desacuerdos. Lo que no necesitan son debates construidos sobre hechos que la evidencia no confirma.