La Cámara de Diputados de la República Dominicana suspendió este jueves su sesión ordinaria, precisamente el día en que estaba previsto el conocimiento del nuevo Código Penal, una de las piezas legislativas más sensibles y largamente postergadas en la historia reciente del Congreso dominicano.
El anuncio fue firmado por Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, y difundido a través de las redes sociales oficiales del organismo. En el comunicado, dirigido a "los honorables diputados y diputadas, a la ciudadanía y medios de comunicación", se informó escuetamente la suspensión, sin ofrecer ninguna justificación ni fecha alternativa para retomar el debate.
Una postergación que huele a cálculo político
La coincidencia trae suspicacia: suspender la sesión justo cuando el Código Penal estaba en agenda no parece un accidente administrativo. El Código Penal dominicano arrastra décadas de debate inconcluso y concentra posiciones irreconciliables en torno a temas como el aborto, las causales de exención de responsabilidad penal y los derechos de las mujeres. Cada vez que el texto se acerca al hemiciclo, aparece una razón para no votarlo.
Lo más llamativo del comunicado oficial no es lo que dice, sino lo que omite. No hay explicación. No hay reprogramación. No hay un gesto mínimo hacia la ciudadanía que lleva años esperando que el Congreso actualice un Código Penal que data de 1884.
Las voces de la sociedad civil y ciudadanía que ha alertado sobre el Código Penal
La suspensión de este jueves no ocurre en el vacío. En las últimas semanas, una cadena de pronunciamientos de organizaciones jurídicas, gremios empresariales, colegios profesionales y movimientos de mujeres ha puesto en evidencia que el texto aprobado como Ley 74-25 tiene problemas técnicos y omisiones que, según sus críticos, lo hacen inviable tal como está.
FINJUS: la primera en encender la alarma
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) fue una de las primeras voces institucionales en advertir sobre los riesgos de aplicar el nuevo Código sin correcciones. El 28 de junio de 2026, la organización pidió formalmente al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis de la Ley 74-25.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, FINJUS sostuvo que la legislación presenta "ambigüedades, duplicidades e incoherencias" que, de entrar en vigor sin ajustes, afectarían la armonía del ordenamiento jurídico y comprometerían la correcta aplicación de la justicia penal. La entidad planteó que el presidente de la República impulse una modificación del artículo 393 de la ley para aplazar su aplicación y abrir un espacio de consultas y consenso entre los distintos actores del sistema de justicia.
La petición de FINJUS no fue un gesto aislado: llegó en medio de un creciente debate jurídico en el que penalistas, académicos, jueces y organizaciones especializadas coincidían en señalar errores de redacción, contradicciones entre artículos, tipos penales superpuestos, vacíos normativos y disposiciones que podrían entrar en conflicto con la Constitución y con el Código Procesal Penal.
Cronología: de la alarma de FINJUS a la sesión suspendida
28 de junio de 2026. FINJUS pide al Ejecutivo extender el plazo, la Fundación Institucionalidad y Justicia solicita formalmente al presidente de la República que someta al Congreso, con carácter de urgencia, un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis del nuevo Código Penal. Advierte sobre "ambigüedades, duplicidades e incoherencias" en el texto de la Ley 74-25.
16 de julio de 2026. El sector empresarial toma posición. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) depositó ante la Cámara de Diputados su posición institucional, resultado de un proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas. El gremio presentó una matriz técnica con propuestas de redacción artículo por artículo, abordando temas como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, la libertad de expresión, y nuevos tipos penales relacionados con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales. El CONEP también solicitó ampliar el período de entrada en vigencia para "garantizar una revisión exhaustiva de las modificaciones y la correcta preparación para el cumplimiento e implementación de una reforma tan importante".
En paralelo, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) llamó a revisar ocho artículos de la Ley 74-25 cuya redacción, según el gremio, podría generar incertidumbre jurídica para las empresas. En particular, identificó los artículos 8 al 13 y los artículos 150 y 151 como disposiciones que requieren mayor precisión para garantizar el respeto a los principios de legalidad y debido proceso. "La AIRD respalda un Código Penal moderno y actualizado para República Dominicana. Precisamente por eso consideramos importante que este proceso de modificación permita corregir las disposiciones que, en su redacción actual, pueden dar lugar a interpretaciones que afecten la seguridad jurídica de las empresas", afirmó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad.
15 de julio de 2026. Los médicos piden protección y más tiempo. La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC) depositó ante la Cámara de Diputados una propuesta para modificar disposiciones de la Ley 74-25 que, según advirtieron, podrían generar incertidumbre en la práctica médica. La entidad solicitó que la responsabilidad penal de los profesionales de la medicina se aplique únicamente cuando exista dolo o negligencia grave debidamente demostrada, y pidió una prórroga de seis meses para la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Aclararon que sus planteamientos no buscan privilegios ni impunidad, sino diferenciar las complicaciones inherentes a los procedimientos de los errores cometidos con dolo.
13 y 15 de julio de 2026. Más de 70 juristas exigen las tres causales. Un pronunciamiento firmado por más de 70 juristas fue presentado mediante una carta en la que solicitan modificar los artículos 110 y 111 del Código Penal para incluir tres causales de interrupción del embarazo: cuando la vida y la salud de la mujer —incluidas niñas y adolescentes— estén en riesgo; cuando el feto presente una incompatibilidad con la vida extrauterina; y cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o incesto. La petición fue presentada por las abogadas Dangela Ramírez Guzmán, Dilia Leticia Jorge Mera, Patricia M. Santana Nina y Tamara Aquino.
15 de julio de 2026. 12,000 firmas llegan al Congreso Organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca), entregaron a la comisión bicameral que estudia la reforma del Código Penal un documento acompañado de más de 12,000 firmas en respaldo a la inclusión de las tres causales. "La ciudadanía dominicana reafirma el apoyo a que las tres causales estén integradas en el Código Penal", expresó Juana Ferrer, cofundadora de Conamuca. La activista Daimelda Rodríguez argumentó que el derecho a la vida también ampara a las mujeres: "El derecho a la vida es un derecho humano. Por lo tanto, las mujeres tenemos derecho a la vida. En cualquier circunstancia en que esté en peligro la vida de las mujeres, la Constitución dominicana debe respaldarlas y protegerlas".
El debate que el Congreso no puede seguir esquivando
El debate sobre las tres causales ha acompañado por años la discusión del nuevo Código Penal y continúa siendo uno de los puntos de mayor división entre sectores religiosos, organizaciones feministas y legisladores. Mientras unos defienden mantener la prohibición absoluta del aborto, otros reclaman que la ley contemple excepciones para proteger la vida y los derechos de las mujeres en situaciones extremas.
Lo que sí es claro, a esta altura, es que la presión no viene solo de un sector. Juristas, médicos, industriales, el empresariado organizado y las organizaciones de mujeres coinciden, desde distintas trincheras, en que el texto actual de la Ley 74-25 necesita correcciones antes de entrar en vigor. La suspensión de este jueves no resuelve ninguno de esos reclamos. Solo los pospone, una vez más, sin fecha.
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