Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, reactivaron en República Dominicana una pregunta que suele resurgir después de cada gran desastre: ¿Qué zonas del país sufrirían las consecuencias más graves ante un evento similar?
Hasta el 15 de julio, las autoridades venezolanas reportaban 4,829 fallecidos, 16,740 heridos y 17,907 personas sin hogar, además de importantes daños en viviendas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras. La tragedia mostró cómo la magnitud del sismo es solo una parte del problema: las condiciones del suelo, la calidad de las construcciones y la capacidad de respuesta pueden determinar el nivel final de destrucción.
En República Dominicana no existe una única lista que permita clasificar, de manera absoluta, las localidades más vulnerables. El peligro sísmico depende de la cercanía a fallas capaces de generar terremotos, mientras la vulnerabilidad está relacionada con la resistencia de las edificaciones, el tipo de suelo, la densidad poblacional, las vías de acceso y la preparación de las instituciones.
Cuando ambos elementos coinciden, surge el riesgo: una ciudad puede estar más alejada de una falla, pero sufrir daños mayores si concentra millones de habitantes, construcciones informales, edificios antiguos e infraestructuras que no han sido evaluadas.
Santiago y el valle del Cibao concentran varios factores de riesgo
Santiago de los Caballeros aparece entre las ciudades con mayor riesgo sísmico del país por la combinación de tres factores: proximidad a la zona de falla Septentrional, terrenos sedimentarios capaces de amplificar el movimiento y una elevada concentración de población, edificios y actividades económicas.
La falla Septentrional se extiende por el norte dominicano, desde el área de Monte Cristi hasta Samaná, y forma parte del sistema que acomoda el movimiento entre las placas de Norteamérica y el Caribe. En el entorno de Santiago también se encuentran estructuras asociadas, como las fallas de Jacagua y Camú.
A diferencia de zonas construidas sobre roca más rígida, parte de Santiago y del valle del Cibao descansa sobre materiales aluviales y sedimentarios. Estos terrenos pueden aumentar la intensidad y duración de la vibración, especialmente en edificios que presentan deficiencias estructurales.
La ingeniera sísmica Claudia Germoso, docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), identificó la falla Septentrional y la de Enriquillo como las dos estructuras terrestres de mayor potencial destructivo en el país. La especialista advirtió que Santiago y la región norte presentan una exposición elevada por la cercanía a las fuentes sísmicas y por las características del suelo.
El riesgo no se limita a la ciudad de Santiago. También abarca localidades del valle del Cibao como Navarrete, Villa González, Tamboril, Moca, Salcedo, Mao, Esperanza, San Francisco de Macorís y La Vega, aunque el nivel concreto puede variar según la distancia a cada falla, el terreno y la calidad de las edificaciones.
El actual Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras clasifica a Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Samaná, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez y Valverde dentro de la zona de alta sismicidad.
Puerto Plata, Nagua y Samaná suman la amenaza de tsunami
Las localidades de la costa atlántica están expuestas tanto a fuertes movimientos del terreno como a tsunamis generados por terremotos submarinos.
Entre las zonas más delicadas se encuentran Puerto Plata, Luperón, Sosúa, Cabarete, Gaspar Hernández, Río San Juan, Cabrera, Nagua, Matancitas, Sánchez y Samaná. Además de la falla Septentrional y sus ramales, al norte de la isla se localiza una activa zona de contacto entre las placas tectónicas.
El antecedente más grave ocurrió el 4 de agosto de 1946, cuando un terremoto de magnitud estimada en 8.1, el mayor registrado instrumentalmente en la historia de La Española, generó un tsunami que arrasó comunidades de la costa nordeste.
El antiguo poblado de Matanzas, en la actual provincia María Trinidad Sánchez, fue prácticamente destruido. Las olas penetraron hasta unos dos kilómetros tierra adentro y dejaron en pie apenas ocho de alrededor de 300 viviendas de madera, según el Centro Nacional de Sismología. Las estimaciones de fallecidos varían entre más de 1,000 y alrededor de 1,600 personas.
La exposición costera obliga a considerar no solo la resistencia de los edificios, sino también la existencia de rutas de evacuación, señalización, zonas seguras y protocolos para movilizar rápidamente a residentes y turistas.
El crecimiento de hoteles, residenciales y comercios próximos al mar aumenta la cantidad de personas y bienes expuestos. Un terremoto fuerte podría, además, dañar carreteras, puentes y comunicaciones antes de que llegue un tsunami, dificultando la evacuación.
El suroeste está atravesado por fallas y tiene infraestructura más limitada
Las provincias de Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales también concentran una amenaza considerable, vinculada al sistema de fallas de Enriquillo-Plantain Garden, la estructura de San Juan-Restauración y otros accidentes geológicos del sur de la isla.
La falla de Enriquillo continúa hacia Haití y forma parte del sistema asociado con varios terremotos históricos destructivos. Investigaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos concluyen que todo ese sistema permanece sísmicamente activo y que ambos países deben prepararse para futuros terremotos de gran impacto.
El Centro Nacional de Sismología de la UASD también identifica en la región sur varias fallas y fuentes sísmicas submarinas, entre ellas la Trinchera de los Muertos, situada en el mar Caribe. Entre 1962 y 1992, esa institución contabilizó diez terremotos superiores a magnitud 5.5 con epicentros en la región.
El director del organismo, Ramón Delanoy, ha advertido sobre un período prolongado sin liberaciones comparables a las registradas durante décadas anteriores. Esa apreciación no significa que pueda predecirse una fecha, debido a que los terremotos no pueden pronosticarse con precisión, pero refuerza la necesidad de mantener vigilancia y preparación.
La vulnerabilidad del suroeste aumenta por la presencia de viviendas autoconstruidas, construcciones antiguas de mampostería, comunidades rurales aisladas, carreteras atravesadas por montañas y servicios de emergencia con menor capacidad que los disponibles en las principales ciudades.
En áreas de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, un terremoto también podría provocar deslizamientos en laderas y bloquear vías esenciales. La pérdida de un puente o un tramo carretero podría dejar comunidades incomunicadas y retrasar la llegada de equipos de rescate.
Azua, Baní, Ocoa y San Cristóbal tienen antecedentes de daños
El cinturón surcentral que incluye Azua, Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal merece una atención particular por sus antecedentes históricos y la combinación de fallas, montañas y centros urbanos.
En 1751, un terremoto estimado entre magnitudes 7.4 y 7.5 destruyó la antigua ciudad de Azua. Investigaciones sitúan el origen cerca del extremo oriental del sistema de Enriquillo.
El 8 de enero de 1962, un sismo de magnitud 6.5 causó daños importantes en San José de Ocoa. Resultaron afectadas la ermita, una escuela, el cementerio y el ayuntamiento, que posteriormente tuvo que ser demolido. En Baní se reportaron daños graves en más de 25 edificaciones, incluidas iglesias y oficinas públicas.
La vulnerabilidad no se limita a las viviendas. Un estudio de Onesvie sobre centros escolares de San Cristóbal encontró que 290 de 320 edificaciones evaluadas requerían estudios detallados, después de presentar niveles medios o altos de vulnerabilidad en la inspección inicial.
Ese resultado no permite generalizar sobre todas las construcciones de la provincia, pero evidencia que escuelas, hospitales, oficinas y otras infraestructuras esenciales deben ser evaluadas antes de un terremoto, no después de que sufran daños.
Gran Santo Domingo: menor cercanía, pero una exposición enorme
El Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo no se encuentran directamente sobre la falla Septentrional, pero concentran el mayor volumen de población, edificaciones, hospitales, escuelas, centros comerciales, puentes, elevados, sistemas de transporte, puertos y redes de servicios del país.
Esa concentración convierte al Gran Santo Domingo en una de las áreas donde un terremoto podría generar mayores pérdidas humanas y económicas, aunque el movimiento del suelo fuera inferior al registrado en zonas más cercanas al epicentro.
El Reglamento R-001 coloca al Distrito Nacional y Santo Domingo en la zona de sismicidad media, pero especialistas advierten que las condiciones pueden cambiar considerablemente de un sector a otro. Gran parte de la ciudad descansa sobre roca caliza relativamente rígida, mientras áreas arcillosas, costeras, fluviales o rellenadas artificialmente pueden responder de manera diferente.
La cartografía elaborada para la microzonificación del Gran Santo Domingo identificó terrenos aluviales y pantanosos en las cuencas de los ríos Ozama, Isabela y Haina, rellenos artificiales en Santo Domingo Norte y Este, terrenos ganados al mar y zonas kársticas en sectores como Los Prados, Villas Agrícolas y Villa Juana.
Esas condiciones no implican que todas las edificaciones ubicadas allí sean inseguras. Sí obligan a realizar estudios geotécnicos y diseños adaptados al terreno, porque el comportamiento de las ondas y de las cimentaciones no es uniforme en toda la ciudad.
La principal preocupación urbana está en edificios construidos sin supervisión, viviendas levantadas progresivamente sin cálculos estructurales, ampliaciones verticales sobre estructuras concebidas para menos pisos y construcciones antiguas que no fueron diseñadas conforme a las normas sísmicas actuales.
Un colapso simultáneo de edificaciones también podría bloquear calles estrechas, interrumpir el tránsito y dificultar el acceso de ambulancias, bomberos y equipos de búsqueda.
La Altagracia y La Romana no están fuera del mapa de peligro
El este del país suele recibir menos atención en las discusiones sobre fallas terrestres, pero el Reglamento R-001 clasifica a La Altagracia y La Romana dentro de la zona de alta sismicidad.
El área está expuesta a fuentes submarinas situadas al este y nordeste de La Española, además de movimientos asociados con la compleja zona tectónica entre República Dominicana y Puerto Rico.
El rápido crecimiento de Punta Cana, Bávaro, Higüey y La Romana ha multiplicado hoteles, apartamentos, comercios, carreteras y servicios próximos a la costa. Aunque muchas construcciones recientes fueron diseñadas bajo normativas modernas, el ritmo de expansión exige supervisión para comprobar que lo aprobado en los planos se ejecute correctamente en las obras.
Un terremoto con origen marino también obliga a contemplar el riesgo de tsunami en playas, hoteles, marinas y comunidades costeras con alta presencia de visitantes que podrían desconocer las rutas de evacuación.
La cercanía a una falla no es el único indicador
Un error frecuente es asumir que las comunidades situadas directamente sobre una falla serán siempre las únicas afectadas.
La intensidad del movimiento depende de la magnitud, profundidad, distancia, dirección de ruptura y tipo de suelo. Las ondas pueden recorrer decenas o cientos de kilómetros y causar daños mayores en terrenos blandos que en áreas más próximas construidas sobre roca.
También importa la estructura. Edificios con pisos inferiores abiertos para estacionamientos, columnas alteradas, escaso confinamiento, ampliaciones improvisadas o muros colocados sin considerar su interacción con la estructura pueden fallar incluso cuando el sismo no alcanza su intensidad máxima.
El ingeniero estructural Luis Abbott, docente del Intec, resume el problema con una expresión utilizada internacionalmente: “Los terremotos no matan, matan las estructuras”. Abbott ha advertido que tanto las obras informales como los proyectos formales construidos sin supervisión rigurosa pueden sufrir daños severos.
Entre las deficiencias señaladas por el especialista figuran la modificación de elementos estructurales para ganar espacio, la colocación incorrecta de estribos, la separación excesiva de refuerzos de acero y la falta de muros capaces de resistir fuerzas laterales.
El reglamento sísmico necesita ser actualizado
República Dominicana cuenta desde 2011 con el Reglamento R-001, que establece requisitos mínimos para analizar y diseñar estructuras resistentes a terremotos y divide el país en zonas de alta y mediana sismicidad.
Sin embargo, un nuevo Estudio de Amenaza Sísmica para la República Dominicana, presentado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) en junio de 2026, concluyó que el reglamento debe ser revisado e incorporar información científica y variables técnicas que no estaban disponibles cuando fue elaborado.
La advertencia es relevante porque significa que la zonificación vigente no debe interpretarse como una fotografía definitiva del peligro. Estudios recientes, redes de monitoreo y nuevas mediciones pueden modificar las estimaciones sobre la aceleración esperada en diferentes puntos del territorio.
El Intec desarrolla actualmente trabajos de microzonificación en Santo Domingo, Santiago y Barahona, mediante sensores, imágenes satelitales, drones y modelos digitales para conocer cómo responderían sectores específicos ante distintos escenarios.
Terremotos que han marcado la historia dominicana
La historia demuestra que los eventos destructivos no son una posibilidad exclusivamente teórica.
En 1562, un terremoto destruyó las ciudades de Santiago y La Vega. En 1673, otro movimiento causó graves daños en Santo Domingo, mientras el de 1751 destruyó Azua. La Vega volvió a ser devastada por el terremoto de 1842, que también afectó ampliamente el norte de la isla.
Después del terremoto y tsunami de 1946, el sur registró varios episodios significativos. En 1971, un sismo de magnitud 6.5, con epicentro al sur de Santo Domingo, agrietó edificios y causó daños en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.
El 24 de junio de 1984, un terremoto de magnitud cercana a 6.9, situado al sureste de Santo Domingo, provocó el derrumbe de una pared que mató a dos personas en Bayaguana, agrietó numerosas edificaciones y generó un tsunami ligero en la costa sur.
El 22 de septiembre de 2003, un terremoto de magnitud 6.4, localizado próximo a Puerto Plata, causó tres muertes, decenas de heridos y daños en escuelas, viviendas y otras edificaciones de Puerto Plata, Santiago y varias provincias del Cibao.
El mayor riesgo está en las edificaciones que no han sido evaluadas
No es posible saber qué día, mes o año ocurrirá el próximo terremoto destructivo. Tampoco puede afirmarse que una falla “esté atrasada” como si funcionara bajo un calendario exacto.
Lo que sí puede conocerse es dónde están las fuentes capaces de producir movimientos fuertes, cuáles suelos pueden amplificarlos y qué edificaciones presentan condiciones que aumentarían las pérdidas.
La prioridad debe concentrarse en evaluar y reforzar hospitales, escuelas, cuarteles de bomberos, destacamentos, puentes, elevados, presas, puertos, aeropuertos, instalaciones eléctricas, acueductos y centros de telecomunicaciones, porque su funcionamiento será esencial después del sismo.
También requiere supervisar las construcciones nuevas, impedir modificaciones que alteren los elementos resistentes y crear programas accesibles para evaluar viviendas existentes.
La tragedia venezolana no significa que un desastre idéntico sea inminente en República Dominicana. Sí constituye una advertencia sobre las consecuencias de esperar a que la tierra se mueva para descubrir cuáles edificios, carreteras e instituciones no estaban preparados.
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