La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC) solicitó al Congreso Nacional preservar la seguridad jurídica del acto médico dentro del nuevo Código Penal, procurando un equilibrio entre la protección de los pacientes y el ejercicio responsable de los profesionales de la salud.
Los representantes de la organización depositaron ante la Cámara de Diputados una propuesta para modificar disposiciones de la Ley 74-25 que, según advirtieron, podrían generar incertidumbre en la práctica médica.
La entidad aclaró que sus planteamientos no buscan privilegios para los médicos ni crear espacios de impunidad, sino diferenciar las complicaciones inherentes a los procedimientos, los errores involuntarios y las actuaciones cometidas con dolo o negligencia grave.
Solicitan aplazar entrada en vigor del Código Penal
Entre las propuestas figura una prórroga de seis meses para la entrada en vigor del Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto.
La directiva electa explicó que el aplazamiento permitiría abrir un período de discusión técnica para revisar las disposiciones que afectan el ejercicio de las profesiones de la salud.
También solicitó incorporar expresamente que la responsabilidad penal de un profesional de la medicina solo proceda cuando exista dolo o negligencia grave debidamente demostrada.
Los casos derivados de errores involuntarios o riesgos propios del acto médico deberían ser conocidos, según la propuesta, mediante las vías civil, administrativa o ética, dependiendo de las circunstancias.
Piden diferenciar el error médico de una conducta dolosa
La organización planteó que el Código Penal permita distinguir con precisión entre una actuación médica realizada conforme a la lex artis, entendida como los estándares técnicos y científicos aceptados para el ejercicio profesional, y una conducta marcada por fraude, dolo o negligencia grave.
El doctor Luis Restituyo, presidente electo del colegio y quien encabezó la comisión que entregó las propuestas, sostuvo que varios artículos de la legislación podrían generar inseguridad jurídica al no establecer adecuadamente esas diferencias.
Advirtió que un resultado adverso no necesariamente implica una conducta penalmente reprochable, debido a que determinados procedimientos médicos conllevan riesgos incluso cuando son practicados de acuerdo con los protocolos establecidos.
“Esa situación podría incentivar el ejercicio de una medicina defensiva, limitar la innovación científica, aumentar los costos de atención y afectar directamente la calidad del servicio que reciben los pacientes”, expresó.
Advierten sobre el riesgo de una medicina defensiva
La denominada medicina defensiva ocurre cuando los profesionales ordenan estudios, tratamientos o procedimientos adicionales, o evitan intervenciones de mayor riesgo, principalmente para reducir su exposición a reclamaciones o procesos judiciales.
La directiva electa consideró que una legislación imprecisa podría llevar a los médicos a adoptar decisiones condicionadas por el temor a consecuencias penales, en lugar de concentrarse exclusivamente en las necesidades clínicas del paciente.
Restituyo reiteró la disposición de la organización de trabajar con el Congreso Nacional, el Colegio Médico Dominicano, las sociedades médicas especializadas, las autoridades sanitarias y otros sectores para construir un marco legal que fortalezca la relación entre médicos y pacientes.
“Estoy convencido de que proteger la vida y los derechos de los pacientes también implica brindar seguridad jurídica a quienes dedican su vida a salvarlas. Ese es el espíritu de esta propuesta y el compromiso que asumimos con la sociedad dominicana”, manifestó.
Expresidentes y especialistas respaldan la propuesta
La iniciativa fue suscrita por directivos electos, expresidentes del Colegio Dominicano de Cirujanos y profesionales reconocidos como Maestros de la Cirugía Dominicana.
Además de Restituyo, firmó la doctora Giomania Rodríguez Moya, secretaria electa de la organización.
Entre los expresidentes que respaldaron el documento figuran José R. Domínguez Cabral, Rafael Nazario Lora, Darío A. de los Santos, José R. García Domínguez, Erick Pimentel Schaper, José Ramírez Feliz y Leonardo Brito Sánchez.
También suscribieron la propuesta los maestros de la cirugía Heriberto Rodríguez Bonet, Rafael Estévez Reyes, Manuel Escarramán Meunier, Marcos Núñez Cuervo y Nicolás Rizik Cabral, así como los doctores Raúl Álvarez Sturla y Eric Olivero Peña.
Las sugerencias jurídicas y médicas fueron sustentadas por los doctores Luis Faringthon Reyes y Alejandro Santana Caraballo.
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