Alfredo Pacheco firmó el comunicado. Lo publicó en redes. Y no dijo nada.
Ni una razón. Ni una fecha alternativa. Ni una palabra de cortesía hacia la ciudadanía que lleva décadas esperando que el Congreso dominicano actualice un Código Penal que data de 1884. Solo el anuncio escueto de que la sesión del jueves 16 de julio —precisamente la sesión en que estaba previsto el conocimiento del nuevo Código Penal— quedaba suspendida.
Es cuando surge la pregunta que el Congreso Nacional lleva semanas esquivando y que merece una respuesta directa: ¿Por qué no amplían el período de vacatio legis, como pidió FINJUS desde el 28 de junio?
La Fundación Institucionalidad y Justicia no es un grupo de presión ideológica. Es una de las organizaciones jurídicas más serias del país. Y cuando su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, firma un documento advirtiendo que la Ley 74-25 presenta "ambigüedades, duplicidades e incoherencias" que podrían comprometer la correcta aplicación de la justicia penal, eso no se ignora. Se atiende.
No lo atendieron. O al menos, no con la urgencia que el diagnóstico exigía.
El sector privado habló. Los médicos hablaron. Las mujeres hablaron. ¿Y el Congreso?
El CONEP depositó ante la Cámara una matriz técnica con propuestas artículo por artículo. La AIRD identificó ocho artículos con problemas de redacción. El Colegio Dominicano de Cirujanos pidió una prórroga de seis meses. Más de 70 juristas firmaron una carta exigiendo las tres causales. Y más de 12,000 firmas ciudadanas llegaron al Congreso de la mano de Conamuca.
Doce mil firmas. Setenta juristas. Los dos principales gremios empresariales. Los médicos. Y FINJUS, que encendió la alarma hace casi tres semanas.
Incluso, el presidente de la República tuvo la honestidad de reconocer que la legislación amerita mayor consenso. El Congreso, en cambio, no ha hecho ninguna mea culpa. Suspender la sesión sin explicación no es lo mismo que reconocer un error. Es, precisamente, lo contrario.
Sincerarse no es debilidad
Ampliar el período de vacatio legis no es retroceder. Es hacer lo correcto cuando la evidencia técnica, jurídica y ciudadana señala en una sola dirección: este Código necesita más trabajo antes de entrar en vigor.
Suspender sin explicar no es gobernar. Es esconderse. Y detrás de esa puerta cerrada, hay un Código Penal que sigue esperando —como lleva esperando desde 1884— que alguien en el Congreso tenga el valor de hacerlo bien, superando un siglo de espera, el país requiere una reforma penal digna, que debe no dejar atrás a las mujeres y consensuada con médicos, docentes y el empresariado.
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