La prórroga no reemplaza la reforma

Acabamos de conceder dieciocho meses adicionales para preparar la aplicación de las disposiciones del nuevo Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las empresas. La Ley 88-26, promulgada el pasado 5 de noviembre, aplaza su entrada en vigor hasta mayo de 2028.

La explicación es comprensible: las empresas necesitan adaptar sus procedimientos y las instituciones encargadas de administrar justicia deben prepararse para aplicar las nuevas disposiciones.

Pero una prórroga plantea una obligación que rara vez examinamos con suficiente rigor. ¿Qué vamos a hacer durante el tiempo adicional que acabamos de concedernos?

El ejemplo del arroz dominicano merece recordarse.

Cuando negociamos el DR-CAFTA en 2004, sabíamos que determinados productos agrícolas conservarían protección arancelaria durante un período prolongado. Para el arroz, el calendario de desgravación culminaría el primero de enero de 2025.

La fecha estaba escrita. No apareció por sorpresa.

Durante aproximadamente veinte años tuvimos la oportunidad de preparar un sector fundamental para nuestra alimentación y para la economía de numerosas comunidades rurales. Hubo programas, inversiones, investigaciones y avances tecnológicos. Sería injusto negarlos.

Pero también hubo planes que no alcanzaron sus objetivos y transformaciones que quedaron pendientes.

Al cumplirse el calendario, todavía discutíamos cómo proteger a nuestros productores frente a las condiciones de competencia que habíamos aceptado dos décadas antes.

En diciembre de 2024, el Gobierno estableció mediante decreto un régimen especial de protección arancelaria para el arroz. En septiembre de 2026, otro decreto derogó aquella disposición, en medio de las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Ahora se habla nuevamente de negociar mejores condiciones.

Defender los intereses nacionales en una negociación es una responsabilidad legítima del Estado. También lo es explicar qué ocurrió durante el período que habíamos tenido para prepararnos.

Porque ningún acuerdo comercial obliga a un país a permanecer inmóvil mientras transcurre su calendario de aplicación.

La agricultura dominicana necesita competitividad, y eso exige bastante más que aranceles.

Hace falta mecanizar las labores que puedan mecanizarse, mejorar el riego, nivelar terrenos, desarrollar semillas apropiadas, facilitar financiamiento productivo y organizar servicios técnicos accesibles a los pequeños y medianos agricultores.

No todo se resuelve comprando tractores. En determinadas fincas, una máquina puede representar una inversión que el productor individual no está en condiciones de amortizar.

Ahí cobran importancia las asociaciones, las cooperativas, los servicios compartidos y las políticas de financiamiento concebidas para elevar la productividad.

Tenemos experiencia suficiente para distinguir entre financiar una cosecha e invertir en transformar permanentemente las condiciones de producción.

Lo primero permite continuar trabajando. Lo segundo puede modificar el futuro de una actividad económica.

Ambas cosas son necesarias, pero cumplen funciones diferentes.

El problema se vuelve particularmente delicado cuando examinamos la mano de obra agrícola.

Durante décadas, parte de nuestra producción ha dependido de trabajadores haitianos, muchos de ellos empleados sin la documentación migratoria correspondiente. Esa situación llegó a considerarse normal en numerosas actividades.

Cuando las autoridades intensifican la aplicación de las normas migratorias, aparecen las protestas de quienes aseguran que no pueden producir sin esos trabajadores.

Comprendo las dificultades inmediatas de un agricultor que necesita recoger su cosecha. Los frutos no esperan a que terminemos de discutir una política pública.

Pero conviene preguntarnos por qué hemos permitido que determinadas actividades económicas organicen su funcionamiento alrededor de una dependencia laboral que entra en conflicto con nuestras propias leyes.

Los trabajadores no diseñaron por sí solos ese sistema. Fueron contratados por quienes necesitaban sus servicios, mientras las instituciones públicas toleraban, en distintos grados, prácticas que terminaron formando parte de la organización productiva.

La solución tampoco consiste en imaginar que mañana todas las labores agrícolas podrán realizarse mediante máquinas.

Hay cultivos, terrenos y operaciones que todavía requieren abundante trabajo humano. La mecanización debe responder a las condiciones reales de cada actividad. También necesitamos formación técnica, productividad, salarios competitivos y mecanismos legales de contratación donde correspondan.

Lo que no podemos continuar haciendo es presentar una dependencia creada durante décadas como si fuera una fatalidad geográfica.

Precisamente porque compartimos la isla con Haití debemos distinguir entre las necesidades económicas de nuestros productores y las obligaciones soberanas del Estado dominicano.

La política migratoria corresponde al Estado. La organización del trabajo corresponde también a quienes producen, contratan y administran empresas.

Si una actividad solamente puede funcionar mediante el incumplimiento habitual de las normas, tenemos un problema de organización económica que merece ser corregido.

Y corregirlo exige tiempo.

Por eso los plazos de transición tienen sentido cuando se utilizan para modificar las condiciones que hicieron necesaria la protección inicial.

En agosto pasado se anunció un Programa Nacional de Mecanización Agrícola orientado a mejorar la productividad y reducir la dependencia de mano de obra extranjera. Es una iniciativa que merece seguimiento.

Habrá que conocer su alcance, sus resultados, las posibilidades de acceso de los pequeños productores y la relación entre los recursos invertidos y los costos que realmente consigamos reducir.

La modernización del campo no puede medirse solamente por el número de equipos entregados en una ceremonia.

Tendremos que observar lo que ocurre después, cuando esos equipos comiencen a utilizarse, necesiten mantenimiento y deban justificar económicamente su adquisición.

En un país de recursos limitados, cada inversión pública debe contribuir a resolver problemas que no vuelvan a presentarse indefinidamente con el mismo costo.

Regresemos ahora a los dieciocho meses concedidos a las empresas para prepararse ante el nuevo régimen de responsabilidad penal.

El plazo puede resultar razonable. Las empresas no tienen todas el mismo tamaño ni disponen de idénticas capacidades para adaptar sus procedimientos internos. Tampoco las instituciones judiciales pueden improvisar las condiciones necesarias para aplicar una legislación compleja.

Pero el vencimiento llegará.

Y sería lamentable que, cuando llegue mayo de 2028, descubramos que todavía faltan las mismas adecuaciones que hoy justificaron la prórroga.

No se trata de exigir resultados imposibles ni de negar las dificultades de una transformación económica o institucional. Precisamente por conocer esas dificultades, los períodos de preparación deberían administrarse con mayor disciplina.

Un plazo adicional tiene valor cuando permite ejecutar un programa identificable. Si durante ese tiempo solamente esperamos que las circunstancias mejoren, habremos consumido una oportunidad sin resolver la causa del problema.

Algo semejante ocurre con las reformas educativas, la infraestructura, la administración pública y tantas otras actividades cuyos resultados necesitan años para madurar.

Los gobiernos cambian, los funcionarios se sustituyen y las prioridades políticas se modifican. Pero las fechas comprometidas por el Estado permanecen, como permanecen las consecuencias de aquello que no hicimos oportunamente.

Nuestra experiencia turística demuestra que somos capaces de transformar sectores económicos a lo largo de varias décadas. La agricultura también puede beneficiarse de esa capacidad de organización, inversión y aprendizaje.

Hay también una cuestión de soberanía alimentaria. Debemos abastecer a casi once millones de habitantes y atender una actividad turística cercana a doce millones de visitantes anuales. Haití, con casi doce millones de habitantes, produce alimentos, pero necesita importar buena parte de lo que consume. Nuestra agricultura debe producir más y mejor, a precios razonables, sin depender indefinidamente de la protección arancelaria.

El arroz dominicano merece continuar produciéndose en condiciones que permitan sostener la actividad, remunerar adecuadamente a quienes trabajan en ella y ofrecer alimentos a precios razonables. Alcanzar esos objetivos requiere considerar los intereses de productores y consumidores, además de nuestras obligaciones comerciales internacionales.

Ninguno de esos intereses desaparece porque consigamos aplazar una decisión.

Quizás la lección más útil de estos veinte años sea precisamente esa: cuando solicitamos tiempo para prepararnos, debemos comenzar a utilizarlo desde el primer día.

Porque los calendarios terminan cumpliéndose, aunque las reformas hayan quedado a medio talle.

Y cuando llega el vencimiento, el tiempo que no aprovechamos ya no podemos recuperarlo.