Desde las propuestas debatidas en el G20 hasta las reformas tributarias europeas, se exploran distintas vías para gravar el patrimonio, sus rendimientos y las ganancias de capital. Aunque los instrumentos difieren, comparten una preocupación: financiar servicios públicos y reducir la desigualdad sin facilitar la evasión ni debilitar la inversión. California acaba de llevar esa tensión a las urnas: según el recuento provisional del 7 de noviembre, el rechazo a un impuesto extraordinario del 5 % sobre los milmillonarios alcanzaba aproximadamente 53,3 %. El debate que precedió a esa votación conecta con las ideas de dos economistas franceses que han marcado la discusión sobre riqueza y tributación: Thomas Piketty y Gabriel Zucman.

De Piketty y Zucman a la política fiscal

Piketty popularizó el análisis de la concentración del capital y de cómo los patrimonios se transmiten entre generaciones. Zucman ha llevado ese debate hacia una pregunta tributaria concreta: ¿qué ocurre cuando una fortuna crece aceleradamente, pero los ingresos personales que declara su propietario representan apenas una fracción de ese enriquecimiento?

La diferencia se explica, en parte, porque el aumento del valor de unas acciones no se convierte automáticamente en renta realizada. Mientras un empleado paga impuestos sobre su salario, el propietario de participaciones empresariales puede acumular riqueza sin venderlas. Zucman sostiene que esa diferencia puede reducir la tributación efectiva en la cúspide y propone utilizar el patrimonio como referencia para establecer una contribución mínima.

Una propuesta francesa inspirada en sus trabajos buscaba que quienes poseyeran más de cien millones de euros pagaran, sumando determinados impuestos existentes, al menos el equivalente al 2 % anual de su patrimonio. La idea responde a una preocupación legítima, pero su aplicación exige resolver cómo valorar empresas, tratar activos poco líquidos y evitar que las respuestas de los contribuyentes debiliten la recaudación. Esas dificultades dejaron de ser una discusión académica cuando California llevó su propia propuesta a las urnas.

California llevó el debate a las urnas

La iniciativa surgió ante los recortes federales al financiamiento sanitario y el temor de que millones de residentes perdieran cobertura o acceso a servicios. En un estado que reúne grandes fortunas tecnológicas, sus promotores vieron una fuente extraordinaria de recursos para amortiguar el golpe. El contraste era políticamente poderoso: la que, según su gobierno, sería la cuarta economía del mundo enfrentaba dificultades para proteger servicios esenciales.

Con ese argumento, el sindicato sanitario SEIU-UHW impulsó la Proposición 40. El mecanismo consistía en cobrar una sola vez el 5 % del patrimonio a personas con más de mil millones de dólares que fueran residentes de California al primero de enero de 2026. El pago correspondería a 2027 y podría distribuirse durante cinco años a un costo adicional; determinados activos, incluidos los inmuebles y algunas cuentas de jubilación, quedarían excluidos.

El 90 % de lo recaudado se destinaría a salud; el resto, a educación, asistencia alimentaria y administración. Para sus defensores, se trataba de pedir un esfuerzo asumible a quienes más se habían beneficiado del crecimiento. Sus adversarios cuestionaban tanto el diseño como la sostenibilidad: una recaudación extraordinaria no sustituye indefinidamente fondos que dejan de llegar, y algunos contribuyentes podían trasladarse a otro estado.

La controversia atravesó al propio Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom se opuso, mientras otros sectores progresistas respaldaron la iniciativa. Tras meses de campaña, la propuesta se sometió a votación el 3 de noviembre. Al cierre del día 7, el rechazo llevaba aproximadamente 53,3 %, con cerca de tres cuartas partes del voto contabilizado. Aunque todavía era un resultado provisional, mostraba las dificultades de convertir una consigna popular en un instrumento fiscal aceptado.

Lo que está en juego después de recaudar

Parte de esas dificultades nace de la facilidad con que pueden reorganizarse las grandes fortunas. Cuando Peter Thiel amplió su presencia empresarial en Miami a finales de 2025, el movimiento alimentó la discusión sobre una posible salida de contribuyentes. Sin embargo, sus vínculos con Florida eran anteriores. La amenaza fiscal pudo influir en decisiones recientes, pero no permite atribuirle toda una trayectoria empresarial y personal.

El caso de Mark Zuckerberg muestra otra respuesta. Según documentación presentada por Meta ante la SEC, la empresa articuló una reorganización accionaria y un acuerdo para que continuara dirigiéndola desde California. El objetivo incluía facilitar liquidez ante una eventual obligación tributaria sin reducir su control de voto. Lo documentado era un arreglo corporativo, no una exención acordada con la autoridad fiscal.

Ambos casos ayudan a entender que el patrimonio no suele estar esperando en una cuenta bancaria. Puede estar concentrado en acciones cuyo valor cambia y cuya venta afecta el control empresarial. Un impuesto sobre esa riqueza puede provocar ventas, endeudamiento o cambios de residencia. Para California, estos últimos podían significar también la pérdida de ingresos tributarios que se habrían recibido durante años.

Eso no demuestra que la medida fuera necesariamente contraproducente. La oficina legislativa de análisis estimó una recaudación extraordinaria de decenas de miles de millones y posibles pérdidas recurrentes inferiores a mil millones anuales. Un estudio de Zucman, Emmanuel Saez y Jasper Boll publicado por el NBER defendió ingresos cercanos a cien mil millones, con efectos comparativamente limitados por movilidad. La magnitud del riesgo seguía abierta a discusión.

Aun aceptando una recaudación importante, persistía una dificultad presupuestaria: los hospitales necesitarían personal cuando el dinero inicial se hubiera gastado. Un aporte extraordinario puede servir como puente, siempre que exista un plan para llegar al otro lado. Sin ese plan, el alivio inmediato puede aplazar una decisión sobre gastos permanentes e ingresos recurrentes.

Esa incertidumbre presupuestaria se suma a la que percibe quien invierte. Si una norma aprobada en noviembre utiliza la residencia de enero para determinar quién paga, los contribuyentes pueden preguntarse qué otros cambios afectarán decisiones ya tomadas. Silicon Valley conserva ventajas difíciles de reproducir, desde universidades hasta redes de capital de riesgo. Precisamente por su valor, conviene evitar un deterioro gradual de la confianza que sostiene ese ecosistema.

El costo futuro de la informalidad dominicana

La República Dominicana enfrenta el mismo desafío de financiar servicios duraderos, pero desde una estructura distinta. Según el Banco Central, en abril-junio de 2026 había 5.271.005 ocupados y la informalidad laboral alcanzaba 53,8%. Más de la mitad del empleo permanecía informal. Aunque muchos de esos trabajadores no pagan impuesto sobre la renta por sus ingresos laborales, sí contribuyen mediante los impuestos incluidos en lo que consumen. Su aporte tributario resulta, por tanto, más limitado que si, además, declararan ingresos sujetos a tributación. Sin embargo, formalizar no significa que todos comenzarían a pagar ese impuesto: quienes ganan por debajo del mínimo exento seguirían sin hacerlo. Lo que esa informalidad sí compromete es la protección asociada al trabajo y la continuidad del ahorro para el retiro. Quien trabaja sin cotizar no acumula aportes pensionales por ese empleo, aunque pueda conservar ahorros de períodos anteriores. Cuando esa situación se prolonga, llegar a la vejez con ingresos suficientes se vuelve mucho más difícil. La SIPEN ha advertido que la informalidad y las interrupciones en las cotizaciones limitan el acceso a pensiones sostenibles.

Hoy contamos todavía con una estructura demográfica favorable, con una proporción importante de personas en edad de trabajar. Pero esa ventaja tiene fecha de vencimiento: las proyecciones de la ONE anticipan un envejecimiento progresivo. Los trabajadores jóvenes de hoy serán los adultos mayores de mañana. Si durante sus años productivos no construyen protección, aumentará la presión sobre sus familias y sobre los recursos públicos destinados a asistencia y salud.

Por eso, formalizar tiene una dimensión que supera la recaudación inmediata. Permite comenzar a financiar necesidades que ya sabemos que llegarán. Esperar a que esa población envejezca dejaría menos tiempo para ahorrar y trasladaría una parte mayor del esfuerzo a la siguiente generación. Una sociedad puede disfrutar hoy del trabajo de su población joven mientras acumula, sin reconocerlo suficientemente, una vulnerabilidad social para el futuro.

Reducirla exige que la formalidad sea viable. Para una pequeña empresa, registrarse debe implicar trámites comprensibles, costos previsibles y beneficios concretos en crédito, contratación y protección social. Para trabajadores con ingresos variables, hacen falta mecanismos que faciliten la continuidad de los aportes. Castigar el incumplimiento sin corregir esas barreras puede mantener fuera del sistema a quienes tienen poca capacidad para entrar.

Al mismo tiempo, la simplificación debe acompañarse de una fiscalización efectiva de grandes contribuyentes y de una revisión de privilegios injustificados. Sería difícil pedirle disciplina al pequeño negocio si quienes disponen de mayores recursos pueden eludir sus obligaciones. Ampliar la participación y exigir una contribución acorde con la capacidad económica forman parte de la misma tarea.

Una base fiscal que sobreviva al próximo presupuesto

La experiencia californiana invita a evaluar las propuestas por sus efectos durante varios años. La justicia tributaria necesita recursos, pero también reglas capaces de preservar inversión y empleo. En nuestro país, esa mirada debe incorporar el costo de mantener a tantos trabajadores sin protección mientras avanza el envejecimiento.

Una política responsable debería permitir financiar los servicios actuales y preparar las obligaciones futuras. Eso requiere mejores contribuciones, más productividad y un gasto público que merezca confianza. La pregunta para la República Dominicana es qué debemos cambiar hoy para que el crecimiento de esta generación sostenga también su vejez, sin dejarle a la próxima una cuenta que pudimos empezar a pagar a tiempo.