La opacidad: los cinco pesos de la desconfianza

La semana pasada el Gobierno dominicano aumentó cinco pesos en los combustibles. No es solo un golpe al bolsillo. Es también la señal de un problema más profundo: la falta de transparencia en la forma en que se fijan los precios.

Cada vez que el Gobierno anuncia subsidios millonarios, el mensaje es el mismo: el Estado está protegiendo al consumidor. Pero la pregunta esencial sigue sin respuesta clara: ¿cuál es la regla que determina cuándo se subsidia, cuánto se subsidia y cuándo se decide aumentar el precio?

Se informó que, antes del alza, el Gobierno había absorbido más de mil millones de pesos en subsidios. El dato impresiona, pero no explica nada. Si una semana se subsidia de manera masiva y a la siguiente se suben los precios, lo razonable es preguntar si existe una fórmula técnica, pública y predecible o si las decisiones responden al momento.

Ahí aparece el problema central. La ausencia de una explicación completa no genera confianza. Genera sospecha.

En 2022, el propio presidente Luis Abinader anunció una referencia clara vinculada al comportamiento del petróleo WTI. Señaló que mientras el barril se moviera en un rango aproximado entre 85 y 115 dólares, el Gobierno intentaría mantener congelados los precios de los combustibles mediante subsidios.

Aquella decisión implicaba un costo fiscal, pero tenía una virtud evidente: ofrecía previsibilidad. La gente sabía a qué atenerse.

Además, hasta el momento el precio internacional del WTI no ha superado ese umbral de 115 dólares por barril, lo que vuelve más pertinente la pregunta sobre el criterio que se está utilizando ahora para ajustar los precios.

Hoy esa referencia prácticamente ha desaparecido del debate público. Lo que queda son anuncios semanales del precio final, sin un desglose suficiente que permita entender con claridad por qué sube, por qué baja o por qué se mantiene.

Se suele decir que la fórmula es compleja. Y lo es. Intervienen el precio de paridad de importación, los fletes internacionales, el tipo de cambio, los márgenes de comercialización y los impuestos. Pero precisamente por esa complejidad el Estado tiene el deber de explicarla con mayor claridad.

La Ley 112-00 establece componentes técnicos para la fijación de precios. Sin embargo, en la práctica el ciudadano termina conociendo casi siempre el resultado final, no el detalle del cálculo.

Por eso el aumento de cinco pesos no es solo un asunto técnico. Es un problema de confianza.

Cuando las reglas no se explican y los subsidios no se transparentan, no sube únicamente el combustible. También crece la desconfianza.

Cuando las decisiones públicas se toman dentro de una caja negra, el problema deja de ser el precio del combustible. El problema pasa a ser la credibilidad del Gobierno.