La transfusión circular
Imagine a un cirujano que, frente a un paciente con hemorragia severa, extrae sangre del brazo izquierdo para transfundírsela por el derecho y luego se presenta ante la familia como el héroe que logró salvarlo.
En medicina eso tendría un nombre: impericia.
En la economía política dominicana se llama subsidio a los combustibles.
Cada viernes, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes anuncia que «el gobierno asumirá» cientos o miles de millones de pesos para proteger a la población del aumento internacional del petróleo. La frase transmite alivio. Protección. Intervención estatal responsable.
Pero hay una pregunta técnica que casi nunca se formula:
¿El Estado realmente desembolsa dinero o simplemente deja de recaudar una parte de los impuestos que él mismo diseñó para cobrar?
La diferencia no es semántica.
Es la diferencia entre ayudar al paciente y devolverle parcialmente la sangre que previamente se le extrajo.
El combustible como tributo
Para entender el llamado subsidio, primero hay que comprender cómo se construye el precio.
La Ley 112-00 estableció un impuesto fijo por galón: rígido, indiferente a si el petróleo cuesta cuarenta o cien dólares. Posteriormente, la Ley 495-06 añadió un impuesto porcentual ad valorem cercano al 16 %. Sobre ambas capas se incorpora además el Gasto de Aplicación de la Ley (GAL), mediante el cual el ciudadano financia la estructura burocrática que lo regula.
El resultado es una arquitectura fiscal donde hasta un 33 % del precio final puede corresponder a cargas tributarias y administrativas.
No petróleo.
No energía.
Fiscalidad.
Aquí es donde el subsidio adquiere su verdadera dimensión.
Cuando el gobierno anuncia que «asumirá» RD$300 o RD$500 millones para congelar precios, en gran parte de los casos no está transfiriendo dinero nuevo hacia el ciudadano. Lo que hace es reducir parcialmente el cobro de impuestos que el propio Estado diseñó para recaudar.
No sale dinero del Estado hacia el consumidor.
Sale menos dinero del consumidor hacia el Estado.
Eso no convierte automáticamente el mecanismo en ilegítimo. Pero sí desmonta la narrativa de sacrificio unilateral que acompaña cada anuncio semanal.
El ciudadano como banco ciego
Los propios datos oficiales revelan la asimetría.
Mientras el gobierno anuncia subsidios multimillonarios, la recaudación por hidrocarburos continúa siendo varias veces superior al monto «subsidiado». El sistema devuelve una fracción de lo que previamente extrae.
La relación es reveladora:
por cada peso que el Estado «devuelve», antes capturó varios más del mismo ciudadano.
El contribuyente no está siendo rescatado por una fuente externa de recursos.
Está financiando parcialmente su propio alivio.
Y lo hace sin transparencia plena sobre:
- Márgenes reales.
- Exenciones.
- Trazabilidad del sacrificio fiscal.
- Beneficiarios efectivos del modelo.
El subsidio capturado
Aquí aparece el concepto central que explica toda la distorsión.
Subsidio capturado: mecanismo presentado como protección social general, pero estructurado de forma tal que sus mayores beneficios terminan concentrándose en los actores con mayor capacidad económica, operativa y política.
El subsidio deja de funcionar prioritariamente como amortiguador para el ciudadano vulnerable y comienza a operar como estabilizador integral del sistema que más consume combustible y más depende de él.
Por eso el problema no es únicamente fiscal.
Es estructural.
El motoconchista recibe alivio.
Pero también: grandes flotillas corporativas, operadores logísticos, transporte pesado, sectores industriales intensivos en combustible y empresas cuyos márgenes dependen críticamente de precios artificialmente contenidos.
El beneficio se distribuye según volumen de consumo, no según vulnerabilidad social.
Y cuando un subsidio beneficia más al que más consume, deja de ser progresivo.
Se convierte en regresividad disfrazada de protección.
La política del alivio
El subsidio también cumple una función política de enorme valor estratégico: administrar el malestar social.
Cada anuncio semanal transmite una idea cuidadosamente cultivada:
«Si no fuera por el gobierno, usted pagaría mucho más.»
Y aunque parte de eso pueda ser técnicamente cierto, el discurso omite un dato esencial: el mismo Estado que «protege» es quien diseñó y preservó la estructura tributaria que encarece el sistema.
Pero aquí aparece el eslabón que rara vez se menciona públicamente.
El circuito no termina en la gobernabilidad.
Se completa políticamente.
- El ciudadano paga impuestos elevados sobre combustibles.
- Esa recaudación sostiene subsidios generalizados que benefician proporcionalmente más a grandes consumidores y operadores económicos.
- Y esos mismos sectores —protegidos por márgenes garantizados y estabilidad regulatoria— poseen capacidad directa o indirecta de financiamiento político.
El círculo se cierra.
El ciudadano termina financiando, sin saberlo, un sistema que:
- Recauda sobre su consumo.
- Estabiliza sectores con alto poder económico.
- Y fortalece el ecosistema político que preserva intacto el modelo.
No hace falta demostrar conspiraciones para comprender la lógica estructural.
Los incentivos hablan por sí solos.
Cuando lo temporal se vuelve permanente
Todo subsidio extraordinario nace, en teoría, para enfrentar coyunturas excepcionales.
Pero en República Dominicana lo excepcional se convirtió en norma. Semana tras semana. Año tras año. Gobierno tras gobierno.
El subsidio dejó de ser una herramienta transitoria para convertirse en componente estructural del modelo.
Y ahí emerge el verdadero diagnóstico: si un sistema necesita subsidios permanentes para evitar colapsar social o políticamente, entonces el problema no es coyuntural.
Es de diseño.
La enfermedad de fondo
En artículos anteriores documenté el fraude visible:
- Mangueras descalibradas.
- Combustible adulterado.
- Pérdidas multimillonarias para los consumidores.
Pero el problema estructural ocurre antes de llegar a la bomba.
Sucede cuando: la recaudación depende del precio alto, los márgenes están protegidos, la competencia es limitada y el subsidio funciona como anestesia política recurrente.
La enfermedad no está en el petróleo.
Está en los incentivos.
La reforma inevitable
El problema no es subsidiar.
Toda economía moderna utiliza mecanismos de amortiguación social.
El problema es subsidiar:
- Sin transparencia.
- Sin focalización.
- Sin auditoría.
- Y sin corregir las distorsiones que hacen necesario subsidiar eternamente.
La solución no es eliminar abruptamente los subsidios. Eso sería irresponsable.
La solución es mucho más difícil:
Rediseñar el sistema para que el ciudadano no necesite ser «protegido» permanentemente de un modelo construido para cobrarle de más.
Eso implica:
- Transparencia total.
- Revisión integral de impuestos.
- Competencia real.
- Automatización técnica de precios.
- Focalización efectiva.
- Y separación entre política energética y dependencia fiscal del combustible.
Conclusión: el subsidio como síntoma
El subsidio no es la enfermedad.
Es el síntoma.
El verdadero problema aparece cuando un país necesita subsidios perpetuos para sostener un sistema que nunca corrige sus distorsiones estructurales.
Y mientras sigamos administrando alivio sin intervenir la causa, seguiremos confundiendo estabilidad temporal con solución.
Porque un sistema que depende eternamente de subsidios para sobrevivir no está curado.
Está sedado.
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