Cuando un gobierno le dice a su pueblo que está “preparado” para enfrentar una crisis, esa palabra carga el peso de una promesa implícita: que las decisiones tomadas antes del momento difícil fueron las correctas, que las estructuras construidas durante los años de bonanza son suficientes, que lo que viene tiene un límite conocido y manejable. “Preparados” es una declaración de competencia, en este caso, gubernamental. Y como tal, merece el mismo escrutinio riguroso con el que debería ser pronunciada.

¿En qué se sustenta esa afirmación? ¿La evidencia disponible la respalda o la contradice?

El primer pilar es la resiliencia histórica. Se ha argumentado que el país ya ha atravesado choques globales anteriores y ha resistido. Es un hecho real. Pero resistir no es lo mismo que estar preparado. Un país que atraviesa una tormenta sin techo y sale mojado, pero vivo, no demuestra preparación para la siguiente lluvia. Demuestra resistencia. La preparación exige haber construido el techo durante los años en que no llovía. La pregunta que este argumento elude no es si resistimos antes. Es qué construimos estructuralmente mientras no había crisis.

El segundo pilar son los subsidios acumulados. Más de RD$200,000 millones en subsidios en tres años no solo reflejan un esfuerzo fiscal extraordinario. También evidencian que la vulnerabilidad estructural del país sigue siendo alta. Una cosa es subsidiar de manera temporal para proteger a la población; otra es depender de subsidios cada vez mayores porque no se ha reducido la exposición al problema.

El tercer pilar es el monitoreo activado. Se señaló que “se han activado todos los mecanismos de seguimiento diario del precio del petróleo WTI y de las condiciones de suministro de hidrocarburos”. Ese monitoreo es relevante. Pero también es importante precisar que se trata de una función permanente del sistema energético, no de una medida excepcional ante una crisis.

El seguimiento continuo de los mercados internacionales forma parte de la operación regular de las autoridades. Por eso, más que un indicador de preparación, este tipo de acciones reflejan la capacidad de respuesta en tiempo real. La pregunta de fondo sigue siendo otra: qué instrumentos estructurales están en marcha para reducir la exposición del país a esa volatilidad.

El cuarto pilar es la reasignación presupuestaria. El gobierno ha identificado alrededor de RD$10,000 millones para reasignar hacia programas sociales. En un presupuesto de RD$1.62 billones, con una alta proporción de gasto comprometido, esto representa un margen limitado. Pero más relevante que el monto es la naturaleza del instrumento: no se trata de recursos acumulados con previsión para escenarios adversos, sino de partidas ya asignadas que se reorientan ante la coyuntura.

No es lo mismo contar con mecanismos diseñados para absorber shocks externos que ajustar el presupuesto una vez el shock se materializa. Lo primero responde a una lógica de anticipación; lo segundo, a una capacidad de reorganización frente a la presión actual.

Pero lo que verdaderamente define la preparación ante un shock de esta naturaleza es también lo que el discurso no abordó.

Persiste una alta concentración en las fuentes de suministro de hidrocarburos. Durante los primeros tres trimestres de 2025, el 81.8% de los combustibles importados tuvo origen en un solo país. Una dependencia de esa magnitud limita el margen estratégico ante cambios en el entorno internacional.

No se observa, en la información pública disponible, una política estructurada de gestión de la volatilidad de precios —ya sea mediante contratos de suministro de mediano o largo plazo, esquemas de cobertura o mecanismos institucionales de estabilización— que permita anticipar su impacto sobre las finanzas públicas. En la práctica, el país continúa expuesto a las variaciones del mercado internacional en el corto plazo.

La matriz energética ha avanzado, pero aún no refleja una transformación proporcional al potencial disponible. El país cuenta con condiciones privilegiadas para el desarrollo de energías renovables, y cada megavatio generado localmente reduce la exposición a la volatilidad externa. Es una decisión de seguridad económica. Asimismo, no se dispone de un mecanismo permanente de estabilización —como un fondo construido en períodos de crecimiento— que permita enfrentar shocks externos con instrumentos diseñados previamente. Y tampoco se ha presentado públicamente un esquema de contingencia con escenarios definidos y respuestas diferenciadas según la intensidad del shock.

La señal más reveladora, sin embargo, no es solo lo que falta, sino cómo se completa la respuesta. Entre las recomendaciones planteadas se incluye la adopción de trabajo remoto y un uso más eficiente del combustible por parte de la ciudadanía. Son medidas razonables en lo individual, pero cuando forman parte del mensaje central ante una vulnerabilidad estructural, evidencian la distancia entre la gestión del día a día y la preparación de largo plazo.

El espejo regional y el camino que este momento exige

Países como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Guyana —exportadores netos de energía— podrían salir beneficiados en términos netos de este shock, según la Agencia Internacional de la Energía. Esa resiliencia es el resultado de políticas energéticas de largo plazo construidas cuando no había urgencia para construirlas. Pero incluso entre los países importadores, la diferencia radica en los instrumentos disponibles. Algunas economías de la región como Chile, Colombia y Perú han desarrollado mecanismos institucionales de estabilización de precios, fondos específicos o esquemas de gestión de la volatilidad que permiten amortiguar el impacto sin trasladarlo de forma inmediata a los hogares o a las finanzas públicas.

La República Dominicana, en cambio, sigue altamente expuesta a las variaciones del mercado internacional, lo que hace que cada ajuste externo tenga una traducción casi directa en el costo de vida y en la presión fiscal interna. Este contexto requiere avanzar hacia una agenda de transformación que reduzca esa vulnerabilidad estructural. Esa agenda pasa, al menos, por seis líneas de acción fundamentales:

Primero, avanzar con la política energética con visión de soberanía relativa. Segundo, una gestión estratégica del suministro de hidrocarburos, que incluya la diversificación de orígenes y el desarrollo progresivo de instrumentos contractuales o de cobertura que aporten mayor previsibilidad.

Tercero, la creación de mecanismos permanentes de estabilización que permitan enfrentar shocks externos sin depender exclusivamente de decisiones coyunturales.

Cuarto, sistemas de protección del ingreso de los hogares más focalizados, transparentes y sostenibles, vinculados al costo real de vida.

Quinto, una disciplina fiscal orientada a la resiliencia, que permita construir espacios en períodos de crecimiento para enfrentar crisis futuras con instrumentos previamente diseñados.

Y sexto, un estándar de transparencia y rendición de cuentas que garantice que cada medida adoptada pueda ser evaluada en tiempo real por la ciudadanía.

Preparados o prevenidos: la distinción que define a un gobierno

“Estar preparados” es una condición que se declara en el presente. “Haberse preparado” es la consecuencia de decisiones tomadas cuando era más costoso políticamente tomarlas: invertir en renovables o en la segunda Punta Catalina cuando el petróleo era barato, diversificar el suministro cuando no había urgencia, construir fondos de estabilización cuando la economía crecía. El propio gobierno lo reconoció: la crisis actual, dijo, “nos recuerda la necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.” Esa frase, es la admisión más honesta del discurso. Porque lo que la crisis nos recuerda es algo que ya sabíamos. La vulnerabilidad no es una sorpresa de esta semana. Es una condición estructural que se conoce y se posterga entre una y la siguiente crisis.

La guerra se libra lejos del Caribe, pero sus consecuencias llegan al precio del transporte, la electricidad y la canasta básica dominicana. Eso no es una fatalidad irreversible.

La pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos a construir una economía que no dependa de que las guerras ajenas terminen pronto?

Zoraima Cuello

Doctora en Educación

Doctorada en Educación con especialidad en Liderazgo Organizacional; con Maestrías en Transformación Digital y en Alta gerencia. Postgrado en Dirección de Operaciones. Licenciada en Contabilidad, certificada internacionalmente en programas de liderazgo y mentoría. Con más de 25 años de experiencia gerencial en los sectores público y privado. Ocupó la posición de Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental en el Ministerio de la Presidencia, implementando el sistema nacional de atención a emergencias y seguridad (911), el programa República Digital, el sistema de seguimiento de las metas presidenciales, la estrategia de ciberseguridad, y la implementación del Centro Nacional de Ciberseguridad, entre otros. Actualmente se desempeña como Vicerrectora Ejecutiva de la Universidad del Caribe, función que conjuga con la Presidencia del Círculo de Cultura Democrática, entidad sin fines de lucro dedica al análisis y la elaboración de propuestas que impulsen el bienestar de la sociedad, fortalezcan la democracia y el desarrollo de la República Dominicana. La doctora Cuello es escritora e investigadora. Ha publicado diferentes artículos en numerosas revistas académicas y periódicos de circulación nacional. Es autora del libro 7 Riesgos de las Redes Sociales, ser Ciudadanos en un mundo tecnológico, y coautora del libro El desarrollo municipal, factor estratégico en el posicionamiento de México en los escenarios políticos y sociales del siglo XXI, entre otros.

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