Estados Unidos y la doctrina del poder sin guerra: Venezuela como laboratorio estratégico

La secuencia del Domingo 4 de Enero 2026 de entrevistas del secretario de Estado Marco Rubio en los principales programas dominicales de la televisión estadounidense —This Week (ABC), Face the Nation (CBS) y Meet the Press (NBC)— no constituye una gira mediática rutinaria.

En conjunto, conforma la exposición pública, ordenada y deliberada, de una nueva doctrina de política exterior aplicada a Venezuela.

Una doctrina que prescinde del lenguaje clásico de la guerra y la ocupación, pero que no renuncia al ejercicio pleno del poder coercitivo. Es, en esencia, la formulación del poder sin guerra.

En NBC, Rubio abre con una negación categórica: “no hay guerra”. Pero esa frase no clausura el debate; lo redefine. La guerra, afirma, no es contra un Estado sino contra redes criminales —narcotráfico, contrabando, migración ilegal— que, según la narrativa oficial, se confunden con la estructura misma del poder venezolano.

El desplazamiento conceptual es decisivo: la discusión sale del derecho internacional clásico y se instala en el terreno del derecho penal y de la “aplicación de la ley”.

Bajo esa lógica, la intervención militar deja de presentarse como acto bélico y pasa a describirse como apoyo técnico a funciones judiciales y de seguridad.

El eje operativo de la doctrina es la llamada “cuarentena petrolera”. Rubio evita con cuidado el término “bloqueo”, consciente de su peso histórico y jurídico en América Latina.

Sin embargo, lo que describe es funcionalmente equivalente: interdicción naval selectiva, incautación de cargamentos sancionados, ejecución de órdenes judiciales estadounidenses y un despliegue marítimo capaz de paralizar, en los hechos, la exportación de crudo.

En una economía dependiente casi por completo del petróleo, la diferencia semántica resulta irrelevante frente a los efectos reales. Se trata de una palanca de asfixia estructural.

En CBS, la doctrina se expone con mayor crudeza. Rubio no desmiente la afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos “dirige” el rumbo de Venezuela. La matiza, pero no la rechaza.

Explica que ese control se ejerce a través de la economía, particularmente del petróleo, el nervio vital del Estado. Mientras no se cumplan las condiciones fijadas por Washington, la economía venezolana —dice sin rodeos— no podrá “moverse hacia adelante”.

La prioridad declarada es el interés nacional estadounidense; el bienestar futuro del pueblo venezolano aparece como consecuencia eventual, no como objetivo inmediato.

El punto más sensible es el jurídico. En ABC, Rubio presenta la captura de Nicolás Maduro como una operación de law enforcement: un arresto ejecutado en minutos, en una instalación militar, con apoyo limitado y sin bajas estadounidenses. No hubo invasión, sostiene, ni ocupación, ni necesidad de autorización previa del Congreso. Bastaron las órdenes judiciales internas, la urgencia operativa y el secreto. En esta concepción, la legalidad no emana del derecho internacional ni del sistema interamericano, sino del ordenamiento judicial de Estados Unidos y de la eficacia del resultado.

Ese razonamiento establece un precedente de enorme alcance. Si un Estado puede ejecutar arrestos extraterritoriales selectivos, con respaldo militar, sin marco multilateral ni control legislativo previo, la frontera entre acción policial y uso unilateral de la fuerza se vuelve deliberadamente difusa.

Rubio no elude la tensión: la asume. Insiste en que el éxito operativo valida la legitimidad y que prácticas similares han sido utilizadas por prácticamente todos los presidentes estadounidenses en las últimas décadas. Lo excepcional —sugiere— no es la acción, sino el escándalo que la rodea cuando el Presidente es Trump.

En NBC aparece otro componente central: la negación de la ocupación y la normalización de las incursiones quirúrgicas. Rubio afirma que no hay “boots on the ground” permanentes en Venezuela y reduce la presencia terrestre a “unas dos horas” durante la operación de captura.

El mensaje es claro: no se controla el territorio, se controlan los flujos; no se administra el Estado, se condiciona su financiamiento; no se declara guerra, se ejecutan operaciones selectivas bajo la cobertura de la ley. Es una doctrina de intervención mínima y presión máxima.

El componente político queda subordinado a la seguridad. Rubio habla de una “transición holística”, pero descarta plazos y califica de prematuras —cuando no absurdas— las demandas de elecciones inmediatas.

Antes, dice, hay que neutralizar narcotráfico, pandillas, migración masiva y la presencia de actores extrahemisféricos como Irán y Hizbolá, a los que suma Rusia, China y, de manera insistente, Cuba. La democracia aparece como horizonte retórico; la seguridad nacional estadounidense, como prioridad operativa.

En este punto, Cuba adquiere un lugar especial. Rubio sugiere que el aparato de inteligencia y seguridad del chavismo estaría “controlado por los cubanos”, describiendo la relación en términos cercanos a una colonización interna.

Ante la pregunta sobre si La Habana sería el próximo objetivo, responde con ambigüedad calculada: no anuncia acciones concretas, pero deja claro que el antagonismo es abierto y que el régimen cubano “está en problemas”. El perímetro doctrinal se amplía: Venezuela es el teatro inmediato; Cuba, la posible continuidad.

En el plano económico, el diagnóstico es implacable. Rubio describe la industria petrolera venezolana como destruida, saqueada y capturada por una élite que vende crudo con descuentos extremos y se apropia de la renta.

La salida que propone no es estatal ni multilateral, sino privada y occidental: inversión extranjera bajo garantías estrictas, orientada a reactivar la producción y, en el discurso, a beneficiar a la población. La soberanía energética queda así condicionada a reglas definidas fuera del país.

Lo que emerge del tríptico ABC–CBS–NBC es una doctrina coherente y explícita: presión económica total sin declaratoria formal de bloqueo; interdicción naval judicializada; operaciones quirúrgicas presentadas como aplicación de la ley; negación de ocupación combinada con afirmación de conducción estratégica; y un objetivo central: impedir que Venezuela opere como plataforma de amenazas en el hemisferio.

El lenguaje de la “no guerra” no atenúa el fondo; lo vuelve más administrable en el discurso interno y más difícil de impugnar en los marcos clásicos del derecho internacional.

Rubio está diciendo, en términos inequívocos, que el siglo XXI no necesita marines ocupando capitales para imponer orden. Basta con controlar los flujos vitales, paralizar economías y reordenar incentivos desde el exterior. Es la doctrina del poder sin guerra: coerción máxima, visibilidad mínima. Y sus consecuencias, para Venezuela, para el Caribe y para el sistema interamericano, apenas comienzan a desplegarse.