Del privilegio a las oportunidades

Cuando el poder económico y el poder político descubren que pueden protegerse mutuamente, el Estado corre el riesgo de convertirse en administrador de privilegios particulares.

El problema no es el mercado. Tampoco la democracia. El problema es la complicidad. Así comienza un ciclo que América Latina conoce demasiado bien.

Primero aparece la captura clásica: determinados agentes económicos consiguen tratamientos fiscales, protecciones o ventajas particulares, mientras sectores políticos encuentran financiamiento y respaldo. Los beneficios se concentran y buena parte de la factura recae sobre la clase media, las mipymes y los sectores productivos formales.

Cuando la sociedad se cansa, surge el extremo contrario: el populismo promete acabar con los privilegios y reivindicar a quienes se sienten excluidos. América Latina conoce demasiado bien ese camino y sus consecuencias.

Lo que comienza como reacción frente a la desigualdad puede terminar concentrando poder, debilitando instituciones y seguridad jurídica y castigando las actividades que generan riqueza. Se destruyen capacidades productivas, desaparecen empresas y empleos, se desalienta la inversión, emigran capitales y talento y aumenta la dependencia del Estado.

Nuestra región ofrece suficientes experiencias para saber que el riesgo no es teórico. Países con abundantes recursos, capital humano y tejido productivo han visto erosionarse esas fortalezas cuando la frustración abrió las puertas a proyectos que prometieron corregir los excesos del sistema, pero terminaron debilitando las bases de la creación de riqueza.

Conviene hacer aquí una distinción: la derecha, por sí misma, no es el problema. Tampoco la izquierda. Ambas pueden contribuir al desarrollo dentro de instituciones fuertes y democráticas. El problema son los extremos y sus complicidades: una derecha que utiliza el poder para proteger privilegios y una izquierda que utiliza el Estado para construir dependencia.

Y ahí aparece un tercer escenario, quizás más peligroso por presentarse como equilibrio y gobernabilidad: un gobierno con insuficiente capacidad o voluntad transformadora que termina recurriendo a ambas complicidades para sostenerse. Conserva privilegios arriba y expande gasto corriente abajo. Evita confrontar intereses mientras administra el descontento mediante subsidios, transferencias, empleos públicos y asistencia.

El problema no es ayudar al vulnerable. El problema surge cuando la ayuda deja de ser un puente hacia la oportunidad y se convierte en mecanismo permanente de dependencia.

Así puede conservarse gobernabilidad sin construir desarrollo. Peor aún: mientras persisten privilegios arriba y dependencia abajo, aumenta la frustración de quienes trabajan, pagan impuestos y producen, pero sienten que las oportunidades no se democratizan. Ese es el terreno donde germinan los extremos.

Seis años después

Este 16 de agosto el PRM cumplió seis años ejerciendo la Presidencia de la República. Ya es tiempo suficiente para evaluar no sus promesas, sino sus resultados.

Y mi conclusión es preocupante: nos hemos acercado peligrosamente a ese tercer escenario. No hemos desmontado suficientemente la economía de privilegios. Persisten tratamientos diferenciados, exenciones, protecciones e influencias que deberían justificarse por sus resultados y no por el poder de quienes los reciben. Pero tampoco hemos construido un Estado social concentrado en sacar progresivamente al ciudadano de la dependencia mediante educación de calidad, capacitación, formalización, crédito, productividad y mejores empleos.

Hemos administrado ambos extremos. Arriba, privilegios. Abajo, dependencia. Y en el medio quedan demasiadas veces la clase media que paga impuestos, las mipymes que generan empleos, los profesionales independientes y los sectores productivos formales.

Y todo esto tiene un costo. El presupuesto inicial de 2026 destinó alrededor del 2.5 % del PIB al gasto de capital, insuficiente frente a las enormes necesidades acumuladas de infraestructura, agua, energía, transporte, vivienda, educación y desarrollo productivo. Pero el problema no es solamente cuánto invertimos. Es cómo priorizamos.

Después de seis años hemos visto demasiados anuncios, primeros picazos y obras que avanzan lentamente o permanecen inconclusas. Inauguramos esperanzas con mayor facilidad que soluciones.

Seguimos sin una escala nacional de prioridades suficientemente vinculante: qué debemos terminar primero, qué inversión aumenta la productividad, qué infraestructura elimina los principales cuellos de botella y qué obra transforma verdaderamente la vida de la gente.

Para eso precisamente existe la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Mientras tanto, seguimos recurriendo al endeudamiento. La deuda no es buena ni mala por definición. Lo importante es qué dejamos a cambio.

Una presa permanece. Una carretera productiva permanece. Una infraestructura energética permanece. Una escuela que forma capital humano transforma generaciones. El gasto corriente se consume hoy; la deuda utilizada para financiarlo puede acompañarnos durante décadas.

Ese es el riesgo: utilizar el presupuesto presente y comprometer el presupuesto futuro para sostener simultáneamente privilegios arriba y dependencias abajo. Es políticamente cómodo. Produce gobernabilidad. Evita confrontaciones. Pero no construye desarrollo.

Una sociedad decente tiene la obligación de proteger a quien lo necesita. Pero proteger no puede significar condenarlo a depender. El subsidio debe ser un puente. La transferencia debe combatir la pobreza mientras educación, capacitación, crédito y empleo combaten sus causas.

Por eso debemos superar la vieja discusión entre más mercado o más Estado. La pregunta correcta es: ¿qué mercado y qué Estado necesitamos para producir más riqueza y democratizar las oportunidades?

Un mercado con competencia real, reglas claras e igualdad de oportunidades. Y un Estado fuerte donde debe serlo: educación, salud, infraestructura, seguridad jurídica y construcción de capacidades productivas. Ni capitalismo de privilegios ni populismo de dependencias. Y mucho menos la combinación de ambos.

Necesitamos pasar del privilegio a la competencia; de la dependencia a la autonomía; y de la deuda destinada al consumo presente a la construcción de patrimonio productivo para el futuro.

Que el hijo de una familia pobre pueda recibir una educación capaz de transformar su destino. Que una pequeña empresa pueda crecer sin conexiones políticas. Que trabajar, producir y formalizarse sea más atractivo que depender. Que una gran empresa prospere por productividad e innovación y no por cercanía al poder. Y que cada peso de deuda deje, siempre que sea posible, un activo o una oportunidad para quienes tendrán que pagarlo.

Esto requiere instituciones fuertes, transparencia y menos discrecionalidad. Pero también una nueva alianza entre empresarios, trabajadores, profesionales, jóvenes, académicos y políticos.

Porque la alternativa no puede ser escoger quién captura al Estado. Debemos construir un Estado que no pueda ser capturado: ni por los privilegios de arriba ni por el clientelismo de abajo.

Y aquí regresa la advertencia latinoamericana: cuando quienes se benefician del sistema se resisten a reformarlo, pueden terminar creando las condiciones para que llegue quien prometa destruirlo.

Cuando una mayoría siente que el sistema funciona para unos pocos y no ofrece oportunidades para los demás, la desesperanza puede convertirse en voto de castigo y abrir las puertas a proyectos que, prometiendo acabar con los privilegios, terminan destruyendo también inversión, empleos, instituciones y capacidades productivas.

Ese es precisamente el extremo que debemos evitar. Quienes hoy gobiernan, junto con las élites económicas que se benefician del sistema, deberían comprenderlo antes de que sea demasiado tarde. Porque entonces perdemos todos. Pero quienes más tienen, tienen también más que perder.

Esa es la diferencia entre administrar la gobernabilidad durante seis años y construir una nación para generaciones.