Cada cierto tiempo leo el mismo tipo de anuncios: bajaron los homicidios, bajaron los feminicidios, u otros semejantes. Aparecen en comunicados oficiales y al día siguiente se reproducen en los titulares. Quisiera creerlo sin reservas, ya que cualquier mejora es una buena noticia. Pero casi siempre, muy pronto, algo quiebra esta esperanza: una muerte brutal, un feminicidio que irrumpe, una crónica que contradice el alivio prometido.

No escribo esto para afirmar que las cifras sean falsas. Es posible que, en ciertos recortes temporales, se registre una disminución. Lo que me inquieta es la fragilidad de esos anuncios. Rara vez vienen acompañados de explicaciones claras, de indicadores comparables o de metodologías públicas que permitan entender qué se está midiendo y cómo. Sin ese anclaje, la cifra se vuelve una afirmación suspendida en el aire, difícil de sostener y fácil de erosionar.

Como lectora cotidiana de la prensa, la sensación es desconcertante. No es que los medios se contradigan. Informan sobre hechos concretos y reproducen lo que dicen las instituciones. Pero cuando el discurso oficial carece de precisión, la información se vuelve inestable. El resultado es una percepción fragmentada de la realidad, donde la violencia parece al mismo tiempo controlada y desbordada.

Me pregunto a menudo: ¿por qué al Estado le cuesta tanto reconocer, con franqueza, los retrocesos en la lucha contra la violencia —y también en otros ámbitos—? Da la impresión de que las autoridades se aferran a una realidad que no siempre se corresponde con la que se vive en las calles, como si sostener un relato de mejora resultara menos costoso que revisar con honestidad los límites de las políticas aplicadas. Como si admitir un fracaso parcial equivaliera a una derrota total. Sin embargo, negar o suavizar los retrocesos solo los desplaza al terreno de la sospecha y del silencio.

Este problema no se limita al ámbito de la seguridad. Algo similar ocurre con otros datos. Recientemente se anunció una disminución del 44,7 % en el registro de niños haitianos. La cifra, en apariencia contundente, admite lecturas opuestas. Puede interpretarse como el resultado exitoso de las medidas migratorias. Pero también puede indicar un subregistro creciente, con mujeres que, por miedo optan por dar a luz en casa o fuera del sistema de salud. Sin información adicional, sin contexto ni verificación cruzada, la cifra en sí misma dice muy poco. Todo depende del relato que la acompaña.

Algo parecido se da con los datos sobre muertes maternas y neonatales en 2025. Según se tomen en cuenta cifras preliminares o datos depurados, el panorama puede variar de forma significativa. Esa diferencia, que debería responder a un proceso transparente de verificación y actualización estadística, termina muchas veces introduciendo una ambigüedad difícil de explicar al público. La coexistencia de cifras distintas —sin que se detallen con claridad sus criterios, tiempos y alcances— abre la puerta a una manipulación discreta del relato. No se inventan datos; se seleccionan aquellos que mejor se ajustan al mensaje que se quiere transmitir. De nuevo, la cifra, aislada de su proceso de construcción, pierde valor explicativo.

Ese vaivén de anuncios tiene efectos concretos. Produce cansancio, escepticismo y, en cierto modo, insensibilidad. Cuando las cifras se presentan como buenas noticias y, casi simultáneamente, los hechos o los datos alternativos las contradicen, terminamos por dejar de escuchar. La violencia, la exclusión o la precariedad se normalizan, no porque hayan disminuido, sino porque ya no sabemos cómo interpretarlas.

A veces pienso que esta confusión se parece, en sus efectos, al ruido provocado por las fake news. No porque el Estado mienta de forma deliberada, sino porque un uso impreciso de los datos genera desinformación sin necesidad de falsificar nada.

La seguridad, la salud pública o la política migratoria no se construyen solo con operativos ni con declaraciones tranquilizadoras. También se construyen con datos comprensibles y verificables, con la disposición de explicar incluso cuando la explicación es incómoda.

Tal vez el problema de fondo no sea solo estadístico, sino cultural e institucional. Reconocer retrocesos exige aceptar que las políticas públicas no avanzan en línea recta y que gobernar no es solo exhibir resultados, sino rendir cuentas también cuando los resultados no son los esperados. Mientras el Estado tema decir “hemos retrocedido”, las cifras seguirán flotando sin asidero claro. La credibilidad, en definitiva, no se construye con cifras aisladas, sino con la capacidad de nombrar los tropiezos y aprender de ellos.

Elisabeth de Puig

Abogada

Soy dominicana por matrimonio, radicada en Santo Domingo desde el año 1972. Realicé estudios de derecho en Pantheon Assas- Paris1 y he trabajado en organismos internacionales y Relaciones Públicas. Desde hace 16 años me dedicó a la Fundación Abriendo Camino, que trabaja a favor de la niñez desfavorecida de Villas Agrícolas.

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