Mito 5: El estado dominicano está incurriendo en enorme gasto en educación a los hijos de inmigrantes haitianos y éstos están quitando cupos a los niños dominicanos (Cont.)
La inversión en educación del Gobierno dominicano en el pasado año 2024 a través del Ministerio de Educación fue de RD$ 290,877,564,069, de acuerdo al Informe de Ejecución sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria.
Si bien en las oportunas estadísticas del MINERD –un modelo de buenas prácticas en el país- no aparece la inversión clasificada según el país de origen de los estudiantes, una estimación posible -que en todo caso es un proxy- de la inversión en alumnos haitianos se puede obtener multiplicando el costo unitario promedio estimado de la inversión por alumno -que en el año 2024 fue de RD$145,214- por el total de estudiantes matriculados en el sector público, cuyo resultado es de RD$19,270,797,120, equivalente a apenas el 6.6% del presupuesto total ejecutado por dicho ministerio en el referido año.
Pese a la leve reducción de la matrícula total de estudiantes preuniversitarios en los últimos 10 años de 2,675,602 a 2,617,801, la inversión total casi se ha triplicado, al aumentar en 167%. La dedicada a niños y adolescentes de origen haitiano se triplicó en términos absolutos los últimos 6 años (2018-2024), pero en términos relativos su participación en la inversión total aumentó sólo de 4.6% al 6.6%, debido no sólo a duplicación que la matrícula, sino también al aumento de 62% en el costo per cápita por alumno.
Ahora bien, las brechas territoriales de inversión en educación son significativas. Las provincias que ostentan costos por alumno más altos, ascendiendo a un promedio de RD$ 265,422 por estudiante en el año 2024, son Hermanas Mirabal y Espaillat. Mientras que, entre las provincias que presentan menor inversión por estudiante, se encuentran La Romana y La Altagracia con un promedio que alcanza apenas los RD$ 78,121 por estudiante.
En relación con la inversión a nivel provincial, los montos invertidos en la educación de los niños y adolescentes de origen haitiano en las diversas provincias del país varían desde un mínimo de 1.4% en Samaná y 1.9% en Sánchez Ramírez a 25.7% en Elías Piña, 24,7% en Independencia y 24% en Pedernales; sólo en 5 de las 27 provincias restantes (Barahona, Valverde, Santiago Rodríguez, La Altagracia, El Seibo, Peravia, Puerto Plata) supera el porcentaje promedio nacional alcanzando alrededor del 10%.
Estos montos de inversión en educación a los hijos de inmigrantes y algunos transeúntes fronterizos en provincias, municipios y distritos escolares con presencia ancestral de inmigrantes haitianos, como son las fronterizas y las del eje cañero, están en correspondencia con la proporción de población de rigen haitiana residente en las mismas. Si bien en un número de centros educativos en esos territorios la presencia de alumnos de origen haitiano se equipara o sobrepasa los dominicanos y la inversión pública es superior al promedio nacional, los rangos de variación de la proporción de la inversión pública total en educación dedicada a los estudiantes de origen haitiano oscilan alrededor del peso demográfico que tiene en la población general a nivel local.
Las cifras mostradas no indican que los hijos de inmigrantes haitianos están socavando o drenando los recursos presupuestarios destinados a la educación preuniversitaria. Al igual que en los EE. UU., las preocupaciones en RD sobre el impacto de los inmigrantes en los servicios de educación y salud se han centrado en la cuestión de la inmigración ilegal, ya que harían uso de esos servicios sin pagar impuestos. Si bien en buen número de los inmigrantes no son contribuyentes, si se compara la inversión pública en educación y salud con el aporte de la mano de obra de origen haitiana al PIB, esta representa apenas el 10.6% de los RD$247,989 millones del valor agregado que esta produjo en el año 2017.
Si bien el principal costo fiscal a largo plazo de la inmigración haitiana no es la asistencia social o la atención médica, sino la educación de los niños, esas inversiones generalmente se recuperan una vez que los jóvenes comienzan a trabajar y a pagar impuestos. Como bien sentencia el sociólogo Hein de Hasss en Cómo funciona la Migración, “Esta es una de las principales razones por las que los estados financian la educación pública: para capacitar a la próxima generación de trabajadores productivos”.
El relato de que la inmigración “descontrolada” está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los sistemas públicos de salud y educación, culpando a la inmigración de la saturación en los hospitales, de la supuesta “falta de cupos” en las escuelas de niños dominicanos y de aulas superpobladas, es insostenible.
Si algún insensato duda de que el “gasto” público en educación y salud, sin importar la nacionalidad, origen étnico o ciudadanía, es una inversión necesaria y eficaz por razones elementales de orden económico y social –de la que obtiene importantes retornos no sólo los beneficiarios directos, sino también el Estado y la sociedad dominicana, al capacitarse y preparar a esos niños y adolescentes para incorporarse posteriormente al mercado laboral y aportar al desarrollo del país-, debería, sin el menor esfuerzo de razonamiento profundo y por menos capacidad cognitiva y empatía con los seres humanos que tenga, admitir que negar o limitar el “pan de la enseñanza” a los hijos de inmigrantes haitianos seria condenarlos a la exclusión económica y social, abonando el terreno para su degradación y deriva futura en la delincuencia.
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