Mito 5: El estado dominicano está incurriendo en enorme gasto en educación a los hijos de inmigrantes haitianos y éstos están quitando cupos a los niños dominicanos
La matrícula de alumnos y la inversión en educación preuniversitaria del Estado dominicano en niños y adolescentes de origen haitiano es el otro Talón de Aquiles del mantra de la supuesta “carga económica” haitiana del estado dominicano que tanto se pregona.
La efervescencia nacionalista por la supuesta invasión de “parturientas” haitianas se ha extendido a los servicios educativos de los hijos de los haitianos residentes en RD y de habitantes fronterizos, llegando al paroxismo en la versión más extrema y militante del neo nacionalismo más cerril, cuando le atribuyen a esos niños y adolescentes haitianos el desplazamiento de sus pares dominicanos de los beneficios de servicios públicos de educación al supuestamente saturar los cupos máximos de un número significativo de centros educativos, sobre todo en los localizados en las regiones, municipios y ciudades de más presencia de población de origen haitiano, y al negarle el derecho a la educación a los hijos de los indocumentados haitianos, alegando que son “ilegales”.
Para desmontar estas falacias, comenzaré por las más burda y carente de la más mínima empatía y solidaridad con la necesidad de la educación formal de niños y adolescente: la negación del derecho consagrado en la Constitución dominicana y en la Ley de Educación.
De acuerdo con la Constitución de la República en su artículo 63, y en los artículos 1 y 4 de la Ley General de Educación No. 66-97, el derecho a la educación integral, de calidad y permanente se reconoce a todas las personas en igualdad de condiciones y oportunidades, sin importar su nacionalidad, raza, ideología o afiliación religiosa.
Según el artículo 63 de dicha Constitución, el Estado tiene como obligaciones principales entre otras las siguientes: garantizar la educación pública gratuita y declararla obligatoria en los niveles inicial, básico y medio; velar por la calidad de la educación; erradicar el analfabetismo; velar por la calidad de la educación superior; garantizar educación a las personas con necesidades especiales y capacidades excepcionales; garantizar servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas e informática para el acceso universal a la información; y asegurar la libertad de enseñanza.
Si bien, ninguna disposición legal dominicana se refiere al derecho de educación para los extranjeros residentes en el país, los compromisos y obligaciones del Estado en este ámbito cubren a todos los residentes en territorio nacional. El Estado dominicano es responsable de promover políticas y aportar los medios necesarios para el desarrollo de la vida educativa mediante apoyos de tipo social, cultural, económico a la familia y al educando. De otro lado, los tratados y convenios internacionales ratificados por el país, reconocen el derecho a la educación para todos los que residan en el país.
Según el artículo 9 de la Ley No. 66-97, son también compromisos del Estado: otorgar especial protección al ejercicio del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza; garantizar y fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades; ofrecer, con carácter de prioridad, enseñanza completa en el nivel de educación básica a todos los niños en edad escolar; garantizar una educación gratuita que permita que toda la población tenga igual posibilidad de acceso a todos los niveles y modalidades de la educación pública; contribuir al financiamiento y desarrollo de la educación vocacional, formación profesional, educación técnico-profesional y la educación superior; brindar ayuda técnica y material a las instituciones privadas de interés público; g. facilitar y financiar la formación y actualización de los maestros en todos los niveles y modalidades; estimular la creación artística y el disfrute de los valores estéticos; y supervisar la educación pública y privada.
Pese a estos derechos, el acceso a educación de inmigrantes haitianos y sus descendientes presenta brechas importantes en República Dominicana. En no pocos casos, la inscripción escolar se complica por falta de documentos al concluir el nivel básico y pretender entrar en la escuela secundaria. Si bien la asistencia escolar en RD es prácticamente universal (97%) entre los niños de educación primaria (entre 6 a 14 años), los niños en edad de educación primaria que pertenecen a hogares con inmigrantes muestran una probabilidad ligeramente menor de asistir a la escuela (90%), y entre los jóvenes entre los 15 y los 22 años, los jóvenes pertenecientes a hogares con inmigrantes tienen muchas menos probabilidades de asistir a la escuela en comparación con los jóvenes pertenecientes a hogares sin inmigrantes: solo el 24% de los jóvenes que viven en un hogar con inmigrante asisten a la escuela, de acuerdo al citado estudio de OECD de 2017.
Si bien las escuelas públicas en República Dominicana son gratuitas, aún existen barreras en el acceso para los inmigrantes haitianos, especialmente los que se encuentran en condición irregular. A los extranjeros no se le niega legalmente el ingreso al sistema educativo público. Sin embargo, en la práctica, la falta de documentos y dinero pueden obstaculizar la inscripción o registro de extranjeros en los diferentes niveles de educación. Existen barreras en el acceso a la educación superior, pues la falta de documentos restringe el acceso a la educación superior.
Los hijos de inmigrantes indocumentados tampoco tienen acceso a los incentivos de apoyo económicos del programa Supérate del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales para promover el incremento en años de escolaridad y la prevención de la deserción escolar en el nivel primario y secundario y el incremento en años de escolaridad en el nivel secundario.
Veamos a continuación cuál es la matrícula actual de estudiantes de origen haitianos. De acuerdo a las estadísticas oficiales del MINERD, en año lectivo 2023-2024, de una matrícula total de 2,617,801 alumnos, habían inscritos un total de 186,975 estudiantes de “nacionalidad” haitiana, 149,624 en el sector público, 36,685 en el sector privado y 666 en semioficial. En términos relativos, los estudiantes de origen haitiano representan el 7.1% del alumnado total a nivel global. Sin embargo, esta participación relativa varía significativamente a nivel territorial entre los distintos distritos y centros educativos.
En la inmensa mayoría de los 10,613 centros educativos públicos y privados distribuido en todo el país el porcentaje de alumnos haitianos no llega al 5% del total de inscritos, sólo en unos pocos supera el 20%, y en otro grupo mucho más reducido son más de la mitad de todos los alumnos, especialmente en los establecimientos escolares localizados en el Gran Santo Domingo, Santiago, la Zona Fronteriza y la Región Este. Estos últimos no representan la generalidad de la baja participación de los hijos de haitianos en sistema educativo dominicano, pero son los que se utilizan con frecuencia para pintar un panorama sombrío de “invasión” y amenaza de colapso del sistema educativo y de desplazamiento de los hijos de los dominicanos.
Con respecto a la muy difundida idea del desplazamiento de niños y adolescentes dominicanos a los que se les están quitando sus cupos en los niveles inicial, primaria y secundaria, si bien la matrícula de estudiantes haitianos registrada en los centros del sistema educativo nacional ha experimentado un crecimiento exponencial, al cuadriplicarse en los últimos 12 años (2012-2024), la cantidad máxima de alumnos por aula es la variable que determina que un estudiante pueda o no encontrar cupo en un centro educativo. La cantidad de alumnos por aula es un indicador indirecto del déficit o exceso de demanda, como bien pondera en el estudio realizado por la Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo del Ministro de Educación. Aunque a nivel nacional existen 31 alumnos por cada aula del sistema público, hay distritos que exceden significativamente dicho promedio, como el caso de Pedro Brand, con 55.7.
De acuerdo con estimaciones realizadas en este estudio, en la actualidad el sistema educativo tiene un promedio de 35 alumnos (incluyendo todos los extranjeros) por aulas, lo que significa que el riesgo de desplazamiento de alumnos dominicanos es poco significativo. Solo tres distritos presentan una probabilidad de desplazamiento mayor al 1%: Pedernales con un 3.73%, Higuey con un 3.61%, y Las Terrenas con un 1.24%, aun cuando se admite que “el principal riesgo de presión sobre el sistema educativo es la permanencia del ritmo actual de crecimiento de la matricula estudiantil haitiana”.
En un estudio del Observatorio Educativo que encontró en algunas escuelas públicas hay escasez o falta de cupos porque por el déficit de cerca de más de 7,000 aulas que tiene actualmente el sistema educativo.
El Ministro de Educación saliente negó reiteradamente que niños se estén quedando sin cupo. Con la finalidad de responder a la demanda de falta de cupo escolar, el MINERD emitió la Orden Departamental No. 25-2024, que da continuidad al Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar (PASE) para garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios a través de acuerdos con instituciones privadas que tengan disponibilidad de cupos. Conforme a la última actualización de la ordenanza, cada institución educativa privada recibirá RD$28,350.00, a razón de cada estudiante registrado y validado en el PASE para cubrir el componente de matriculación de todo el año escolar.
Ahora bien, ¿cuál la inversión (“gasto”) que realiza el Estado dominicano en servicios educativos a los hijos de inmigrantes haitianos en los niveles inicial, básico y medio a través del Ministerio de Educación? ¿Está ese “gasto” amenazando la financiación de la educación pública? Las respuestas a estas preguntas las expondré en la próxima entrega de este artículo.
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