La verdad es que jamás me imagine que el escribir aquel sencillo artículo del 13 de septiembre del año pasado el cual publiqué en estas mismas páginas sobre la tensión que se genera entre el abogado frente a la Ley Dominicana 155-17 contra el lavado de activo y el financiamiento contra el terrorismo.
Muy convencido pude reconocer allí que la ley dejó muy maltratado el secreto profesional, pero sostuve también una posición que hoy reiterativamente mantengo: en un Estado de Derecho, ningún interés privado puede ubicarse por encima de la ley.
Dejando claro que cuando la lealtad al cliente se enfrenta con el deber legal de reportar, lo último es indiscutiblemente lo que aplica y procede.
Sin embargo un año después, revisando lo que se escribe en la región, encontré que Brasil llegó exactamente a la conclusión contraria nuestra.
Sobre la base de los mismos argumentos, (el secreto profesional, el derecho de defensa, la confianza del cliente), la Orden de Abogados de Brasil decidió que la ley de lavado no alcanza a los abogados.
En pocas palabras dos países, casi de manera simultánea, es decir, con pocos años de diferencia, se hicieron la misma pregunta: ¿debe el abogado ayudar al Estado a prevenir el lavado de activos?
Mientras Brasil respondió que no en 2012, la República Dominicana valientemente respondió que sí en el 2017 mediante nuestra ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero no obstante creo q vale la pena mirar qué ganó y qué perdió cada uno, y poner a prueba, con esa experiencia, mi humilde y propia posición.
En el ano 2012, Brasil reformuló su ley de lavado y amplió y determinó una lista de quienes deben reportar operaciones sospechosas al COAF, su unidad de inteligencia financiera, (nuestra UAF aquí).
En esa reforma se determinaba quienes prestaban asesoría en ciertas operaciones con aquella excepción, y muchos entendieron que ahí estaban incluidos los abogados.
La reacción de La Orden de Abogados de Brasil reaccionó concluyó rápidamente determinando que la ley no se aplica a los abogados ni a sus sociedades, apoyándose en en dos argumentos: el secreto profesional cuenta con protección constitucional y el ejercicio de la abogacía no podía ser derogado por una ley general.
El gremio de los abogados a través de su presidente llegó a pedirles que ni siquiera se registraran ante el COAF.
Esta posición se mantuvo invariable en el tiempo, demostrando así la enorme dicotomía que afectaba a Brasil en tal sentido.
Pero ya en el 2021, después de escándalos que salpicaron a algunos abogados, el Consejo Federal se tomo cartas en el asunto y negó a revisar el tema y rechazó una propuesta de crear normas de orden preventivas propias y cerro el caso: los abogados tenían que reportar.
Cinco años después, la Ley 155-17 accionó por el camino opuesto y en el artículo 33 incluyó de forma expresa a abogados, notarios y contadores entre los sujetos obligados no financieros.
Aquí también hubo resistencia. El Colegio de Abogados acudió al Tribunal Constitucional con argumentos muy parecidos a los brasileños: el secreto profesional, el derecho de defensa y la personalidad de la persecución penal. Pero la norma sigue vigente, y hoy muchos despachos dominicanos tienen programa de cumplimiento, oficial de cumplimiento y supervisión de la DGII.
Ya mirando las cosas de manera fría, Brasil ganó algo valioso: preservó intacta la relación de confianza entre el abogado y su cliente pero pagando un precio: en el 2023 el GAFI reconoció que Brasil supervisa con fuerza su sector financiero, pero dejando una brecha en el sector no financiero que deja a los abogados y a los proveedores de servicios societarios sin una regulación adecuada contra el lavado.
Y hay un costo menos visible. El abogado brasileño que estructura una sociedad o una compraventa no tiene un protocolo legal que lo respalde. Si algo sale mal, no puede mostrar que siguió las reglas, porque para él no hay reglas.
Nosotros pagamos un precio distinto. Cumplir cuesta tiempo y dinero. Además, la tensión con el secreto profesional no desapareció: solo quedó regulada.
Pero ganamos algo que a veces olvidamos. El abogado dominicano que hace su debida diligencia documenta y reporta de buena fe tiene un marco que lo ampara. La propia Ley 155-17 lo libera de responsabilidad civil, administrativa o penal cuando cumple sus deberes de buena fe. Lo que en Brasil se ve como una amenaza al ejercicio profesional, aquí puede funcionar como un resguardo.
Y desde el 5 de noviembre de este año hay una razón más. Con la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que trae el nuevo Código Penal, Ley 74-25, una firma de abogados constituida como sociedad puede responder penalmente cuando un delito se comete en su nombre por fallas en sus deberes de dirección, control o supervisión. Cuando escribí en 2025, ese riesgo no existía. Hoy, el programa de cumplimiento que la Ley 155-17 nos exige deja de ser solo un deber administrativo: es la mejor prueba de que la firma hizo lo que le tocaba, y puede atenuar e incluso excluir su responsabilidad. El abogado brasileño que estructura sociedades no tiene ni las reglas ni esa defensa. Nosotros tenemos ambas, siempre que el programa funcione de verdad y no se quede en el papel.
La experiencia de ambos países sugiere que la pregunta nunca fue "abogado sí o abogado no". La pregunta es qué abogado y en qué momento.
Cuando el abogado defiende, aconseja sobre la situación jurídica de su cliente o lo representa ante un tribunal, el secreto profesional debe ser intocable. Ahí está la base de la profesión, y ninguna ley de lavado debería impedirlo.
Aun cuando el abogado es quien constituye la sociedad, mueve los fondos o firma la compraventa, ahí su papel cambia pues no solo se limita a aconsejar: es parte de la operación por donde circula el dinero. En ese punto, conocer al cliente y preguntar de dónde vienen los recursos no traiciona la profesión. La protege.
Después de mirar la experiencia brasileña, mantengo lo que escribí el año pasado: cuando el deber legal y la lealtad al cliente chocan, prima la ley. Pero lo afino. Ese choque solo debe darse donde la ley lo prevé, en la función transaccional del abogado, y nunca en la defensa.
Brasil cerró la puerta para cuidar la confianza del cliente. Nosotros la abrimos, y ahora nos toca demostrar que se puede cumplir sin traicionar esa confianza. Esa es, creo, la tarea de nuestra generación de abogados.
Fuentes consultadas
Publicaciones periodísticas brasileñas
CARD somete recurso al TC contra Ley 155-17 (El Caribe)
Abogados y notarios frente a la nueva ley de lavado de activos (elDinero)
Implicaciones de la ley de lavado de activos para los abogados (Acento)
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