Impuestos por goteo: la reforma que ya empezó

Cuando el discurso oficial celebra que la inflación interanual de octubre cerró en 5,14 %, muchos dominicanos se preguntan en los supermercados y mercados por qué ese supuesto alivio no se siente en la mesa. La respuesta es clara y no admite medias tintas: el Gobierno confunde deliberadamente desaceleración con abaratamiento. La inflación no mide si los precios bajan, sino la velocidad a la que siguen subiendo. Una tasa superior al 5 % significa que el costo de la vida continúa aumentando sobre una base que ya viene inflada por años de alzas acumuladas. Solo una inflación negativa devolvería poder de compra; mientras tanto, la propaganda festeja una curva estadística mientras el ingreso familiar sufre una erosión implacable.

Los números desnudan esa desconexión. En septiembre, la canasta familiar promedio nacional alcanzó los RD49.966, y para el quintil más bajo —el 20 % de los hogares de menores ingresos— el costo ya superaba los RD29.800. Hoy, el salario mínimo neto de las grandes empresas apenas cubre alrededor del 95 % de la canasta de los más pobres. Y como estos hogares destinan cerca del 38 % de su gasto exclusivamente a alimentos —frente a apenas el 14 % en los quintiles altos—, cada peso que suben la comida, el transporte o la energía actúa como un golpe desproporcionado contra su subsistencia. Después de varios años de aumentos acumulados, a millones de familias dominicanas sencillamente no les alcanza para cubrir sus consumos habituales.

Lejos de corregir las causas estructurales de esta carestía, la respuesta gubernamental ha sido una costosa política de contención que ya desbordó las finanzas públicas. El subsidio a los combustibles en 2026 supera los RD43.000 a RD44.000 millones —más de cuatro veces lo presupuestado originalmente—, drenando entre RD1.100 y RD1.600 millones cada semana. El propio ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha tenido que reconocer la magnitud del desajuste: mientras sin este subsidio el déficit habría cerrado cerca del 3,3 % del PIB, la factura de los combustibles proyecta empujar el déficit fiscal de 2026 en torno al 4 % del PIB, desbordando por completo el 3,2 % contemplado en el presupuesto. Cada peso destinado a un subsidio generalizado y regresivo —que beneficia por igual al propietario de un vehículo de alta gama y a quien depende del transporte público o del GLP doméstico— es un peso que se le resta a la salud, la educación, el sector eléctrico y la inversión reproductiva.

Pero el verdadero rostro de la política fiscal actual no está en lo que el Gobierno subsidia, sino en lo que cobra por la puerta de atrás. El país está pagando una reforma tributaria maquillada: una sucesión de ajustes por goteo, ejecutados en gran medida por vía administrativa o mediante resoluciones, que encarecen la vida sin pasar por el debate transparente de una reforma formal.

A los cambios reales que ya introdujo en junio la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento en el Impuesto Sobre la Renta —incluyendo un nuevo tramo del 27 % para ingresos altos a partir de 2027 y una sobretasa temporal del 30 % para grandes empresas— se le ha sumado una cascada de recargos administrativos que golpean directamente al ciudadano y al tránsito: el marbete vehicular subió de RD1.500/3.000 a RD2.000/4.000 (un alza del 33,3 % que no figuraba en los 62 artículos de la Ley 30-26); los peajes se reajustaron en varios tramos (pasando en algunos casos de RD60 a RD100 o más, junto a un esquema electrónico con severas multas); y hasta la certificación de buena conducta se encareció un 33 %, pasando de RD600 a RD800.

Esa misma presión se extiende al sector productivo y a la transición energética. El MIVED actualizó al alza las tarifas de permisos, supervisión e inspección de viviendas y construcciones, mientras que las contribuciones obligatorias para la gestión de residuos sólidos se escalaron hasta alcanzar los RD$675.000 anuales para determinadas empresas. Como si fuera poco, desde el 1 de noviembre se aplican nuevos cargos por uso de la red eléctrica a usuarios de paneles solares bajo el nuevo reglamento de generación distribuida, penalizando a quienes invierten capital propio para resguardarse de un servicio eléctrico caro e ineficiente.

Estas nuevas tarifas las pagan, en primera fila, las familias y los pequeños empresarios; y aquellas que recaen sobre las grandes empresas se transfieren directamente a los precios finales. El resultado es perverso: el propio Gobierno alimenta por vía administrativa la inflación que dice combatir, encareciendo el costo de vida de forma permanente y silenciosa.

A este cuadro fiscal se añade el deterioro del aparato productivo rural. Pretender justificar la contracción agropecuaria de septiembre únicamente por la sequía es ocultar la falta de previsión oficial. El sector arrocero enfrenta la apertura del DR-CAFTA con niveles de crédito inferiores a los de años anteriores y costos disparados, mientras la avicultura padece crisis cíclicas de sobreoferta y precios de venta por debajo del costo que asfixian a pequeños y medianos productores. Que el país importe cerca del 19 % de los productos agropecuarios que consume no es un accidente climático: es la consecuencia de desproteger la producción nacional, mermando los ingresos rurales, destruyendo empleos y poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria. No es un problema sectorial; es un problema de país.

Mientras tanto, el gasto de capital sigue siendo el gran sacrificado frente al gasto corriente. En el presupuesto de este año, la partida asignada a gasto de capital representa apenas un 13,3 % del gasto total presupuestado (unos RD215.284 millones frente a más de RD1,62 billones), y ni siquiera esa cuota reducida se ejecuta a tiempo: según los propios informes de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), al corte de octubre los proyectos de inversión pública arrastraban un notable rezago, habiéndose devengado apenas RD74.663 millones de los más de RD89.070 millones que debieron ejecutarse para esa fecha (cerca de RD$14.400 millones en obras paralizadas o retrasadas). Se protege el presente inmediato con transferencias corrientes, endeudamiento y tarifazos, pero se posterga el futuro.

La inflación positiva no baja los precios; solo mide la velocidad a la que siguen subiendo. La acumulación de carestía e impuestos silenciosos ya tiene a los hogares al límite. El camino para la República Dominicana no es más subsidio indiscriminado que lleve el déficit al 4 %, ni más reforma maquillada por cuotas. La salida responsable exige focalizar y auditar la protección social, transparentar cada ajuste tarifario, respaldar con crédito real al campo y destrabar la inversión de capital. Gobernar es construir competitividad y proteger el poder de compra de la gente, no cuadrar la caja chica encareciéndole la vida a los ciudadanos.