Apresurar los acuerdos del CES

El 5 de junio de 2025, tras el encuentro entre el presidente Luis Abinader y los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, el Consejo Económico y Social dio inicio formal al "Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana", con el propósito de definir una estrategia de Estado para enfrentar sus repercusiones en el territorio dominicano.

El 2 de septiembre, tras más de dos meses de trabajo con expertos y representantes de todos los sectores, y con aportes ciudadanos a través de la plataforma OpinaRD, se rubricó el informe final, conteniendo 26 líneas de acción y 151 propuestas. Como señala ese informe, el principal logro no fueron solo los acuerdos, sino el método que los hizo posibles: un "proceso deliberativo abierto, plural y técnicamente riguroso".

Contenidos y alcances

Los acuerdos responden a un esfuerzo de concertación nacional para responder a los riesgos de la crisis haitiana, fortaleciendo la soberanía, la seguridad nacional y el Estado de derecho. Para ello proponen modernizar la gestión migratoria, robustecer el control fronterizo, formalizar el comercio, ordenar el mercado laboral, desarrollar las comunidades fronterizas y combatir la trata, el contrabando y la corrupción, todo bajo principios de legalidad, no discriminación, debido proceso y respeto a los derechos humanos. Su adecuada implementación podría marcar un antes y un después en el país.

Se articulan en 6 ámbitos estratégicos. En materia migratoria, contemplan modernizar la Dirección General de Migración, gestionar los flujos de manera legal, ordenada y segura, y establecer un registro biométrico unificado entre Migración, Salud, Educación y la Junta Central Electoral.

En cuanto al comercio bilateral: formalizar el intercambio con Haití y combatir el contrabando que castiga a los productores nacionales. En el desarrollo fronterizo, llevar agua potable, electricidad, vivienda, parques industriales, politécnicos e instalaciones del ITLA, además de becas y residencias estudiantiles para retener a los jóvenes en una zona donde apenas reside el 4.9 % de la población nacional.

En seguridad, se plantea completar la verja perimetral, incorporar escáneres, videovigilancia y reconocimiento facial, y crear un Centro de Seguridad Fronteriza y un Observatorio de Inteligencia para anticipar riesgos.

El control fronterizo debe dirigirse principalmente contra el tráfico humano, los contrabandistas y las autoridades corruptas, no contra la población pobre. De lo contrario, el Estado castigaría al eslabón más vulnerable dejando intactos los mecanismos que reproducen la irregularidad.

En las relaciones externas, se propone una diplomacia activa que reclame a la comunidad internacional asumir la crisis haitiana, como responsabilidad compartida, financiar la Misión Multinacional e impulsar un plan regional de reconstrucción liderado por los propios haitianos.

Además, promover la creación de un Consejo Binacional de Innovación Social, integrado por organizaciones dominicanas y haitianas, para diseñar e implementar proyectos conjuntos de desarrollo, fortalecimiento comunitario y educación.

La respuesta no puede ignorar la realidad económica. Los sectores agropecuarios, de la construcción, de los servicios y del turismo emplean a decenas de miles de trabajadores de origen haitiano. Una "dominicanización" inmediata provocaría escasez, pérdidas de cosechas e inflación.

Los acuerdos proponen mecanismos de identificación, formalización laboral y seguridad social para quienes sean regulados, y la revisión del artículo 145 del Código de Trabajo para permitir excepciones temporales en determinados sectores. La formalización reduce la vulnerabilidad del trabajador, evita la competencia desleal contra los trabajadores dominicanos y es un acto de ordenamiento soberano que permite incrementar las recaudaciones fiscales y conocer quién trabaja, dónde lo hace y en qué condiciones.

Un avance notable es la obligatoriedad de las cámaras corporales (body cams) en los operativos fronterizos y migratorios, una medida que fortalece la transparencia y contribuye a prevenir abusos, extorsiones y tratos degradantes. Se crea además una Unidad Especializada contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, adscrita al Ministerio Público e interoperable con INTERPOL y EUROPOL

Finalmente, se plantea también empoderar a las víctimas mediante canales confidenciales, físicos y digitales, que permitan realizar denuncias anónimas de forma segura. La trata y el tráfico ilícito no solo vulneran la soberanía del Estado; también destruyen vidas humanas.

Del consenso a la implementación

Los principios de legalidad, no discriminación, debido proceso y respeto a los derechos humanos no pueden quedar como adornos retóricos. Deben traducirse en protocolos claros para los operativos migratorios, evitando detenciones arbitrarias y protegiendo niños, mujeres embarazadas y víctimas de trata. Una política migratoria debe ser firme sin ser cruel, puede: controlar sin degradar la dignidad, indagar sin perfilamiento racial, deportar conforme a la ley sin violar garantías y derechos.

Otro punto importante es que el país no puede seguir bajo una neblina estadística que afecta la planificación en salud, educación y empleo. Además, la falta de información alimenta el miedo, la manipulación política y la xenofobia, y promueve la corrupción, la falsificación de documentos y las decisiones arbitrarias.

La seguridad fronteriza, el ordenamiento migratorio y el conocimiento confiable del número de extranjeros en el país conviene a todos, sin importar la posición frente al fenómeno. Para quienes rechazan o temen la migración, porque reduce la percepción de desorden y descontrol, atenuando las posiciones extremistas, las acciones arbitrarias y la insensibilidad frente al maltrato y las agresiones xenófobas.

Para quienes respaldamos una migración ordenada y racional, porque puede encauzarla con legalidad y derechos. Pero, sobre todo, para los migrantes legales, porque pueden vivir y desplazarse sin miedo, acceder a los servicios sociales y recibir un mejor trato y condiciones laborales.

Un sistema migratorio ordenado, transparente y confiable desactiva la incertidumbre y el miedo, sustrae argumentos a los discursos de odio y permite que la política migratoria se conduzca desde la razón y la ley, no desde la emoción y el prejuicio. De ahí que apresurar la implementación de los acuerdos no sea solo un imperativo de eficacia gubernamental, sino también una necesidad para nuestra economía, para una mejor convivencia social y para la consolidación de un verdadero Estado de derecho.

Los desafíos de la implementación

Junto a sus fortalezas, los acuerdos tienen limitaciones. El grueso de las medidas gravita hacia la seguridad y el control, por lo que uno de sus retos será que el alto peso de la securitización no termine relegando la dimensión humana que la propuesta defiende.

Una preocupación es que se vincula el acceso a la salud y la educación al estatus migratorio, lo que ya aleja a los más vulnerables de hospitales y escuelas. Es de conocimiento público que: mujeres embarazadas de origen haitiano retrasan sus consultas prenatales y recurren a partos domiciliarios sin supervisión médica por temor a los operativos migratorios.

Otra inquietud es que se ordene implementar con rigor las sanciones por contratación irregular, exigiendo el estricto cumplimiento del 80-20 establecido en el Código de Trabajo, mientras la revisión del artículo 145, que abriría la vía legal de excepción para sectores específicos, como el agropecuario y la construcción, queda condicionada a consultas futuras.

Si las sanciones preceden a la normalización, los empleadores despedirán a los trabajadores o los ocultarán en la informalidad, recibiendo salarios más bajos y expuestos a mayores niveles de explotación; condiciones que los migrantes aceptarán por carecer de alternativas legales. Lo que procede es abrir primero las vías de legalización y formalización, y no al revés.

Un hecho que evidencia un desajuste entre los acuerdos y las actuaciones institucionales lo constituye la reciente Resolución Administrativa DGM-001-2026 de la Dirección General de Migración. Mientras los acuerdos proponen reducir las trabas burocráticas, Migración introdujo nuevos requisitos para renovar los permisos temporales, como la presentación de contratos legalizados y certificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social.

El resultado es un círculo burocrático: Migración exige evidencias de formalización laboral para mantener la regularidad migratoria, mientras que el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social exigen un estatus migratorio legal y vigente para registrar el contrato y la relación laboral. En el caso del trabajo doméstico, que carece de un régimen propio de seguridad social, esta exigencia condena a miles de personas a una situación de irregularidad.

El Gobierno no puede tener dos caras, con instituciones operando en contradicción con lo acordado, reavivando la vieja práctica de crear comisiones para administrar los conflictos en lugar de resolverlos.

Otro aspecto importante es que la materialización de varios acuerdos requiere reformas legales sujetas a la aprobación del Congreso. Por ello resulta indispensable iniciar desde ahora un proceso de diálogo y sensibilización que garantice una voluntad legislativa para el momento oportuno.

El mayor riesgo, sin embargo, lo reconoce el propio documento: que los acuerdos terminen convirtiéndose en letra muerta. Su implementación se extenderá durante varios períodos de gobierno, lo que exige una voluntad política sostenida y una continuidad institucional que la historia dominicana no siempre ha garantizado. Los acuerdos solo adquirirán vigencia si logran consolidarse como verdaderas políticas públicas.

En ese contexto cobra especial relevancia la Comisión de Veeduría y Seguimiento creada por el Decreto 67-26, que reúne a los principales responsables gubernamentales y a los sectores del CES. Actualmente trabaja en una matriz que prioriza los acuerdos, asigna responsabilidades y servirá como hoja de ruta para su ejecución, seguimiento y evaluación a partir de 2027.

Próximamente, el presidente de la República se reunirá con la Comisión y las instituciones responsables para convertir los acuerdos en compromisos concretos, con responsabilidades y presupuestos definidos. La Comisión, junto con la sociedad civil, deberá velar porque las instituciones cumplan lo pactado, porque sin un adecuado seguimiento el mejor consenso puede terminar evaporándose en la gaveta de las buenas intenciones.

La responsabilidad del Estado

El Diálogo sobre la Crisis Haitiana nos recuerda que los problemas complejos no se resuelven mediante consignas, descalificaciones o respuestas impulsivas, sino a través del intercambio respetuoso, evidencias y acuerdos racionales. Al adversario se le escucha y se le intenta convencer; no se le descarta ni aniquila.

A cerca de un año de haberse presentado los resultados del proceso, los avances han sido escasos y lentos, y en algunos casos contradictorios. La sociedad hizo su trabajo; ahora le corresponde al Gobierno demostrar que no fue un ejercicio simbólico, sino el punto de partida de una nueva política migratoria.

Cada mes de postergación es un tiempo en el que la frontera sigue porosa, miles de trabajadores permanecen atrapados en la irregularidad que facilita su explotación, las redes de trata continúan operando y el país aplaza acuerdos necesarios que ya fueron consensuados. La demora tiene un costo que se traduce en mayor inseguridad, más informalidad, derechos vulnerados y oportunidades perdidas.

La inacción tiene un elevado costo político y social. Fortalece las posiciones extremas que monopolizan el debate migratorio y reducen el espacio para soluciones equilibradas, técnicamente fundamentadas y compatibles con los principios del Estado de derecho. Cuando los consensos fracasan por falta de ejecución en el tema migratorio, el vacío suele ser ocupado por el extremismo y la polarización.

La complejidad de la crisis haitiana exige un liderazgo estatal capaz de sostener políticas públicas coherentes, aun cuando estas enfrenten resistencias temporales. Gobernar implica, precisamente, adoptar decisiones responsables sustentadas en evidencia, planificación y visión de largo plazo, y no simplemente reaccionar a las presiones coyunturales o a las dinámicas de las redes sociales.