"La verdadera libertad se vive trabajosamente entre continuas asechanzas". — Aldo Moro
Hay imágenes históricas que sobreviven no porque el tiempo las conserve intactas, sino porque quedan adheridas a la conciencia de una nación como una herida abierta. Italia posee una de esas imágenes.
El 9 de mayo de 1978, después de cincuenta y cinco días de secuestro, apareció el cadáver de Aldo Moro dentro del maletero de un Renault 4 rojo estacionado en Via Caetani, en pleno centro de Roma.
La llamada telefónica que comunicó la ubicación del vehículo fue recibida a las 12:30 del mediodía por Francesco Tritto, asistente del dirigente democristiano. Nada en aquella escena fue casual. Via Caetani se encontraba exactamente entre la sede histórica de la Democracia Cristiana y la del Partido Comunista Italiano.
Quien decidió ese lugar no estaba simplemente abandonando un cadáver; estaba construyendo una escenografía política deliberada.
El hombre que intentaba abrir una vía de entendimiento entre dos universos enfrentados era depositado simbólicamente entre ellos, como si el mensaje fuese que toda mediación entre bloques irreconciliables tenía un precio mortal.
Pero el caso Moro no fue simplemente el secuestro de un dirigente político prominente. Fue el secuestro del hombre que encarnaba uno de los experimentos políticos más delicados y peligrosos de la Guerra Fría europea.
Aldo Moro impulsaba el llamado compromesso storico, la fórmula mediante la cual pretendía integrar gradualmente al Partido Comunista Italiano dentro de la gobernabilidad democrática italiana a través de acuerdos parlamentarios con la Democracia Cristiana.
Para las Brigadas Rojas, esa estrategia representaba una traición histórica, porque implicaba convertir a la izquierda institucional en administradora del mismo sistema capitalista que la revolución decía combatir.
El terrorismo revolucionario necesitaba demostrar exactamente lo contrario: que el sistema era irreformable y que toda izquierda reformista era cómplice del enemigo. Pero la preocupación no se limitaba a la extrema izquierda armada.
En Washington, cualquier posibilidad de participación comunista en la arquitectura gubernamental italiana era observada con enorme inquietud estratégica.
Italia no era una república periférica.
Era miembro central de la OTAN, pieza clave del equilibrio mediterráneo y frontera crítica de la Guerra Fría occidental.
No existe evidencia documental concluyente que permita afirmar una intervención directa estadounidense contra Moro, y sería intelectualmente irresponsable sostenerlo sin prueba.
Pero el contexto geopolítico es indiscutible: Aldo Moro se encontraba en el punto exacto donde convergían los temores de la extrema izquierda revolucionaria y las aprensiones estratégicas del bloque atlántico.
Desde entonces, el asesinato de Moro ha sido formalmente atribuido a las Brigadas Rojas, pero la historia italiana nunca logró cerrar completamente el expediente.
Los procesos judiciales establecieron responsabilidades penales concretas, pero las sucesivas comisiones parlamentarias, los testimonios posteriores y la literatura historiográfica sobre los anni di piombo mantuvieron abiertas preguntas sobre infiltraciones, servicios paralelos, omisiones estatales y zonas grises del poder.
Italia, que ha investigado como pocos países sus propios fantasmas contemporáneos, terminó reconociendo que incluso en el caso más estudiado de su historia republicana persisten áreas de incertidumbre documental.
Y precisamente por eso el caso Moro interesa mucho más allá de Italia, porque plantea una cuestión universal: cuando una organización política entra en la clandestinidad armada, deja de controlar plenamente su propio destino.
La clandestinidad no solo protege; también expone. No solo oculta; también vulnerabiliza.
El MPD
Es precisamente desde esa perspectiva que la experiencia italiana ofrece un espejo inquietante para la historia dominicana del Movimiento Popular Dominicano.
El MPD nació en La Habana en 1956 como organización antitrujillista, en un momento en que la oposición legal a la dictadura dominicana era prácticamente imposible. Su origen fue político y comprensible dentro de la lógica histórica de resistencia frente a un régimen feroz. Pero las organizaciones cambian con los tiempos y con sus propias derrotas. Tras la caída de Trujillo, y sobre todo después de la Revolución Constitucionalista de Abril de 1965 y la intervención militar estadounidense, el MPD entró en una fase distinta, más dura, más ideologizada y más inclinada a la confrontación armada. Una nueva generación asumió protagonismo y el lenguaje político dejó de ser exclusivamente opositor para adoptar el vocabulario de la guerra revolucionaria.
Maximiliano Gómez Horacio, Otto Morales Efres, Amín Abel Hasbún y otros dirigentes encarnaron esa etapa en la que las operaciones clandestinas, los secuestros, las acciones armadas y la lógica insurreccional pasaron a formar parte del repertorio político.
Ese dato es central porque incluso Juan Bosch, figura esencial de la democracia dominicana, se negó a establecer alianzas con el MPD precisamente por considerar inaceptable esa deriva.
La represión balaguerista existió y fue brutal, pero una historiografía seria no puede reducir toda la violencia política de la época a una sola dirección.
El contexto hemisférico refuerza esa lectura. Durante los años sesenta y comienzos de los setenta, América Latina se convirtió en uno de los grandes laboratorios de la Guerra Fría.
Estados Unidos desarrolló programas de seguridad, entrenamiento policial y contrainsurgencia a través de la USAID y su Office of Public Safety, dentro de una arquitectura continental destinada a contener la expansión revolucionaria posterior a Cuba.
Dan Mitrione y Anthony Ruiz no eran los mismos
Dentro de ese universo institucional circularon figuras como Dan Mitrione y Anthony Ruiz, nombres asociados a esa política hemisférica de seguridad. Ruiz trabajó en la República Dominicana entre 1962 y 1968 dentro de programas de entrenamiento policial auspiciados por Washington. Mitrione también tuvo un paso por territorio dominicano antes de su posterior destino en Uruguay, donde fue secuestrado y ejecutado en 1970 por el MLN-Tupamaros.
Décadas después, José Mujica, antiguo integrante de esa organización insurgente, reivindicaría la lógica histórica de aquella confrontación como parte del clima político de la época.
La referencia no pretende establecer equivalencias mecánicas entre Uruguay y República Dominicana, sino recordar que el secuestro político se había incorporado al repertorio estratégico de diversos movimientos revolucionarios latinoamericanos.
En ese mismo clima regional, el secuestro del agregado aéreo estadounidense Donald J. Crowley en Santo Domingo deja de parecer un episodio aislado para insertarse dentro de una gramática continental de confrontación política.
Es precisamente aquí donde aparece uno de los documentos más reveladores de esta historia. El 17 de enero de 1970, un registro oficial incluido en la colección Foreign Relations of the United States, publicada por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado estadounidense, consignó que la CIA había informado que, si la policía dominicana no liberaba a Maximiliano Gómez Horacio, el MPD secuestraría a un funcionario estadounidense como mecanismo de presión.
No era una lectura general del ambiente político dominicano. No era una especulación analítica sobre tendencias revolucionarias. Era inteligencia operativa específica. Lo notable es que, el 24 de marzo de 1970, Donald J. Crowley fue efectivamente secuestrado en Santo Domingo. La fuente oficial estadounidense permanece accesible como documento histórico público. La cuestión historiográfica, por tanto, no consiste en debatir el hecho del secuestro, sino en formular la pregunta correcta: ¿cómo se conocía con tanta precisión el mecanismo concreto de una futura operación clandestina?
Durante la Guerra Fría, los servicios de inteligencia no eran observadores pasivos del drama internacional; eran actores. La CIA, como otros aparatos occidentales y orientales, operaba mediante vigilancia técnica, seguimiento diplomático, intercepción de comunicaciones, informantes, análisis cruzados y, cuando resultaba posible, penetración humana. Pero cuando la información es tan precisa que anticipa no solo la intención general, sino el método exacto de una operación clandestina, el historiador tiene derecho —y acaso el deber— de formular preguntas incómodas. Puede tratarse de vigilancia periférica. Puede haber existido intercepción técnica. Puede haber una fuente indirecta. Pero también puede haber infiltración. Y las infiltraciones reales rara vez se parecen al cine. No siempre implican un agente perfecto con identidad falsa. A veces basta un detenido quebrado, un colaborador periférico, un simpatizante imprudente, un exiliado vulnerable o simplemente alguien que habla demasiado. Incluso sin traición ideológica consciente, la información circula. El miedo, la supervivencia y el cálculo producen filtraciones tanto como la convicción política. Una organización clandestina cuya información sensible comienza a escapar pierde más que seguridad operativa; pierde cohesión interna. Empieza a sospechar de sí misma. Y cuando la sospecha se convierte en estructura mental, la organización comienza a descomponerse desde dentro.
Europa
Europa fue, en muchos sentidos, la prolongación exterior de ese drama dominicano. Tras la represión, el secuestro Crowley y las fracturas acumuladas, varios militantes del MPD terminaron dispersos por el continente europeo.
Francia, Bélgica e Italia se convirtieron en espacios de tránsito, refugio o militancia para sectores de la izquierda revolucionaria latinoamericana. Después del asesinato en Bruselas de Maximiliano Gómez y Miriam Pinedo, el núcleo europeo vinculado al MPD entró en crisis. En ese ecosistema circulaban no solo dominicanos, sino también redes internacionales de izquierda radical, grupos palestinos, organizaciones revolucionarias latinoamericanas y actores italianos insertos en el universo de la subversión política europea de los años setenta. Conviene mantener rigor: presencia en ese ecosistema no equivale automáticamente a participación en terrorismo italiano ni mucho menos a implicación en el caso Moro. Pero ignorar esos contactos documentales sería intelectualmente impropio.
Senado italiano
Un documento del Senado italiano derivado de la Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi menciona a Miguel Santana Reyes como "noto fuoriuscito dominicano" vinculado a estructuras subversivas sudamericanas activas en Italia. Ese dato no constituye prueba de pertenencia orgánica a las Brigadas Rojas. No debe afirmarse lo que no puede probarse. Pero sí demuestra algo históricamente relevante: actores dominicanos vinculados al universo político del MPD estaban bajo observación dentro del ecosistema de inteligencia y seguridad italiano. Eso basta para modificar la perspectiva histórica. El MPD no era invisible para los servicios europeos.
Es precisamente aquí donde el espejo italiano adquiere toda su profundidad. El caso Moro mostró hasta qué punto incluso organizaciones terroristas aparentemente cohesionadas podían operar dentro de entornos saturados de infiltraciones, opacidades y estructuras paralelas.
La responsabilidad criminal de las Brigadas Rojas en el asesinato de Moro está establecida. Pero eso no significa que todo el ecosistema político e institucional alrededor del caso fuese transparente. La historiografía italiana ha discutido durante décadas las llamadas zone grigie, esos espacios ambiguos donde convergían inteligencia, errores operativos, manipulación, intereses paralelos y actores encubiertos. Si incluso en el expediente más estudiado de la Italia republicana persisten interrogantes sobre infiltraciones y juegos ocultos, no parece extravagante aplicar preguntas similares al caso dominicano.
La frase de Moro que sirve de epígrafe a este ensayo adquiere entonces una resonancia casi profética: "La verdadera libertad se vive trabajosamente entre continuas asechanzas." Moro hablaba desde la experiencia del poder democrático amenazado, pero sus palabras trascienden al propio Estado y alcanzan también a los movimientos revolucionarios. La clandestinidad no produce pureza política; produce vulnerabilidad. No produce únicamente resistencia; produce paranoia, fractura, penetración y potencial traición. Desde esa perspectiva, la historia del MPD no puede leerse únicamente como la historia de la represión sufrida, aunque esa represión haya sido brutal y real. También debe examinarse como la historia de las fragilidades inherentes a toda organización clandestina en el contexto implacable de la Guerra Fría.
La conclusión exige prudencia intelectual.
No existe evidencia documental concluyente que permita afirmar que la CIA controlaba el MPD.
Esa afirmación iría más allá de la prueba disponible. Pero sí existe evidencia suficiente para sostener que la inteligencia estadounidense conocía anticipadamente operaciones sensibles del movimiento; que militantes dominicanos vinculados a su órbita aparecieron bajo observación europea; que el ecosistema político en que se movían estaba profundamente penetrado por vigilancia e inteligencia; y que la propia organización vivió fracturas severas. Eso basta para formular preguntas históricas legítimas.
Porque si alguien sabía en enero lo que ocurriría en marzo, entonces existía una fuente.
Y si existía una fuente, la historia del MPD no puede explicarse únicamente desde la represión externa.
También debe examinarse desde la vulnerabilidad interna de la clandestinidad.
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