Del derecho al voto al derecho a vivir: el legado de las sufragistas frente al feminicidio de Esmeralda Moronta

En una fecha destinada a honrar conquistas, la República Dominicana vuelve a chocar con una deuda que no admite ceremonias vacías: el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Al conmemorarse el Día Nacional de las Sufragistas, la ministra Gloria Reyes enmarcó la conmemoración con una advertencia directa: la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni un "problema privado", sino el reflejo de una discriminación que aún limita su participación plena y su libertad.

"Comenzamos a votar en el año 1942″, recordó la funcionaria, aludiendo al inicio de un proceso histórico que reconoció a las mujeres como sujetas de derechos políticos. Pero su mensaje apuntó más allá de la efeméride: esos derechos —dijo— también se relacionan con el entramado jurídico y social que, todavía hoy, puede "limitar" o "discriminar" la participación activa de las mujeres. En esa línea, la ministra vinculó el pasado con el presente al señalar que la violencia es justamente un espejo de esa exclusión.

La conmemoración, explicó, no puede reducirse a un listado de nombres ni a un acto protocolar. De ahí el énfasis en la memoria: "hoy hay que recordar también a esas mujeres como Abigail Mejía", expresó, en referencia a las dominicanas que empujaron transformaciones para que otras pudieran ejercer ciudadanía. El homenaje realizado —según la intervención— tuvo lugar "aquí mismo… en el Panteón de la Paz", con un propósito explícito: que niñas y mujeres crezcan sabiendo que hubo quienes abrieron camino para que hoy puedan soñar, proyectar futuro y asumirse como "ciudadanas libres".

Sin embargo, la pregunta que atraviesa la jornada es inevitable: ¿Qué significa ser ciudadana libre cuando el miedo se instala en la vida cotidiana y el Estado llega tarde?

Las voces desde la institucionalidad electoral

Desde la Junta Central Electoral (JCE), la magistrada Dolores Fernández Sánchez, miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Género, trazó el arco histórico de los avances en participación política femenina: "En el año 97, con la ley 275, se puso en el marco legal lo que se llaman las cuotas, donde ya el 25% era obligatorio poner a mujeres. En el 2000, el 33%, y en el 2018, ya 40, 60″.

Pero Fernández Sánchez fue clara en señalar que el camino está lejos de completarse. "Hoy el gran desafío es la violencia política en la República Dominicana", afirmó, y explicó que la JCE trabaja junto al Ministerio de la Mujer y el Congreso para impulsar una ley marco sobre violencia política. Aunque reconoció que el artículo 316, ordinal 21 de la ley 2023 ya aborda el tema, advirtió que "no es suficiente".

Los datos del monitoreo institucional confirman la urgencia: "Muchas mujeres, por violencia, renunciaban. Renunciaban a participar", reveló la magistrada. Ante eso, la JCE apuesta por procesos de mentoría y capacitación para acompañar a las mujeres candidatas. Y cuando se le preguntó si le preocupa que los hombres sigan matando a mujeres productivas y que la sociedad pierda por esa violencia, Fernández Sánchez fue directa: "No me preocupa. Me ocupa. Yo creo que debe existir lo que se llama la cultura de paz, porque eso es la democracia".

Por su parte, la magistrada Lenis García Guzmán, directora de la Dirección de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral, subrayó que la violencia de género también permea el ámbito electoral: "Las mujeres sufren todavía el tema de la violencia política de género, que ahora también trasciende al tema de la violencia digital".

García Guzmán anunció además que el Tribunal Superior Electoral realizará el próximo martes 19 un evento en conmemoración a las sufragistas. "Nuestra invitación no solo a participar, sino a que continuemos reforzando y uniendo esfuerzos interinstitucionales para lograr una democracia más participativa, más igualitaria y que podamos vivir en una sociedad libre de violencia en todos los sentidos", convocó.

Sobre el aumento de los feminicidios, la magistrada no esquivó la pregunta: "Como mujer, como madre, para mí es fundamental el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Me preocupa sobremanera el auge de los feminicidios en el país". Y llamó al Estado a brindar mayor protección a las mujeres en situación de riesgo: "Debemos hacer más, debemos poner más atención a estos temas de la violencia y atacar y estudiar el porqué. Y creo que tiene mucho que ver con lo relativo a la salud mental en nuestro país".

El caso que lo vuelve todo urgente

Esa tensión institucional se vuelve más visible ante casos como el feminicidio de Esmeralda Moronta de los Santos, emprendedora y madre, conocida por su proyecto de repostería Estilo Pastelero. Moronta —quien había construido una comunidad alrededor de sus postres, su fe y el amor por su hijo Aarón— murió asesinada a tiros en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este. El hecho, presuntamente, fue cometido por su expareja, quien luego se habría suicidado. Tenía 36 años.

El dato que vuelve el caso aún más doloroso —y políticamente más urgente— es que, horas antes de ser asesinada, Esmeralda había acudido a denunciar hostigamiento, rastreo por GPS y temor por su vida. Denunciar y no ser protegida: esa secuencia no debería ser parte del guion posible en un país que conmemora a sus sufragistas; y, sin embargo, se repite con frecuencia en la narrativa del feminicidio.

Lo planteado por la ministra Gloria Reyes coloca un marco interpretativo que incomoda: si la violencia es un reflejo de discriminación, entonces cada feminicidio no solo es una tragedia individual y familiar, sino también una señal de fallas estructurales. Hablar de discriminación implica revisar cómo operan —en la ley, en las instituciones y en la cultura— las desigualdades que condicionan la seguridad, la movilidad, las decisiones y la voz de las mujeres.

Por eso, el Día Nacional de las Sufragistas no debería leerse únicamente como el recuerdo de un derecho alcanzado, sino como la exigencia de que ese derecho sea real y completo. La historia que se honra en el Panteón de la Paz no se agota en la papeleta electoral: se extiende al acceso a protección efectiva, a mecanismos de prevención, a respuestas oportunas cuando una mujer denuncia amenazas, y a garantías para que ninguna tenga que elegir entre callar o morir.

El homenaje que todavía está pendiente

La conmemoración de las sufragistas —tal como la propuso la ministra— busca dejar un mensaje claro a las niñas y a las mujeres: hubo dominicanas que trabajaron para que hoy se pueda soñar. Pero el feminicidio de Esmeralda Moronta obliga a agregar una segunda parte a esa frase: soñar no puede ser un privilegio frágil, condicionado por el riesgo. Los derechos conquistados en 1942 y defendidos por mujeres como Abigail Mejía exigen un presente donde la ciudadanía no termine en una estadística, ni la denuncia en un trámite sin consecuencias.

Nombrarlas —a las sufragistas y a las víctimas— es un primer paso. El siguiente es transformar el homenaje en política pública efectiva: prevenir, proteger y actuar antes de que sea tarde. Porque si la violencia es reflejo de discriminación, combatirla es también una forma de ampliar la democracia.