El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un nuevo paso en su política antidrogas. Este 15 de diciembre, el jefe de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que declara al fentanilo como “un arma de destrucción masiva”.
“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país”, aseguró el republicano desde Washington.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 250.000 personas murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo.
El presidente estadounidense subrayó que “si esto fuera una guerra, sería una de las peores”, al dar su propia estimación de víctimas mortales por el consumo de esta droga: “Creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año a causa del fentanilo. Se habla de 100.000, que ya es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”.
Dicho eso, el anuncio de la firma fue hecho por el mandatario en un evento en la Casa Blanca, celebrado para condecorar a militares por su trabajo en la frontera con México. Durante el encuentro, Trump dijo que “no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses".
Según el mandatario, durante este, su segundo periodo, se ha logrado “una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera", y aseguró que China está "colaborando estrechamente" con EE.UU. "para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía".
¿Qué permite esta orden ejecutiva?
Dentro de una lista más amplia de disposiciones, la orden instruye a varios secretarios del Gabinete estadounidense a reforzar la lucha contra el tráfico de fentanilo. En concreto, establece que Pete Hegseth, “el secretario de Guerra, en consulta con la secretaria de Seguridad Nacional, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el país para incluir la amenaza del fentanilo ilícito”.
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Hegseth ha estado en el centro del debate en las últimas semanas debido a los polémicos bombardeos que él mismo ha coordinado sobre lo que Washington asegura que son lanchas dedicadas al tráfico de narcóticos desde Venezuela en el mar Caribe, una acusación que Caracas rechaza rotundamente.
El documento también faculta al Pentágono para apoyar a la policía y permite a las agencias de inteligencia desplegar contra los narcotraficantes herramientas que normalmente se reservan para combatir la proliferación de armas.
¿Cuáles son las implicaciones de esta medida?
Para Samuel González Ruiz, abogado, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada, se trata de un paso que “legitima la utilización de elementos de fuerza muy graves”.
El analista explica, en diálogo con France 24, que el hecho de que Trump firmara esta orden ejecutiva forma parte de una retórica vinculada a la justificación de “acciones de fuerza al máximo nivel, que deben adoptarse precisamente a partir de una calificación que obliga a llevar a cabo medidas de prevención y de represión con el mayor uso de la fuerza”.
En ese sentido, “tiene que ver, obviamente, con una declaración de estatus, de retórica y de determinación de una realidad a partir de la cual el Ejército norteamericano y las fuerzas de policía van a estar obligados a actuar para cumplir con esta definición”.
Otro paso en un camino ya delineado
La clasificación del fentanilo como un “arma de destrucción masiva” sigue a una serie de medidas similares que, desde su regreso al poder, Trump se ha encargado de materializar, como la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que ha abierto la puerta a acciones militares contra objetivos a los que la Casa Blanca acusa de ser presuntos “narcotraficantes”.
Desde principios de septiembre, Washington ha llevado a cabo más de 20 ataques contra presuntas “narcolanchas” en aguas caribeñas y del Pacífico, con más de 80 personas muertas. En la mayoría de los bombardeos las pruebas ofrecidas por el Ejecutivo para sostener sus acusaciones han sido mínimas.
Por ello, expertos afirman que los ataques podrían ser ilegales, en parte por la falta de evidencias de que los barcos transportaran drogas o de que fuera necesario utilizar fuerza letal en lugar de detenerlos.
Una encuesta de Reuters e Ipsos, publicada la semana pasada, muestra que un amplio sector estadounidense se opone a la mortal campaña militar de Estados Unidos en el Caribe, incluida cerca de una quinta parte de los republicanos que apoyan al jefe de Estado.
Una decisión en un contexto de presión
Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con ataques terrestres en Venezuela, Colombia y México para combatir el narcotráfico, una idea que refuerza su nueva hoja de ruta de política exterior, un documento en el que el republicano asegura que la diplomacia estadounidense se centrará en reafirmar su dominio en el hemisferio occidental.
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La clasificación anunciada este lunes también podría tener consecuencias en la relación de Estados Unidos con países como México, China o Canadá. La nación gobernada por Claudia Sheinbaum es la principal fuente de fentanilo ilícito que llega a suelo estadounidense, mientras que la superpotencia asiática es el lugar de fabricación de muchos de los precursores químicos utilizados para la producción de este opioide.
En cuanto a Canadá, Trump ha acusado a ese país de permitir que “un gran número de personas ingresen y que entre fentanilo” a su territorio. Sin embargo, para agosto de este año, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos mostraban que solo alrededor del 0,8 % de las incautaciones de fentanilo que ingresaron a la potencia norteamericana se realizaron en la frontera canadiense.
Para el experto entrevistado por France 24, no obstante, la medida es “mucho más importante en relación con varios países”, y no solo con México o los ya mencionados, en parte por la legitimación de elementos de fuerza “muy graves”, como ya se ha señalado.
Con Reuters, EFE y medios locales
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