Más de 1.000 migrantes venezolanos improvisan campamentos en Ciudad de México mientras buscan los recursos para regresar a su país o a la espera de salvoconductos que les permita volver en vuelos de repatriación ofrecidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Las improvisadas estructuras tienen los días contados mientras las autoridades de la capital mexicana intentan disuadirles para reubicarles en albergues temporales.
Ni aquí ni allá. “Aquí no hay obligación de nadie con nadie porque ustedes (migrantes) tomaron su decisión”, sentenció el 26 de abril Stella Lugo, embajadora de Venezuela en México. La diplomática apareció de forma sorpresiva frente a unos 400 venezolanos que improvisaron un campamento en Ciudad de México.
La funcionaria llegó acompañada de autoridades de la capital mexicana para dialogar con los migrantes en medio de un operativo anunciado por la ciudad que intenta desmantelar los campamentos y disuadirlos para su traslado.
El lugar funciona como una pequeña ciudadela: casas de madera, plásticos y cartón, pequeños comercios, pasillos estrechos formados en medio de las vías de un tren en función.
Para muchos, este refugio es una parada larga en su travesía hacia el norte mientras esperan una oportunidad para continuar su camino o regularizar su situación migratoria en México.
El campamento, ubicado en la colonia Vallejo, ha logrado mantenerse pese a las presiones vecinales y las intervenciones de las autoridades mexicanas gracias a una demanda de amparo judicial.
En México, el amparo es un recurso legal que protege a las personas contra acciones de las autoridades que puedan vulnerar sus Derechos Humanos o constitucionales.
En este caso, un amparo emitido en Ciudad de México el 24 de abril de 2025 ordena suspender cualquier intervención en el campamento migrante, incluyendo traslados, reubicaciones forzadas, desalojos o actos que impliquen maltrato. La instrucción judicial establece que todo debe permanecer como está hasta nuevo aviso.
En cualquier parte del mundo la escena sería vista con normalidad: una diplomática atendiendo las necesidades migratorias de sus connacionales en otro país, de no ser porque en ese campamento había más de 100 solicitantes de refugio que dicen estar huyendo del Gobierno de Nicolás Maduro.
“A Nicolás Maduro no le importan los Derechos Humanos de los venezolanos”
Para defensores de los Derechos Humanos como el abogado venezolano Francisco J D´Angelo Ohep, la presencia de la embajadora allí podría constituir una posible violación del Derecho Internacional, ya que los solicitantes están amparados por normativas internacionales como la Convención de Ginebra de 1951, su Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena de 1984, así como las leyes mexicanas de protección y asilo.
“También se garantiza que los migrantes no sean perseguidos por los mismos actores que los obligaron a huir. Por lo tanto, permitir que una representante del régimen del cual escapan miles de venezolanos forme parte de un procedimiento con personas protegidas internacionalmente, no solo es imprudente y negligente, sino una violación directa de sus derechos”, reclamó públicamente Francisco J D´Angelo Ohep, también director legal de Venemex, Asociación de Venezolanos en México.
“Esto es como llevar a un operativo del Gobierno mexicano con migrantes ucranianos al embajador de Rusia para que sepan quiénes son y continúen sus persecuciones”, expresó el abogado.
Leer tambiénDeportaciones a la carta: Trump y el vuelco radical a la política migratoria con Venezuela
Farida Acevedo, Directora de la Plataforma Venezuela Somos Todos y la Fundación Humano y Libre, estuvo ese día y contó a France 24 que reclamó a las autoridades mexicanas por la presencia de la embajadora. La respuesta, afirma, fue que los mismos migrantes habían solicitado su presencia.
“Al presidente Nicolás Maduro, le duelen ustedes”, repitió la embajadora, al justificar que estaban intentando gestionar apoyo para los niños migrantes que residen en el campamento.
En un momento del diálogo, la funcionaria explicó que están tratando de coordinar vuelos de repatriación con solo dos aviones disponibles y atribuyó los retrasos en la asistencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Como ejemplo, mencionó la incautación —a solicitud de Washington— de un avión de carga venezolano con tripulación iraní en Buenos Aires, ocurrida el año pasado. “En ese avión pudieron irse ustedes”, alegó.
“A Nicolás Maduro no le importan los Derechos Humanos de los venezolanos, pero él está aprovechando esta coyuntura de las violaciones de DD. HH. tanto en Estados Unidos como aquí, a los migrantes, para lavar su cara”, aseguró Acevedo.
Según la defensora, los migrantes instalados en el campamento se resisten a irse porque muchos tienen a sus hijos estudiando en un colegio cercano, mientras otros intentan reunir el dinero para volver a casa.
“Este operativo responde al mandato constitucional de ser una ciudad hospitalaria, solidaria y de asilo, así como a las distintas obligaciones jurídicas de la Ciudad de México para garantizar un espacio transicional de pernocta seguro a todas las personas”, afirmó en un comunicado la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México.
“Pedimos tiempo”: migrantes a la deriva
Temístocles Villanueva, titular de la Coordinación de Movilidad Humana del gobierno capitalino, informó que en los primeros días del operativo unas 50 personas accedieron a ser trasladadas voluntariamente. Sin embargo, aún quedan más de 300 migrantes por convencer.
“Hay una coordinación con la Embajada de Venezuela en México porque cada vez hay más personas que solicitan el retorno a su país. La sede diplomática está dispuesta en aportar vuelos de retorno voluntario”, aseguró el funcionario a medios locales.
Stephanie, una de las migrantes que lleva meses viviendo en uno de los campamentos, explicó a los medios que muchas personas están intentando regularizar su situación o reunir dinero para regresar voluntariamente a su país. “En realidad nosotros pedimos un tiempo para reunir lo de la plata de los que se quieren devolver. Muchos están tramitando lo de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados)”, señaló.
Otra mujer migrante expresó su preocupación por la forma en que las autoridades han manejado la situación. Aunque, según ella, dicen ofrecer ayuda, la presión para abandonar el lugar es constante. “Ellos (autoridades) dicen que nos están ofreciendo ayuda pero prácticamente nos amenazan con tumbarnos donde estamos viviendo”, afirmó.
Leer tambiénTrump y su promesa de asfixiar la migración: ¿qué tanto se ha materializado?
Para Eunice Rendón, consultora internacional en temas de seguridad y migración, “muchos se resisten al cambio por malas experiencias previas en albergues, donde dicen no tener libertad, que separan a hombres de mujeres, o por los rumores de que los van a maltratar, detener y trasladar a Tapachula”.
Rendón explicó en su columna del diario 'El Universal', que aunque las autoridades locales promueven la reubicación de personas migrantes y la Defensoría insiste en que ningún traslado debe hacerse sin consentimiento, ambas posturas coinciden en un punto clave: la estancia en campamentos o albergues no puede prolongarse indefinidamente.
Se trata de una medida transitoria, válida solo mientras se resuelve el estatus migratorio, y que debe dar paso a soluciones estables y sostenibles.
“Es fundamental avanzar hacia soluciones duraderas como la regularización migratoria y la inclusión laboral, permitiendo que las personas en movilidad vivan con dignidad y puedan integrarse activamente a la sociedad”, agregó Rendón.
Más campamentos, mayor tensión
El pasado 1 de mayo, otros 400 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron desalojados del parque Guadalupe Victoria, en otro punto de la ciudad donde se habían asentado.
Sin la presencia de autoridades oficiales —ni del gobierno capitalino—, vecinos y trabajadores locales demolieron con martillos y otras herramientas las estructuras de madera y lona, arrojándolas a camiones de escombros.
Muchas familias, incluidas mujeres embarazadas y niños, buscaron refugio en los atrios de la iglesia cercana o recurrieron a albergues y viviendas de renta por temor a nuevos ataques. Migrantes y activistas denunciaron que han sido víctimas de extorsiones por parte de grupos criminales en la zona.
Entre febrero y abril, un grupo de más de 100 venezolanos instaló otro campamento frente a la Embajada de Venezuela en Polanco, una zona clase alta de la ciudad, con el objetivo de sumarse a los vuelos de repatriación ofrecidos por Caracas.
Tras varias semanas en plantón, según Farida, de la Fundación Humano y Libre, el campamento desapareció porque muchos lograron irse en un vuelo de repatriación, pero afirma que otros seguirán llegando, ya que son miles quienes enfrentan una situación similar en México.
Mientras entre 8.000 y 10.000 personas permanecen varadas en el sur de México, según reportó 'The New York Times', la mayoría provenientes de Venezuela, Cuba y Haití, su travesía hacia Estados Unidos se ha convertido en un callejón sin salida.
Las recientes políticas migratorias más estrictas del Gobierno estadounidense —como las deportaciones masivas y la suspensión de la app CBP One— han bloqueado las rutas de asilo. Sin dinero, sin papeles y sin coordinación efectiva entre autoridades para organizar vuelos humanitarios, muchos migrantes no pueden avanzar ni retroceder.
Con medios locales
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}