En el EE. UU. de Donald Trump, la desconfianza y la zozobra se han instalado donde una vez hubo sueños y proyectos.
"ICE no debe detener, arrestar ni poner bajo custodia por una violación administrativa de las leyes de inmigración a personas que se sepa que están embarazadas, en posparto o en proceso de lactancia".
La norma forma parte de la política oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el temible brazo de la ofensiva antinmigración de Donald Trump. Es letra muerta. El Centro para los Derechos Reproductivos, una organización no gubernamental, ha documentado al menos 1.000 informes creíbles de abusos en centros de detención de migrantes contra mujeres embarazadas, que acaban de dar a luz o que han sufrido abortos bajo detención.
La lista incluye a madres que han sido separadas de sus hijos lactantes, como Heidy Sánchez, a quien agentes de ICE le arrancaron de los brazos a su bebé, ciudadana estadounidense al igual que su padre, antes de esposarla. Dos días después fue deportada a Cuba y perdió contacto con la niña, a la que solo ve por videollamadas desde la isla.
Otras han dejado de producir leche materna por la desnutrición en la que han caído durante el confinamiento en centros de detención. También hay quienes han permanecido esposadas y encadenadas mientras han comenzado el trabajo de parto o están en medio de abortos espontáneos y otras a las que se ha negado atención médica en cualquiera de estas situaciones.
Ser madre en tiempos de la “mayor deportación masiva de la historia”, el proyecto al que la Administración Trump ha dedicado grandes esfuerzos, es vivir con miedo a ser visible.
La vida en las sombras
Adriana (nombre ficticio) reza el mismo mantra todos los días antes de salir de su casa en los suburbios de Omaha, Nebraska: “me miro al espejo y me digo ‘soy valiente, soy auténtica, soy buena mujer, hoy voy a vivir el mejor día de mi vida’. Son mis palabras mágicas”.
Luego pone en marcha el motor de su auto para comenzar una larga jornada entre servicios de reparto de comida y compras en línea, y un segundo empleo como pintora en una cuadrilla de trabajadores de construcción.
Esa rutina solía estar exenta de tensiones hasta no hace mucho. Pero en febrero de 2025, Trump suspendió el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, dejando su permiso de trabajo automáticamente invalidado y a ella condenada a la sombra, a tratar, como muchas otras madres, de moverse sin ser notada, de no hablar en español en público, de cambiar de ruta cuando ve furgonetas sin matrícula u oficiales que lucen como agentes de migración.
Sabe que volver a una Venezuela que sigue tan precarizada como antes de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas élite de Estados Unidos no es una opción. Ni para ella, que ayuda a muchos familiares con sus ingresos, ni para sus hijos, que se encuentran entre los estudiantes más destacados de su escuela.
“Dejo todo en manos de Dios para tratar de mantener la tranquilidad, porque tengo que transmitirles confianza a mis hijos. Y eso me ha funcionado, no puedo permitirme que ellos vivan con miedo”, afirma.
Mónica Del Cid, activista de la comunidad latina y fundadora de la Casa del Guatemalteco, que presta asistencia de todo tipo a los migrantes de ese país residenciados en Charlotte, tiene estatus legal en Estados Unidos, adonde llegó hace 24 años. Aun así debe responder las preguntas de sus hijos, que no pueden sustraerse como los de Adriana a la preocupación.
“Varias veces me han preguntado ‘mamá, ¿a nosotros nos van a deportar?’, y yo les explico que no, que nosotros tenemos papeles”, relata.
Natalia Silva, ciudadana estadounidense, vicepresidenta de la Cámara de Comercio Colombiana de Charlotte y también líder comunitaria, contó que durante la operación de la Patrulla Fronteriza en la ciudad, un dron de vigilancia llegó a posarse en el patio de su casa. Ese y otros sobresaltos la llevaron a pedirle a su hijo, también ciudadano, que no salga sin llevar el pasaporte consigo.
Para otras madres, quedan menos alternativas. Eva trabajaba junto a su esposo Miguel en un mercado de artículos de segunda mano en Monroe, a las afueras de Charlotte, cuando el complejo de galpones cerró en diciembre de 2023 por decisión de sus dueños, tres hermanos octogenarios que prefirieron retirarse del negocio.
Junto a otros vendedores, Eva y Miguel se instalaron en un mercado similar poco después, pero en noviembre de 2025, cuando la operación Charlotte’s Web llegó a la ciudad, él fue detenido y deportado a su natal Guatemala. Ahora, ella ha puesto en venta su parte del negocio, porque ha decidido regresar junto a él.
“Nuestros hijos son ciudadanos estadounidenses, pero no me siento capaz de vivir con tanto miedo, por eso prefiero vender y buscar la manera de comenzar de nuevo en Guatemala”, relata Eva, que ha preferido reservar su nombre real y el de su esposo.
Su voz apenas se escucha y no es solo un tema vocal. La comunidad guatemalteca de Charlotte ha optado por el silencio para pasar inadvertida. Según datos del Instituto de Política Migratoria, cerca de 100.000 migrantes no autorizados viven en el condado de Mecklenburg, donde está ubicada Charlotte. La cifra incluye a indocumentados, pero también a personas que entraron de forma legal a Estados Unidos y viven con estatus temporales o precarios, como TPS, parole humanitario, peticiones de asilo o DACA, el beneficio aprobado en la Administración Obama a los llamados ‘dreamers’, que llegaron al país en la infancia y han quedado protegidos de la deportación por esta figura.
Unos 9.000 de esos migrantes son guatemaltecos y un tercio de ellos han vivido en Estados Unidos por 20 años o más, lo que implica que tienen más vínculos allí que en su lugar de origen. Para personas como Eva, comenzar de cero tendrá la dificultad adicional de hacerlo en una tierra que se ha convertido en extraña para ella.
Tanto Mónica como Natalia se activaron durante las semanas de redadas en Charlotte para llevar a niños a la escuela o a citas médicas, recolectar ayuda para quienes no podían salir a trabajar por temor a ser detenidos y repartir cientos de mercados de casa en casa en comunidades latinas.
“Mi esposo y yo nos íbamos de noche gritando desde el auto preguntando si tenían comida, si necesitaban ayuda, e increíblemente mucha gente no salía, por miedo a que fuera una especie de trampa”, recuerda Mónica. “Recuerdo que una vez solo salió una mujer y me dijo ‘tengo miedo, pero mis hijos tienen hambre, tengo que confiar’. Después mucha gente de la comunidad me empezó a llamar para pedir ayuda”.
Hasta entonces, Charlotte había operado, sin serlo oficialmente, como una especie de ciudad santuario. Cerca de 10 alguaciles, de los 100 que operan en igual número de condados de Carolina del Norte, se habían confabulado, a instancias del de Mecklenburg, Garry McFadden, para negarse a colaborar con ICE y evitar aplicar órdenes de detención con motivaciones migratorias.
Pero en 2024, la legislatura estatal aprobó un instrumento que hizo obligatoria esa cooperación, y el veto intentado por el gobernador demócrata Josh Stein fue anulado por la Asamblea General del estado.
Apenas cuatro meses después llegó la operación Charlotte’s Web, que duró pocas semanas y no mostró la violencia de las redadas conducidas en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Minnesota, pero el miedo no ha desaparecido, porque las operaciones, aunque más esporádicas y selectivas, no han cesado del todo.
“Incluso nuestros negocios han sufrido”, relata Mónica. “Mi esposo y yo tenemos un taller mecánico y la clientela se ha reducido mucho, igual que en todos los negocios latinos, porque la gente de la comunidad evita salir, evita exponerse y está evitando gastos porque no sabe si volverá a tener que quedarse sin trabajar, como sucedió durante las redadas”.
Muchos negocios latinos cerraron para no exponer a su clientela y a sus trabajadores, arrojando pérdidas que todavía hoy amenazan su supervivencia, y dejando a los afectados una dolorosa lección: la necesidad de vivir en las sombras.
La vida arrancada de los brazos
La muerte de una madre estadounidense, Renee Good, a manos de un agente de ICE, fue el detonante del repudio colectivo contra las redadas de Minneapolis, pero muchos hijos anónimos se han visto arrancados del lado de alguno de sus padres por la ofensiva antinmigración de Trump.
El laboratorio de ideas Brookings Institute sostiene que unos 145.000 niños estadounidenses han sido separados de al menos uno de sus padres en operaciones migratorias desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Si las estimaciones se amplían a niños de cualquier nacionalidad, son unos 205.000 los que han sido arrancados de los brazos de uno de sus padres o de ambos, bien sea por arrestos migratorios breves, reclusión en centros de detención o deportación.
Los datos, que son basados en proyecciones, no permiten distinguir la proporción de padres y madres, pero sí se sabe que hay 22.000 menores que se han quedado sin los dos.
Un estudio del portal de periodismo de investigación ProPublica permite establecer dos conclusiones demoledoras para las migrantes: Trump está deportando cuatro veces más madres de niños estadounidenses que su predecesor Joe Biden y el 60% de los casos de madres con arrestos migratorios termina en deportación, el doble que en tiempos de Biden.
Contrario a la consigna de que la Administración Trump está librando a Estados Unidos de “lo peor de lo peor”, tres de cada cuatro madres detenidas no tenían condenas penales en el país, salvo por boletas de tránsito o violaciones de las leyes de inmigración.
Pero no vivir en carne propia la detención o la reclusión no exime a las madres de padecer. Kimberlin Lemus, una inmigrante hondureña de 26 años, quedó sola en marzo, con dos hijas y viviendo un embarazo de alto riesgo cuando su esposo, Elmer Flores, fue detenido por agentes de ICE e internado en un centro de detención de Georgia. Ahora, recibe una ayuda del fondo de solidaridad Siembra NC que le ha permitido pagar la renta, pero es insuficiente para otros gastos.
Plataformas de recaudación en línea como GoFundMe se han llenado de peticiones de madres que han quedado solas a cargo de sus hijos por la detención de padres que eran sostén de hogar, bien sea en busca de apoyo para la manutención o para costear los altísimos honorarios legales, porque en los casos migratorios no existe la opción de recurrir a abogados públicos como en los de naturaleza penal.
La detención familiar es otro riesgo de la pesadilla en que se ha convertido el “sueño americano” para muchos migrantes. Según datos del Marshall Project, una redacción virtual sin ánimo de lucro que investiga la aplicación de la ley migratoria, 6.200 menores de 18 años han sido detenidos por agentes de ICE desde que comenzó la segunda presidencia de Trump, y eso incluye a los que han ido a dar junto a sus madres o padres a centros de detención familiar como el de Dilley, en Texas, y a los que han tenido que enfrentar solos al sistema como menores no acompañados, tras ser separados de su familia en la frontera sur.
Esas reclusiones han roto récords históricos, tanto de número de casos como de tiempo de detención. Mientras que el promedio diario de menores detenidos por razones migratorias en tiempos de Biden era de 24, durante la gestión de Trump se han disparado a una media de 266 encerrados cada día.
En virtud del Acuerdo Flores (un consenso basado en una sentencia de la Corte Suprema en 1993), se impone que los niños no deben permanecer más de 20 días en centros de detención migratoria, pero desde que Trump volvió a la Casa Blanca, se han documentado 1.600 casos en los que los menores superaron ese tiempo de reclusión. Cuatro hijos menores de una madre egipcia, exesposa de un hombre condenado por un ataque a una manifestación judía, estuvieron 10 meses en Dilley, un hito de infamia que la mujer todavía trata de combatir en tribunales.
Mientras activistas y expertos advierten sobre las consecuencias emocionales de cualquier tipo de encierro para los niños, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, suele responder a consultas sobre el tema recordando que “estar detenido es una elección”, porque los migrantes pueden decidir acogerse a la deportación.
La carga de los niños detenidos también pesa sobre las madres, estén o no junto a ellos. Más de 3.600 de esos menores han sido deportados, en ocasiones sin notificación a sus padres, que apenas han tenido tiempo para arreglar su partida (o llegada), o de instalarlos en el nuevo destino. Juguetes, coches de bebés y hasta medicamentos se han quedado atrás, agrandando el vacío de hogares rotos.
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