La contaminación de un lote de fentanilo, vinculada sospechosamente a la muerte de cerca de un centenar de personas, desató un escándalo cuyas consecuencias todavía están lejos de conocerse por completo. La tragedia desnuda fallas estructurales en la producción, distribución y control de medicamentos, mientras la Justicia avanza sobre posibles negligencias de laboratorios y autoridades sanitarias.
“La peor tragedia farmacéutica en la historia argentina”.
Así califican especialistas el caso del fentanilo contaminado, vinculado sospechosamente a la muerte de cerca de un centenar de personas y que evidencia graves falencias en la producción, distribución y fiscalización de medicamentos.
El suceso, que sacude al sistema de salud, a la Justicia y a la política argentina, abrió un debate profundo sobre la responsabilidad de los laboratorios y las fallas en la trazabilidad de los medicamentos.
Mientras familiares, médicos y autoridades judiciales buscan respuestas, el país observa con impotencia e incredulidad cómo un medicamento de uso clínico se transformó en un peligro letal.
¿Qué es el fentanilo?
El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia, usado principalmente como analgésico en cirugías y para tratar el dolor intenso. Su efecto es hasta 100 veces más fuerte que el de la morfina, lo que lo hace eficaz, pero extremadamente riesgoso si se administra incorrectamente o se contamina.
Además de su uso en hospitales, el fentanilo ha estado en el centro de crisis de salud pública en varios países por su potencia y riesgo de sobredosis.
Incluso en entornos clínicos controlados, pequeñas variaciones en la dosis pueden resultar letales. Su capacidad de deprimir la respiración hace que cualquier exposición accidental o contaminación pueda tener consecuencias inmediatas y graves.
El disparador
Todo comenzó en abril de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata reportó un brote de infecciones respiratorias graves entre pacientes de terapia intensiva.
Las primeras investigaciones detectaron bacterias “Klebsiella pneumoniae” y “Ralstonia spp” en ampollas de fentanilo suministradas a los internados, patógenos capaces de causar infecciones severas, especialmente en personas inmunodeprimidas o bajo cuidados intensivos.
El 7 de mayo, el hospital reportó oficialmente los casos y al día siguiente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) —el organismo encargado de controlar la calidad y seguridad de medicamentos, alimentos y tecnología médica en el país— emitió una alerta nacional para suspender el uso del lote 31202 de fentanilo fabricado por HLB Pharma, que estaba “en investigación por desvío de calidad”.
Seis días después, la ANMAT prohibió su comercialización y distribución, ordenó el retiro del mercado y suspendió temporalmente la producción en las plantas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA, ambas vinculadas al empresario Ariel García Furfaro.
En un comunicado, HLB Pharma aseguró que su “compromiso con la salud pública ha sido absoluto” y explicó que, apenas tomó conocimiento de lo sucedido, inició un retiro voluntario y se auto-inhibió de producir hasta colaborar con la investigación.
Se estima que la contaminación alcanzó a más de 300.000 ampollas de fentanilo, distribuidas en al menos 118 centros de salud en todo el país. De ese total, unas 45.000 fueron administradas a pacientes, mientras que el resto no llegó a ser utilizado, tras ser incautado o retirado del mercado.
Pericias establecen “nexo concausal” en las muertes
El caso recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, tras una denuncia de la ANMAT. Como parte de la pesquisa, se allanaron las plantas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA y se enviaron muestras del fentanilo afectado a la Universidad Nacional de La Plata para analizar su composición.
Este martes 19 de agosto, un estudio del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema concluyó que en 12 de los pacientes fallecidos tras recibir fentanilo contaminado existe un “nexo concausal” con el medicamento. Esto prueba que el opioide adulterado incidió en la muerte de estas personas.
El mismo informe determinó que, en otros 20 casos, no se hallaron elementos suficientes para establecer un “nexo directo” entre las muertes y las dosis de HLB Pharma administradas en las terapias intensivas. Sin embargo, para la causa resulta clave la certificación de que el fentanilo estaba contaminado y que efectivamente se halló en la sangre de los pacientes.
Tras los primeros informes y la posterior confirmación del Instituto Malbrán —organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación especializado en la investigación y prevención de enfermedades infecciosas—, el juez Kreplak ordenó la detención de Ariel García Furtaro, señalado como dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, junto a otras nueve personas. Entre ellas están sus dos hermanos, su madre —accionista y actual vicepresidenta de HLB— y su abuela, quien figuraba como presidenta del mismo laboratorio.
También fueron arrestados el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio; y el de HLB, José Antonio Maiorano.
“Las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del prestigioso Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto”, consigna un comunicado de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata.
“Hubo fallas en la bioseguridad”
Tras la tragedia, los especialistas buscan explicaciones sobre cómo se contaminaron los lotes. El infectólogo Hugo Pizzi advierte que, aunque la normativa es estricta, en este caso podría no haberse cumplido, lo que aumenta el riesgo de contaminación bacteriana y compromete la seguridad de los productos.
“La bioseguridad tiene una normativa muy estricta, muy compleja y completa. No se trata solo de limpieza: incluye ventilación, temperatura estable, control de las máquinas y protocolos humanos. Muchas veces hay pasos mecánicos y otros dependen del recurso humano. Es muy complejo de seguir, pero cuando todo es estricto se consiguen los resultados que uno pretende”, explica a France 24.
Pizzi agrega que el tiempo de producción también es crítico: “Si uno trabaja con sustancias muy sensibles, como ampollas de medicamentos, no puede extender la producción más allá de ciertas horas porque siempre existe riesgo de contaminación bacteriana”.
Además, el especialista subraya la importancia de la trazabilidad para localizar rápidamente los productos afectados.
“Cuando avisan de los fallecidos, hay que seguir la trazabilidad. Buscar todos los lugares a donde fue vendido el producto, porque no todo va a droguerías: algunas facturas llegan a municipalidades, hospitales universitarios, sanatorios o clínicas privadas, especialmente cuando se compraba directo al laboratorio. Así se puede alertar a cada efector de salud, donde los farmacéuticos controlan y gestionan correctamente los medicamentos”, concluye.
La advertencia ignorada
En 2023, la infectóloga Florencia Prieto, del Sanatorio Garat de Concordia (Entre Ríos), fue una de las primeras en alertar sobre la posible contaminación de ampollas producidas por HLB Pharma. En este caso se trataba de dexametasona.
La investigación reveló que la contaminación afectaba a los medicamentos que recibían pacientes oncológicos con catéteres implantables, lo que implicaba un riesgo directo a la sangre y un tratamiento complicado debido a la vulnerabilidad de los pacientes.
Prieto explica que, al investigar, tuvo que analizar qué sustancias recibían todos los pacientes afectados y concluyó que se trataba de dexametasona de dos marcas distintas. “Se analizaron esas dos marcas y creció en el HLB de Farma. Había dos lotes en circulación. Se analizó y se encontró uno contaminado”, detalla a France 24.
A pesar de la detección, la advertencia de Prieto fue desoída por las autoridades.
“Llenamos el formulario y se evaluó todo el lote restante. La respuesta la tuvimos el 20 de octubre de 2023. La respuesta no estaba dirigida a nosotros directamente, sino que se derivaba de un sector a otro del organismo, y parecía que la persona que respondía no tenía conocimiento de la tecnología”, asegura.
El episodio afectó a seis pacientes entre julio y agosto de 2023. “Ninguno murió, pero debieron ser internados, recibieron tratamiento antibiótico y, en algunos casos, fueron sometidos a cirugías”, relató Prieto. La infectóloga resaltó la gravedad de este tipo de bacterias en pacientes oncológicos, ya que “su sistema de defensa está más bajo y a su vez la tenían en un catéter, que va directo a la sangre”.
Prieto también reflexiona sobre la vigilancia farmacológica: “Todos los medicamentos que salen al mercado están bajo un sistema de farmacovigilancia continua. Lo correcto es que cuando uno reporte, notifique, se actúe como corresponde. Y lo que yo siento es que eso no se hizo”.
“Era como fabricar fentanilo en una carnicería”
Uno de los casi 300 empleados despedidos tras la clausura de Laboratorios Ramallo denunció condiciones laborales precarias y negligencia en la planta.
“Nadie sabía qué estaba haciendo. Era como fabricar fentanilo en una carnicería”, relató bajo anonimato al medio 'TN'. Según su testimonio, la planta operaba sin controles ni medidas de seguridad, y la maquinaria no contaba con habilitación.
“Trabajábamos en ropa interior porque las máquinas largaban un calor insoportable y no había refrigeración. No nos daban ni ropa de recambio, estábamos mojados todo el tiempo. El agua que usábamos era de la canilla, sin tratamiento. En los sueros aparecían partículas de vidrio, de plástico, de óxido. Era un desastre total”, detalló.
Por su parte, una exempleada de HLB Pharma denunció connivencia con la ANMAT. Según afirmó, la entidad avisaba a García Furfaro cuándo se realizarían las inspecciones.
“Nosotros sabíamos con anticipación qué lotes se iban a auditar, así que los acomodaban y preparaban los papeles”, declaró a 'Radio Rivadavia', también bajo condición de anonimato.
Una tragedia politizada
Desde el gobierno del presidente Javier Milei acusan a Ariel García Furfaro de mantener vínculos con el kirchnerismo.
“Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder”, afirma un comunicado de la Vocería Presidencial.
El Gobierno sostiene además que el laboratorio no era inspeccionado por ANMAT desde febrero de 2020 y que con la llegada del actual ministro de Salud, Mario Lugones, en septiembre de 2024, comenzaron los controles.
Mientras tanto, el juez Kreplak pidió al Gobierno que, por respeto a las víctimas, se abstenga de hacer comentarios que puedan interferir con la investigación y evite politizar la tragedia.
Por su parte, el kirchnerismo responsabiliza al oficialismo libertario por falta de controles estatales, producto del fuerte ajuste y la desregulación que impulsa la Casa Rosada desde la llegada de Milei al poder.
En este contexto, la oposición presentó tres proyectos en Diputados y solicitó al Ejecutivo un pedido de informes, mientras que el bloque libertario aún no se pronuncia al respecto.
La tragedia del fentanilo contaminado en Argentina deja al descubierto no solo fallas graves en la producción y fiscalización de medicamentos, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sanitario y la trazabilidad de los fármacos.
Mientras la Justicia continúa la investigación y se esperan nuevos resultados periciales, el país enfrenta una reflexión crítica sobre cómo prevenir que errores de esta magnitud vuelvan a poner en riesgo la vida de los pacientes y la confianza en el sistema de salud.
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