La Administración elegida en las urnas por los electores este 17 de agosto se chocará con un abanico de asuntos que preocupan a los bolivianos, con la crisis económica y el descontento social como punta del iceberg. Sin embargo, se vislumbran otros asuntos como la gobernabilidad en un escenario altamente fragmentado y en medio de un creciente descontento. Hablamos con analistas.
Meses de confrontación electoral, especialmente entre los principales actores del Movimiento al Socialismo (MAS), se habrán terminado en cuanto asuma un nuevo cuerpo de gobierno. Sin embargo, la Administración de Luis Arce dejará un legado complejo de afrontar, con escenarios turbulentos con los que deberán lidiar las nuevas autoridades.
En este aspecto, se espera que la tensión política se decante en la necesidad de buscar consensos en un escenario abiertamente fragmentado. No solo en el aspecto de gobierno, sino también con los líderes de comunidades o agrupaciones con poder de movilización e intereses en asuntos a tratar, como –por ejemplo- la minería.
El descontento social será un ancla a levar con precisión de cirujano: en medio de una crisis económica aguda, con probables ajustes en el horizonte, el desempleo, el bienestar social y los Derechos Humanos serán otras urgencias que requerirán atención por parte de los nuevos líderes, según los expertos consultados por France 24.
Una crisis económica aguda
El país del altiplano padece una profunda crisis en el ámbito económio uego de una sostenida época de bonanza. La carencia de combustible y la falta de liquidez y reservas son algunas de las aristas que conforman la coyuntura.
“Cualquiera que sea el gobierno, este tendrá que enfrentar de manera inmediata varios aspectos: primero, la provisión de combustibles; también la posibilidad de contar con dólares para quienes trabajan con el mercado internacional; y lo otro, que está como posibilidad y como amenaza, es encarar la negociación sobre el litio”, enumera María Teresa Zegada Claure, socióloga, politóloga y doctora en Ciencias Sociales en diálogo con France 24.
Sobre el último tema, la analista tilda al litio como “la apuesta al futuro, auspiciosa”. No obstante, recalca que la política al respecto “dependerá de cómo el futuro presidente ordene” las fichas en el asunto.
Sobre las dificultades económicas, Vivian Schwarz Blum, socióloga e investigadora asociada de Ciudadanía, una asociación de estudios sociales y acción pública, afirma que será necesario “un paquete de políticas para combatir la crisis que tenga, al menos, medidas de emergencia de corto plazo”.
Dentro de los puntos que componen una salida inicial de urgencia, Schwarz Blum resalta que se debe solucionar la falta de capital “que permita a los importadores y exportadores retomar sus actividades”.
Sin embargo, aclara, no se refiere a continuar la toma de deuda por parte de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, necesariamente. Pero sí encontrar formas para fortalecer las exportaciones.
Zegada Claure retoma este punto recordando que –durante la campaña- las propuestas hablaron de resoluciones a mediano y largo plazo con créditos internacionales. “Las propuestas parecen ser viables, pero tienen un costo social alto”, advirtió.
Más allá de los planes futuros que pueda tener e implementar el nuevo gobierno, la analista remarca que deben surgir soluciones rápidas a problemas urgentes, como la ausencia de diésel que “inmoviliza el aparato productivo y las actividades económicas de la gente”.
“Hay medidas que van a tener que sentirse en lo inmediato para que la población dé, digamos, el beneficio de la duda hacia adelante. Una señal que muestre que esto puede ir hacia mejor”
Con una tercera mirada, Erika Brockmann, politóloga y excongresista, es tajante al aseverar que no habrá una salida pronta a la crisis económica sin un acuerdo político a gran escala, “que genere certidumbre y sea la plataforma para adoptar las decisiones políticas que haya que tomar”.
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Como aspecto alentador, sostiene que hay una “disponibilidad social para recibir medidas duras” aunque no está claro cuánta tolerancia haya para sostenerla en el tiempo.
Con vistas a largo plazo, Schwarz Blum también recalca que se debe forjar un nuevo pacto fiscal y encontrar una solución a las actividades económicas informales: “Un país con al menos el 75% en el mercado informal no puede sobrevivir (…) Necesitamos que esa relación entre Estado y ciudadanía cambie de una práctica de garrote a una de incentivos”, afirma.
La gobernabilidad, un desafío mayor
El panorama de gobernanza apunta a que será fragmentado, tanto en lo referido a los hemiciclos, como a las organizaciones sociales con alta capacidad de movilización. Por ello, otro de los desafíos de las nuevas autoridades estará en tender puentes para formar consensos.
Para Zegada Claure, el éxito del nuevo gobierno y las medidas que intente aplicar dependerá de la fortaleza para gobernar.
En este sentido, hay dos “condiciones mínimas” sobre los que deberá trabajar la Administración entrante en una sociedad muy politizada. Primero, una alianza con otros partidos porque, "probablemente, no haya una mayoría absoluta parlamentaria".
Segundo, más difícil según la analista, “establecer acuerdos de gobernabilidad con sectores sociales con capacidad de poder”. Es decir, los que serán afectados y pueden levantar una resistencia social.
En la óptica de Brockmann, es menester tener un “gobierno de coalición” y un acuerdo a gran escala que genere una mayoría “al estilo de los sistemas parlamentarios que sostenga todo el andamiaje de las decisiones políticas”.
La excongresista profundiza que la gobernabilidad en Bolivia no se sostiene solamente en el Parlamento, sino también con “la gobernanza en las calles” con “puentes de diálogo, escenarios de mitigación de las protestas que pueden generar inestabilidad”.
Independientemente del ámbito parlamentario, hay un foco en que –tarde o temprano- el nuevo gobierno deberá poner el foco: el reordenamiento de los órganos institucionales y la independencia de los poderes.
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Schwartz Blum puntualiza que se debe “reequilibrar la distancia entre el Ejecutivo y el Legislativo (…) Es una tarea gigante”, agrega.
Para Brockmann, la reforma judicial también es uno de los objetivos que debería tener la nueva administración boliviana.
“El sistema judicial, integralmente con toda su cadena de servicios que va más allá de las instituciones, es un tema clave. Hoy tenemos un Tribunal Constitucional que se ha convertido en una herramienta de gobernanza dominado por el Gobierno”, apunta.
Creciente descontento y desigualdad social
La ciudadanía boliviana, especialmente la clase media, actualmente transita un momento delicado, con una suba del desempleo y un incremento del costo de vida.
Las consecuencias de las medidas en búsqueda de la salida de la crisis económica, dice la politóloga Zegada Claure, recaerán sobre las clases de menores recursos. “Las medidas de ajuste siempre caen sobre los sectores más empobrecidos”, dice.
La pérdida de calidad de vida de la clase media, que se había ensanchado años atrás, es otro punto a atender, apunta la excongresista Brockmann y responsabiliza a la profunda polarización que transitó Bolivia como uno de los factores que desarmaron “el tejido social”.
“Estos grupos sociales quizás estén menos organizados que en el pasado porque ya no son corporativos. El MAS estaba sostenido en organizaciones sociales que se burocratizaron y tuvieron intercambios clientelares. Con la implosión del MAS, todo el tejido que sostenía el partido hegemónico, está pasando por una crisis profunda, no solo ideológica, sino también de adhesión, fidelización y esto ha afectado a la sociedad boliviana”, explayó.
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Referido a la polarización, alerta que, si persiste, Bolivia pasará “de un péndulo a otro y no va a poder asimilar los avances acumulativos que se tuvieron en los últimos ciclos de la democracia”.
Tras superar la incertidumbre política, la situación no variará, dice Schwarz Blum. “A pesar de unos pocos rumores maliciosos, la celebración de elecciones no estaba en riesgo”, asegura. Empero, advierte sobre la desconfianza que existe hacia el Tribunal Electoral tras lo sucedido en 2019.
“Personalmente, considero que el TSE tiene la capacidad de conducir elecciones limpias y transparentes”, sostiene la socióloga.
En contrapunto, Zegada Claure sí cree que el trámite electoral llevará calma en el seno social. “Normalmente cuando hay una situación crítica, la gente sale a las calles. Es su recurso de protesta, con bloqueos, marchas, manifestaciones muy visibles. Y en las últimas semanas, hay una suerte de apaciguamiento de la población a pesar de que la situación no está mejor”, explica.
“Hay una apuesta y una expectativa muy grande en que la política va a dar soluciones a la economía. La apuesta es esperar a ver qué va a suceder. Eso hace que sea doblemente desafiante para el próximo gobernante el cumplir con las ofertas que pregonan”, añade.
En contrapartida, la doctora de Ciencias Sociales remarca que la época de bonanza económica –que llevó a los indicadores a arrojar muy buenos resultados entre 2008 y 2016- decayó y generó cuestionamientos de la población a la administración de gobierno.
Por otro lado, cree Schwartz Blum, que habrá una tarea profunda y a largo plazo, que es la reconciliación social después de que la polarización y el uso de discursos de odio hayan permeado el debate social.
Brockmann también enfatiza que hay “pactos irresueltos” dejados por el último gobierno del MAS, como “la discriminación al pacto intercultural que no han cumplido y que exacerbaron la discriminación, el racismo”.
Dentro del bienestar social también aparece una recuperación de los Derechos Humanos, un aspecto que ha sufrido un deterioro durante el último ciclo de gobierno. A la par ha estado la violencia contra las mujeres, siendo Bolivia uno de los países con las tasas más altas de América Latina.
Los DD. HH. están “sistemáticamente vulnerados” en el país, según palabras de la socióloga Schwartz Blum. “El Estado boliviano tiene activas numerosas demandas en cortes internacionales y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulneración de derechos de personas en las cárceles por violencia; por vulneración de derechos de grupos y territorios indígenas. Hasta por tortura”, detalla.
Además, recalca que la postura del último gobierno en la materia fue de ausencia, prefiriendo “litigar que trabajar en medidas que fortalezcan las protecciones de DD. HH. en el país”.
Lucha contra la corrupción y transparencia
El entrelazamiento de los poderes fundamentales de Bolivia, sumado a la desconfianza que existe por parte de la ciudadanía, forman un combo complejo que derivó en la corrupción, un problema que –dice la socióloga Schwarz Blum- el país no ha podido manejar “por lo menos desde fines del siglo XX”, achicando las posibilidades de implementar normas, controles y evaluaciones.
“Lo que ha hecho de la corrupción un problema más inmanejable en este momento y para el siguiente gobierno es el debilitamiento de la estructura institucional del Estado boliviano”, afirma.
Para Brockmann, la transparencia también es un aspecto a mejorar. Para ella, el país debe retomar la senda de la época donde implementó la Ley de Información Pública. Sin embargo, los últimos gobiernos del MAS la han postergado.
“Nunca hubo una ley de acceso a la información pública que tienen casi todos los países hoy en día en América Latina, pese a ser el país que inicialmente lanzó la propuesta en el año 2000. Ese es un tema que tiene que ver con la lucha contra la corrupción”, agrega.
Existe “la sensación en la gente de que esta mala administración económica, social, se debe a una apropiación indebida de los recursos del Estado”, amplía Zegada Claure.
“Hay una expectativa de resolver de alguna manera esta problemática”, suma.
Medio ambiente, incendios y minería
Bolivia ha transitado meses difíciles, con focos de incendios e inundaciones por igual, un fenómeno que ha sido constante en los últimos años. El medio ambiente también aparece como uno de los puntos urgentes a afrontar en la medida de lo posible.
“El gobierno del MAS se negó a derogar un par de leyes que permiten y absuelve de responsabilidad a los ‘chaqueadores’, que son personas que hacen quemas controladas para preparar la tierra para cultivar”, explicó Schwarz Blum.
Como resultado de estos incendios provocados, miles de hectáreas se han consumido, fueron desplazadas comunidades indígenas y parte de la fauna silvestre se vio afectada.
Sin embargo, las consecuencias de los efectos climáticos y los incendios no son el único factor que pone en riesgo el cuidado ambiental. La minería emerge como un espacio caliente en la política boliviana, con actores involucrados e intereses gubernamentales como, por ejemplo, la extracción del litio, el gran aporte que está trazado en el futuro de Bolivia.
Las repercusiones de la minería consentida y también de la ilegal será un punto a resolver. “El discurso nacional es ‘pachamamista’, pero el modelo económico es extractivista, ineficiente y corrupto”, apunta Schwarz Blum.
Dentro de este sistema resalta la connivencia entre las cooperativas mineras y las autoridades del gobierno, que resultan en impuestos simbólicos para extraer minerales.
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